La búsqueda de la igualdad de género, tanto en el ámbito privado como público, es una batalla universal que, a pesar de llevar cientos de años librándose, todavía tiene un largo camino por recorrer y en México no es la excepción.
El gran reto al que se enfrentan los partidos políticos y las instituciones encargadas de velar los comicios del 2018 a lo largo y ancho del país, es garantizar lo que ahora se conoce como paridad de género en el ámbito político-electoral.
En febrero de 2014 se llevó a cabo la última reforma electoral, en donde se decretaron una serie de leyes que garantizan la paridad entre los géneros, obligando a los partidos políticos a que el 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores federales y locales sean ocupadas por mujeres.
Pese a la nueva legislación, la reforma político electoral no incluyó la paridad de género a la hora de contender por los municipios, lo que provocó una serie de inconformidades que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó por resolver sentando jurisprudencia para que también aplicaran las nuevas medidas a la hora de competir por las alcaldías.
Esto no dejó normas claras que garanticen a las mujeres una competencia igualitaria a la hora de contender por puestos importantes, una falta de regulación que incluso viola Tratados Internacionales firmados por México como el de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CEDAW, por sus siglas en inglés.
Aunada a esta problemática, otro gran obstáculo al que se enfrentan los partidos y sus candidatos que quieran contender por un puesto de elección popular es la reelección, ya que por primera vez los alcaldes de los distintos municipios del país contarán con esta opción.
Esto quiere decir que varios alcaldes verán truncado su deseo de poder reelegirse a su puesto, ya que podrían ser frenados por sus propios partidos ante la necesidad de cumplir con sus obligaciones de paridad de género.
Es importante aclarar que pese a que la paridad de género se encuentra reglamentada en la Constitución Federal, cada estado cuenta con sus propias normas para regular y garantizar el derecho a la igualdad de género en el ámbito político electoral.
Un ejemplo claro de las problemáticas que esto puede acarrear es el estado de Nuevo León, donde el Congreso se ha visto reacio a aplicar la paridad de género en los comicios para elegir a los nuevos presidentes municipales.
Por ese motivo, la consejera de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Miriam Hinojosa Dieck, aseguró que el principal reto para ese estado rumbo a los comicios de 2018, es recuperar la confianza en el compromiso que tienen las instituciones locales para garantizar que las mujeres puedan postularse a cargos políticos de igual importancia que los hombres.
A diferencia de Nuevo León, Tamaulipas ha presentado avances significativos en el tema de paridad de género, donde la consejera del Instituto Electoral Estatal, Nohemí Argüello Sosa, dijo que en su estado están comprometidos a seguir implementando y respetando la paridad de género vertical y horizontal a pesar de que ésta última no estaba contemplada en la legislación estatal.
Entre los que aprobaron las modificaciones están Guerrero, Jalisco, Querétaro, Morelos, Chiapas, Tabasco, Puebla y Guanajuato
Estados adaptan leyes locales
Estos nuevos lineamientos han dado sus frutos, pues en 2013 había sólo 7 presidentas municipales, un número que aumentó a más del doble después del proceso electoral 2015-2016 donde resultaron electas 17 mujeres alcaldesas.
Yucatán es otro de los estados que ha defendido la igualdad de género en todos los niveles. En marzo pasado se aprobó en el Congreso una reforma para que la regla de la paridad de género llegue también a los municipios del estado en la próxima elección de 2018.
Con esto los partidos políticos se verán obligados a repartir equitativamente las candidaturas para diputados y para las presidencias municipales de los 106 ayuntamientos que conforman Yucatán.
En junio pasado el Congreso de Jalisco tomó la resolución que obligará a los partidos políticos a postular a 63 mujeres y 62 hombres, o viceversa, como candidatos a los 125 ayuntamientos que conforman el estado.
En Quintana Roo nada más hicieron la finta cuando se buscó que el Congreso local reformara la Constitución para obligar a los partidos a cumplir con la paridad de género en el terreno municipal, pues a pesar de que se pasó la reforma para su análisis, ésta sigue en la congeladora legislativa desde diciembre de 2016.
De los estados que estarán eligiendo alcaldes son únicamente tres los que no modificaron las leyes locales que obligarían a los partidos a respetar la paridad de género horizontal a la hora de presentar a sus candidatos: Nuevo León, Estado de México y Sonora.
A diferencia de ellos, en: Guerrero, Jalisco, Querétaro, Morelos, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Puebla, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Oaxaca ya se aprobaron las modificaciones en los Congresos locales para garantizar que el 50 por ciento de los candidatos que contiendan por las alcaldías sean mujeres.
Esto no significa que en todos los estados donde se realizaron los cambios existan las regulaciones que, más allá de obligar a los partidos a cumplir con la paridad horizontal, garanticen que a las mujeres se les darán puestos de poder en igualdad que a los hombres.
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