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La participación de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el programa federal México Conectado, le permitió a su cúpula política crear una nueva nómina paralela de casi 100 personas, donde se dio cabida incluso a familiares del rector general, Tonatiuh Bravo Padilla.
La UdeG mantiene en total opacidad los recursos públicos que ha recibido por su función como Instancia Coordinadora Nacional de México Conectado, así como la totalidad de los convenios que ha suscrito con instituciones públicas y privadas: todo reservado y fuera del escrutinio ciudadano.
Sin embargo, sí reporta la creación de esta nómina de 96 personas cuyos sueldos mensuales representan una erogación de 2 millones 534 mil 365 pesos, aunque igualmente se negó a informar si estos recursos salieron del presupuesto universitario o de otros fondos.
Las seis personas con los salarios más altos son: Clara Escalante Hernández, con 61 mil 229 pesos, en Convocatorias y Anexo Técnico; y cuatro más con un salario de 61 mil 214 pesos: Alejandro Alatorre Flores, Doris Ibel Gutiérrez Félix y Edgar Miguel Jiménez Govea, estos tres en la Secretaría Técnica, y Alexandro Pérez Nava, en Análisis Estadístico y Económico.
Seguidos por Logan Candia Rivera, con 60 mil 751 pesos, en Desarrollo de Tecnologías de la Información; María de Lourdes Feria Basurto con 58 mil 606 pesos en la Secretaría Técnica; Alejandra Margarita Velasco González, con 57 mil 321 pesos en Inteligencia y Validación de Información; Carlos Alberto Franco Reboreda, con 56 mil 796 pesos en Gestión Documental y Entregables; y Luis Alejandro León Dávila, con 54 mil 969 pesos en la Coordinación General Operativa.
Pero resaltan los casos de Teotl Quetzalcóatl Macías Bravo con 14 mil 729 pesos y Axayácatl I. Bravo del Río, con 12 mil 758 pesos, ambos en áreas administrativas, y que se presume son sobrinos del rector de la UdeG Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
El 11 de noviembre de 2013 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como cabeza de este programa que busca llevar Internet de banda ancha a 250 mil sitios del país, firmó el convenio con la UdeG para designarla Instancia Coordinadora Nacional, cuya directora es Carmen Rodríguez Armenta, la coordinadora general administrativa de UdeG.
Aunque no todos estos contratos de personal tienen los mismos periodos de vigencia, en su gran mayoría corresponden de enero a junio de 2016.
México opaco
Uno de los objetivos que dice tener el programa México Conectado es democratizar el acceso al internet de banda ancha, justamente para fortalecer la transparencia gubernamental y el modelo de Gobierno Abierto, es paradójico, por ello, que la UdeG mantenga en opacidad todo lo referente al mismo.
La instancia que determinó la reserva de la información fue de la Coordinación General Administrativa de la UdeG, que encabeza Rodríguez Armenta, además responsable de la participación de la universidad en el programa.
En el oficio CGADM/3375/2016 que Rodríguez Armenta remite a la Unidad de Transparencia reconoce la existencia de estos documentos: CGADM/CC-0207/2015. Contrato abierto de prestación de “Servicios para la realización de las actividades de la instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado”.
También del CGADM/CC-PMXC-2360/2015. Contrato abierto de prestación de “Servicios complementarios de la instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado”.
Y del CGADM/CC-PMXC-0339/2016. Convenio modificatorio al contrato de prestación de “Servicios para la realización de las actividades de la Instancia Coordinadora Nacional del Programa México
Conectado. Segunda Etapa”.
Sin embargo, también indica “que los siguientes contratos o convenios están catalogados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 2058 e-México, como información reservada en su totalidad por un periodo de 12 años”.
Con esta misma reserva la UdeG se niega a transparentar también los recursos que ha recibido por este proyecto, las instancias que se los han otorgado, la fecha y monto de cada ingreso, y los servicios otorgados por los mismos.
Rodríguez Armenta es también quien representó el 29 de enero al rector en la Junta de Gobierno de los Hospitales Civiles, órgano bajo control de UdeG, cuando ese ente exigió al Seguro Popular que le permitiera seguirle facturando con el sobrecosto del tabulador variable, como se publicó en “Facturación anómala en el Hospital Civil”, el 10 de agosto.
El mando
La Coordinación de Transparencia y Archivo General de la UdeG, a cargo de César Omar Avilés González, dio por buena la reserva de la información sobre México Conectado que determinó Rodríguez Armenta, sin antes haberla analizado en su legalidad dentro del Comité de Clasificación de la casa de estudios.
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ha dejado antecedentes en casos similares en los que ha resuelto que este actuar no se ajusta a derecho, pues un sujeto obligado no puede negar información con la reserva de un sujeto obligado distinto.
Es lo que pasó con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), que en 2014 se resistía a transparentar la Manifestación de Impacto Ambiental de la Línea 3 del Tren, usando la reserva del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur).
Esto terminó siendo rechazado por el ITEI que la obligó a emitir su propia determinación al respecto.
El reino universitario
El manejo patrimonialista de la UdeG y sus recursos están lejos de ser un hecho novedoso, antes bien, es uno de los rasgos persistentes del control que mantiene sobre ella el grupo político del ex rector Raúl Padilla López desde 1989.
Ahora es la inclusión de los sobrinos del rector en el programa México Conectado, pero antes fue el financiamiento de becas para estudiar en el extranjero para otro de sus sobrinos (Cuauhtlehuanitl Hunahpu Bravo del Río) y el hijo del ex rector Padilla López (Raúl Padilla Padilla).
O como se documentó aquí, para integrantes del círculo inmediato del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz; también se ha dado cuenta del otorgamiento de un doble sueldo para privilegiados en la UdeG que aumenta a discreción sus ingresos, con una parte mínima registrada en nómina, y una mayor pagada por honorarios de hasta 80 mil pesos.
Todo bajo una pobre fiscalización interna por una Contraloría sin autonomía alguna.
El grupo político de Padilla López que domina a la UdeG tiene hoy en sus manos el poder sobre una plantilla de casi 34 mil servidores públicos, y un gigantesco presupuesto de 17 mil 610 millones de pesos (MDP).
Tan solo la UdeG reportó en el 2015 una plantilla académica de 18 mil 619 integrantes, y otra administrativa de 8 mil 173 trabajadores, a esto se añaden los 6 mil 872 servidores públicos del organismo de los Hospitales Civiles también bajo su ascendencia.
En términos presupuestales la UdeG reportó en 2016 una bolsa de 12 mil 976 millones 217 mil 592 pesos, y el organismo de los Hospitales Civiles cerró el 2015 con ingresos por 4 mil 634 millones 414 mil pesos.
Esto sin contar el poderoso brazo financiero en que se ha convertido el fideicomiso del Centro Cultural Universitario, que también preside el ex rector, con más de mil 850 MDP erogados.
