A la magistrada se le señala responsable de mantener en prisión a un matrimonio de nacionalidad venezolana que denunció civil y penalmente al Colegio Westhill, que dirige su marido José María Riobóo
“Ella permitió que más de medio centenar de demandas presentadas por vecinos fueran concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular, pues las demandas debieron ser conocidas, de acuerdo con el sistema de turnos, por distintos magistrados”
Más de 50 vecinos de la Ciudad de México solicitaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) negar la ratificación por seis años más de Yazmín Esquivel Mossa como magistrada del Tribunal Contencioso y Administrativo (TCA).
Los argumentos vecinales son bastos, exponen por ejemplo, la vez que como presidenta del Tribunal de los Contencioso Administrativo del DF, Yazmín frenó un juicio de nulidad contra la construcción de la Supervía Poniente, obra en la que participó su esposo, José María Riobóo, el proyectista de los segundos pisos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“La actuación de la magistrada Esquivel ha estado marcada por un posible conflicto de interés dado que su esposo es socio de una importante constructora que ha participado en diversas obras públicas cuyos litigios se han ventilado en el Tribunal Contencioso del que ella forma parte, como fue el caso de la llamada Supervía”, abundan los inconformes.
Razón por la cual, los ciudadanos y organizaciones firmantes de la carta entregada a la ALDF expresan su negativa a la continuidad de la funcionaria.
“Demandamos que Yazmín Esquivel Mossa no sea ratificada como magistrada por la Asamblea Legislativa cuando concluya el periodo para el cual fue nombrada, pues representaría un agravio para la ciudadanía y una declaración de que la justicia administrativa en la Ciudad de México continuaría relegada y en buena medida, inexistente”, argumentan.
Pero no sólo eso, a la magistrada se le responsabiliza de mantener en prisión a un matrimonio de nacionalidad venezolana que denunció civil y penalmente al Colegio Westhill, que dirige y que señalan es propiedad de su marido José María Riobóo.
De acuerdo con la denuncia pública del caso, la pareja ha obtenido dos amparos federales de los tribunales.
Sin embargo debido a las influencias de la magistrada Yazmín Esquivel, los venezolanos detenidos en diciembre del 2014 en el Centro Comercial Interlomas siguen en la cárcel, mientras que sus tres hijos son cuidados por su abuela paterna.
La pareja conformada por Antonio Urbina y Coral Rojas tiene ocho meses en prisión como represalia a la demanda penal que promovieron contra la escuela, sin embargo, fueron contrademandados penalmente por el Colegio Westhill.
Las firmas contra la ratificación
Acorralados y en busca de frenar la ratificación de Yazmín Esquivel los ciudadanos han buscado apoyo en la fracción parlamentaria de Morena en la Asamblea Legislativa.
Pero la votación ocurrirá en la actual Legislatura, lo que deja fuera de la decisión a los morenistas.
Los firmantes de la embestida contra la magistrada y contra el jefe de Gobierno mismo, a quien acusan de candidatear y apoyar la ratificación de Yazmín, dan la cara.
En la carta aparecen listados los nombres de quienes solicitan la no ratificación de la funcionaria.
De la delegación Cuauhtémoc aparecen 20 firmantes, por la delegación Coyoacán hay 22 demandantes, y de la Benito Juárez, 3.
Si se les indaga, muchos de estos vecinos están abiertamente detrás de la inconformidad vecinal del Deprimido de Mixcoac, la Supervía y ahora del Corredor Cultural Chapultepec.
Reinciden en su petición
Otro de los temas polémicos en el que los vecinos involucran a la magistrada Yazmín Esquivel es el de los parquímetros en Coyoacán.
“Ella permitió que más de medio centenar de demandas presentadas por vecinos fueran concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular, pues las demandas debieron ser conocidas, de acuerdo con el sistema de turnos, por distintos magistrados.
“No sólo tenemos de referencia los casos de la Supervía Poniente y los Parquímetros, sino casos notables de construcciones ilegales en los cuales el TCA ha estado en contra de los intereses ciudadanos”.
La aversión vecinal contra la magistrada Yazmín no es nueva, desde noviembre del 2013 un grupo de ciudadanos y organizaciones solicitaron al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a la ALDF la remoción de la entonces presidenta del Tribunal.
Pero no sólo le pidieron la removiera del cargo, sino que ordenara una investigación por sus acciones ilegales y de presunta comisión de delitos. Nada pasó.
Con este escenario a cuestas, la ALDF tiene qué decidir en los próximos días si ratifica o no en el cargo a la poderosa mujer que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador está en el ojo del huracán por los vínculos de su esposo.
Los vecinos apelan a la reciente Reforma Constitucional que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se insta al Distrito Federal a realizar las reformas que transformen al Tribunal Contencioso y Administrativo en una verdadera justicia administrativa que resuelva las controversias entre particulares y el Gobierno del Distrito Federal.
A partir de lo cual, el nuevo tribunal de justicia administrativa es obligado a desempeñarse de manera distinta a como lo ha venido haciendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que preside Yazmín Esquivel, que lo ha caracterizado “por ser un Tribunal puesto al servicio del Gobierno”.
