Uno de cada diez notarios públicos de Jalisco, involucrado en corrupción

Durante la actual administración estatal, el Gobierno de Jalisco ha detectado actos de corrupción en una décima parte de las notarías públicas en el estado, por lo que ha emprendido procedimientos jurídicos para la remoción definitiva de sus titulares, de acuerdo con información difundida por las propias autoridades.

De acuerdo con el Congreso local, Jalisco cuenta con 322 notarías. En 41 de estas instancias; es decir, en una de cada 10, el gobierno estatal detectó anomalías serias.

La última revocación de uno de estos nombramientos por hechos de corrupción se dio apenas el pasado 9 de febrero, cuando las autoridades comunicaron: “Luego de resolver un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Notarial, el Gobierno de Jalisco revocó de manera definitiva el nombramiento así como su inhabilitación al notario número 126 del municipio de Guadalajara, Álvaro Guzmán Merino“.

La “revocación del nombramiento como notario público y su inhabilitación definitiva para desempeñar dicho cargo”, precisaron las autoridades, fue el resultado de diversas quejas que se presentaron en contra de Guzmán Merino ante la instancia correspondiente, la cual, “tras analizar el caso inició el procedimiento en su contra, resolviéndose que Guzmán Merino había incurrido reincidentemente en conductas infractoras graves señaladas en el artículo 152 fracciones IV, VII, VIII y X de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco“.

De acuerdo con las investigaciones que ha desarrollado el gobierno estatal, hasta ahora se ha determinado que son 41 los notarios públicos que han incurrido en irregularidades y corruptelas, y por lo cual no son aptos para ejercer esa función; sin embargo, solo una decena de ellos ya perdieron su nombramiento, mientras que el resto ha promovido recursos legales para aplazar la llegada de su castigo.

“En lo que va de la presente administración con esta resolución se ha suspendido a diez notarios de manera definitiva, mientras que 31 casos más se encuentran  en espera de que se resuelvan, luego de medios de impugnación interpuestos ante el órgano jurisdiccional federal. El Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso ante la ciudadanía de actuar en contra de cualquier fedatario público que actúe al margen de la ley y en perjuicio de la sociedad jalisciense”.

Tan solo en el caso de Guzmán Merino la autoridad expuso que tenía vigentes 52 procedimientos de responsabilidad notarial instaurados en su contra, precisamente por el cúmulo de denuncias que se habían interpuesto por ciudadanos que resultaron afectados por el “ejercicio indebido de sus funciones“.

El 12 de enero de 2024, cuando fueron nombrados 18 nuevos notarios en el estado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez abordó la corrupción que se ha encontrado en el ejercicio notarial, y aseveró:

“No puede haber tolerancia en ese sentido, tiene que actuarse con firmeza, porque cuando sabes que suceden cosas indebidas y no se actúa con determinación, se vuelve uno cómplice por omisión, y por eso con el Colegio de Notarios establecimos esa ruta de cero tolerancia a la corrupción, y al incumplimiento de la responsabilidad que tienen las y los notarios de Jalisco”.

Pendiente, la reforma para erradicar el compadrazgo

El 19 de enero de 2022, los senadores Olga Sánchez Cordero Dávila y Ricardo Monreal Ávila presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de homologar en todo el país los procesos de selección de los notarios públicos.

El objetivo último, se explica en el documento, es garantizar que las personas que obtengan un nombramiento como notario público estén “bien preparadas” y sean “honorables”, lo que dejaría atrás finalmente la tendencia de otorgar estas designaciones con base en compadrazgos y cuotas políticas.

La reforma serviría para: “Unificar los principios y bases a nivel nacional para el acceso a la función notarial, teniendo como criterio principal para la selección la preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes. Estableciendo como único medio el examen de oposición, con la intervención del gobierno de la entidad, de los colegios notariales de cada entidad y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano”.

Y así también: “Garantizar la debida profesionalización del notariado y, con base en lo anterior, la plena seguridad de los usuarios del servicio mediante el otorgamiento de la patente (…) a aquella persona que demuestre, ante un sínodo imparcial, conocedor del derecho y de la función notarial, ser la más capacitada para el ejercicio de la función notarial”.

La reforma, sostiene la senadora, permitiría que la función notarial quede en manos de profesionales del derecho, para que actúen bajo los principios de legalidad, profesionalismo, responsabilidad, independencia, buena fe, ética y seguridad jurídica; no obstante, hasta ahora su aprobación sigue “pendiente”, según informa el Senado.

Escándalo en el Colegio de Notarios: así se defendió el notario Sánchez González

Un caso grave de corrupción en el Colegio de Notarios de Jalisco ha sido el que expuso María Guadalupe Sánchez González, quien ha probado ante instancias judiciales que el examen que hizo en junio de 2018 para obtener uno de esos nombramientos fue procesado con irregularidades.

Sánchez González sospechó desde un inicio que el puntaje que obtuvo de 60 era resultado de una evaluación defectuosa pero deliberada para dejarlo fuera –se requerían al menos 80 puntos-, y cuando finalmente obtuvo –mediante un proceso judicial- el examen original para verificarlo constató que tenía hojas faltantes.

Ante tales anomalías, en julio de 2023 se difundió que Sánchez González había ganado un juicio de amparo que le permitiría volver a tomar el examen; sin embargo, su lucha jurídica continúa, pues el Colegio de Notarios le sigue imponiendo nuevos obstáculos: por ejemplo, cuando le repuso la evaluación, en cumplimiento de la sentencia, le modificó los reactivos y le otorgó un tiempo para responderlos que se consideró “muy reducido”.