Unas son prioritarias y otras son inútiles
El gobernador Rodrigo Medina tiene mucha tela de donde cortar si realmente pretende reducir el gasto corriente en su administración y bajar el déficit que registran las deterioradas finanzas estatales.
En la administración estatal existe una importante cantidad de dependencias, organismos y fideicomisos que no se justifican.
Y no se justifican porque no son prioritarias, o han presentado pobres resultados desde que se crearon, o porque simplemente duplican funciones.
César Cepeda
El gobernador Rodrigo Medina tiene mucha tela de donde cortar si realmente pretende reducir el gasto corriente en su administración y bajar el déficit que registran las deterioradas finanzas estatales.
En la administración estatal existe una importante cantidad de dependencias, organismos y fideicomisos que no se justifican.
Y no se justifican porque no son prioritarias, o han presentado pobres resultados desde que se crearon, o porque simplemente duplican funciones.
Pero eso sí, cada año estas dependencias estatales demandan recursos públicos y representan una carga financiera.
El martes el gobernador presentó el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas del Estado de Nuevo León, el POFIF, que pretende ahorrar al Estado 3 mil 644 millones el próximo año.
El miércoles en entrevista con Reporte Indigo, Medina también anunció la reconfiguración de su gabinete, la fusión y desaparición de dependencias y organismos estatales.
Las dependencias que serán eliminadas no fueron precisadas por el Ejecutivo estatal, pero en el gobierno hay un amplio margen para reducir el gasto.
En la administración estatal hay secretarías que acaparan la mayor parte del presupuesto estatal, como son la de Educación, la Tesorería, la de Seguridad Pública, la Procuraduría y la de Desarrollo Social.
Los recursos asignados para estas cinco secretarías representa casi el 40 por ciento del presupuesto del Estado, que para el próximo año el Ejecutivo lo ubicó en 61 mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, el gobernador Rodrigo Medina ha aclarado que el recorte presupuestal que contempla llevar a cabo el próximo año no incluirá áreas como seguridad y educación por considerarlas prioritarias.
La Secretaría de Educación, a cargo de José Antonio González Treviño, es la dependencia del gabinete estatal que recibe la partida presupuestal más grande, principalmente para cubrir la nómina del magisterio.
En el 2013 el presupuesto proyectado para esta dependencia asciende a 8 mil 200 millones de pesos, según la iniciativa enviada al Congreso por el ejecutivo estatal.
La Secretaría de Salud, que ejecuta su partida de servicios, es otra de las dependencias que tienen a su disposición la mayor cantidad de recursos de la administración de Nuevo León con un presupuesto superior a los 2 mil millones de pesos.
La maniobrabilidad que tiene Medina es reducida en estas dependencias que llevan a cabo funciones clasificadas como prioritarias, pero donde sí tiene amplio margen son las que no están justificadas.
La mayoría de estos organismos descentralizados, fideicomisos y dependencias estatales que duplican funciones fueron creados durante el sexenio del ex gobernador Natividad González Parás, entre el 2003 y 2009.
Es el caso del Instituto del Agua y el Instituto de la Vivienda, dos entes que generan costos al erario estatal pero las funciones que realizan son similares a las que ejecutan organismos como Agua y Drenaje de Monterrey y Fomerrey.
La Contraloría y Transparencia Gubernamental, a cargo de Jorge Manjarrez, es una de las dependencias centrales que han sido más cuestionadas por no cumplir su trabajo de garantizar la rendición de cuentas y la vigilancia de los recursos públicos.
Para el próximo año esta dependencia tiene una asignación presupuestal de 72 millones de pesos, según el proyecto de Ley de Egresos del 2013.
Está además la Unidad Anticorrupción, creada por Medina en su gestión y que está adscrita a la Contraloría, que el próximo año se gastará 3 millones 500 mil pesos, pero que hasta el momento no ha ofrecido ningún resultado positivo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Minerva Martínez, es otro de los organismos estatales que el Mandatario estatal podría prescindir como parte de su programa de ahorro, sin que esta acción represente una pérdida para el ciudadano.
El próximo año la CEDH ejercerá una partida de 53 millones de pesos, según la propuesta de egresos enviada al Congreso del Estado.
Estos recursos podrían fácilmente canalizarse para un fondo para víctimas de la violencia de Nuevo León, por ejemplo.
Hay dos consejos constituidos en el gobierno que demandan en su conjunto 14 millones de pesos: el Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad y el Consejo Estatal para el Transporte.
El polémico Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyTENL, que constantemente ha sido cuestionado por desvíos de recursos e irregularidades, ejercerá el próximo año 57 millones de pesos, según se detalla en el proyecto de gasto estatal.
En la pasada administración también se crearon fideicomisos como el Fondo Editorial de Nuevo León y el Festival Santa Lucía, que en conjunto manejan un presupuesto de 18 millones de pesos, a pesar de que duplican funciones que realiza Conarte.
La Oficina de Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, a cargo de Adrián del Mazo, implica para Nuevo León destinar 10 millones de pesos al año para mantenerla operando en la Ciudad de México.
Es una de las dependencias estatales no prioritarias y que pueden ser eliminadas para conseguir ahorros en las finanzas estatales.
En la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura operan dos unidades administrativas con funciones no prioritarias: la Unidad de Asuntos Internacionales y la Unidad de Relaciones Públicas Institucionales.
Estos dos entes representan una carga anual de 15 millones de pesos para el erario.
En la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Fernando Gutiérrez, opera un Centro de Colaboración Geoespacial, que exige al año casi 4 millones de pesos.
Está también un Centro de Atención a Migrantes que mantenerlo cuesta 2 millones de pesos al año.
También están los institutos, el de Mujeres y de la Juventud, que generan un gasto para el gobierno de 40 millones de pesos por año.
Y estas son las inútiles
Cifras en millón de pesos
Contraloría y Transparencia Gubernamental
$72
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte)
$57.3
Comisión Estatal de Derechos Humanos
$53
Instituto de la Vivienda de Nuevo León
$33
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología
$39
Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad
$7.2
Fondo Editorial de Nuevo León
$5
Festival Santa Lucía
$12.4
Consejo Estatal del Transporte
$6.3
Coordinación de Ciencia y Tecnología
$4.6
Oficina de Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal
$10.3
Unidad de Asuntos Internacionales
$4
Unidad de Relaciones Públicas Institucionales
$11.7
Unidad Anticorrupción
$3.5
Instituto Estatal de Mujeres
$23
Centro de Atención a Migrantes del Estado de Nuevo León
$2
Centro de Colaboración Geoespacial
$3.4
Instituto Estatal de la Juventud
$18
Promotora de Desarrollo Rural
$15.7