Una semana más de vida para los órganos autónomos

Las incógnitas volvieron a cubrir el destino de siete órganos autónomos que aguardan su posible desaparición. El dictamen de la iniciativa que envió ex professo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero se tenía listado para ser discutido en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer 13 de noviembre, pero fue pospuesto para la próxima semana.

La postergación del debate se debió a que se prevé “una discusión muy larga”, según expresó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados.

Sus palabras significaron una semana más de vida para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Pero, además, el diputado morenista dejó ver que la sentencia de la desaparición aún puede tener algunos cambios.

“No puedo adelantar nada, pero es probable que haya modificaciones (…) en la de la prisión preventiva oficiosa y en el de órganos autónomos es probable que haya modificaciones”.

Hasta ahora, estas instituciones integran un universo paralelo a la administración pública federal con el encargo legal de generar equilibrio en el ejercicio del poder. Su gestación se inició en los noventa del siglo pasado con el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego, surgieron otros. Algunos desaparecieron en gobiernos pasados. Hoy, siete se enfrentan a esa posibilidad.

La historia de su desaparición se inició desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de la República, en diciembre de 2018. En varias “mañaneras”, los órganos autónomos en su conjunto fueron parte de la temática del primer mandatario emanado de una fuerza política de izquierda. Los consideró “onerosos”, “facciosos” y “antipopulares”. Después, en su iniciativa, incluyó a los siete que ahora están por escribir su epílogo.

Un costo muy minúsculo

Los egresos sumados de los siete órganos autónomos por desaparecer por contrataciones públicas en 2024 es de mil 197 millones 923 mil pesos, de acuerdo con una localización de contratos en CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de Reporte Índigo.

La cantidad es apenas el 12.6 por ciento que la Auditoría Superior de la Federación detectó en los ejercicios de 2019 y 2020 en Seguridad Alimentaria Mexicana, la dependencia que en esos años inició funciones con la fusión de Liconsa y Diconsa. Hubo compras públicas falsas o con precios ficticios. El acto de corrupción fue reconocido por el expresidente López Obrador. Dijo que fue “una mancha” en su gobierno.

Si lo que se eroga en proveedores es un espejo de cómo funciona un organismo, en este 2024, cuando la foto final está por tomarse, los órganos autónomos no firmaron contratos mayores de 259 millones de pesos. Los montos mayores, entre los siete, fueron para licenciamientos de herramientas cibernéticas, mantenimiento de edificios, seguridad, y publicaciones editoriales.

De los institutos por desaparecer, el que más gastó en lo que va de 2024 fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones con 997 millones 578 mil 182 pesos. El que menos lo hizo fue el INAI con 4 millones 980 mil 631 pesos.

Aun con la iniciativa en el Congreso que implica su desaparición, el Coneval, IFT, Mejoredu, CRE, Cofece y la CNH hicieron compras a futuro. De 295 contratos, 64 vencerán entre el último día de 2025 y 2027. Y, de acuerdo con la iniciativa, tanto las atribuciones como las asignaciones pendientes pasarán a diferentes dependencias federales; solo la estructura del Coneval sería transferida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La institución que en 2024 más extendió su proyecto fue el IFT. Firmó 64 contratos a futuro, algunos con vigencia hasta 2027. Tiene uno para realizar un estudio cualitativo para identificar los beneficios del uso de telecomunicaciones, otro para el diseño de encuestas, uno más para adquisición de vestuario de sus trabajadores y algunos más.

Como en un juego de paradojas, desde enero de 2021 el expresidente puso como ejemplo a este instituto en su justificación de por qué debían desaparecer algunos órganos autónomos.

“Lo del IFT, por ejemplo, ¿qué?, ¿no puede pertenecer a Comunicaciones?, lo hacía antes Comunicaciones, ¿y qué? El IFT, cuando se creó, de cuando se creó a la fecha, ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones?, porque yo recuerdo que hablaban de que de esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación ¿y hay o no hay?”, expresó en una “mañanera.

La eventual desaparición de estos siete órganos autónomos modificará la escena política de México. Derechos como el acceso a la información, la protección de datos personales y la competencia entre entes privados para evitar monopolios dejarán de ser tutelados por organismos específicos. Pero aún debe transcurrir una semana antes de que el nuevo entablado quede construido.

Extienden la agonía

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que se pospuso para la siguiente semana la discusión y votación para la desaparición de siete órganos autónomos.

Argumentó que la decisión se tomó debido a la carga de trabajo en el pleno durante la sesión de ayer miércoles.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política aclaró que el dictamen no se ha retirado de la discusión, pero, admitió, se está revisando.

Cuestionado sobre la permanencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), adelantó, sin dar detalles, que es probable que el dictamen sea modificado.

“Hemos decidido pasar para el miércoles de la próxima semana la discusión de los organismos autónomos. El miércoles de la semana próxima, aunque también les adelanto que el miércoles probablemente tengamos la comparecencia del secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O), que ahora ha sido ratificado, para que nos explique los criterios económicos y para que nos explique todo el proceso que llevaremos a cabo”, dijo.

Abundó que es probable que el miércoles se tengan dos sesiones para abordar este tema, o el jueves, “pero no está retirado simplemente se está revisando para mejorar el contenido del dictamen”, insistió.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional, Ernesto Sánchez, al refrendar el rechazo de su bancada a la desaparición de los órganos autónomos, retó a Morena a organizar una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre este tema.

“Hoy exhorto a Morena a ponernos serios; siempre hablamos de consultas populares, revocación de mandato, cuando a ellos les conviene lo quieren llevar a la voluntad del pueblo, pero cuando no, quieren ser autoritarios. Los invito a que la extinción de los órganos autónomos lo hagamos con una consulta popular.

“Al final son los métodos que ustedes, los de Morena, están utilizando”, afirmó el legislador panista, quien criticó el afán del gobierno y del partido guinda de pretender destruir las instituciones democráticas del país.

El legislador de la oposición expresó que en el tema de la desaparición de los órganos autónomos, se modifica sustancialmente el Estado mexicano, pues “se rompe un contrapeso al Poder Ejecutivo, a los tres Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno”.

Las batallas perdidas del INAI

La bitácora de acciones para evitar la extinción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la inició desde 2021. Ese año –el 8 de enero– el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció de manera pública su intención de desaparecerlo y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (que se transformará en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo).

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, ofreció el exprimer mandatario.

Entonces, los comisionados del INAI respondieron en una conferencia de prensa que aún había oportunidad para la conversación e incluso la elaboración de un plan de austeridad que pudiera alinearse con la política que planteaba el Gobierno federal.

Pero, dos años después, el 15 de marzo de 2023, el INAI vivió con más dramatismo el resquebrajamiento que se había iniciado. El Ejecutivo federal anuló los nombramientos de dos de sus comisionados con el argumento de que el proceso para la selección estuvo carente de transparencia. Además, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del instituto, concluyó su encargo.

Sin tres de los siete comisionados que por ley debe tener su pleno, el INAI cayó en un periodo de inoperancia que se prolongó por casi cinco meses. Vino la acción jurídica. Los integrantes que habían quedado acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al final, les dio la razón y les permitió reanudar sesiones aun con el equipo incompleto.

La pausa del INAI fue la muestra hipotética de lo que pasaría sin su existencia. Cada mes de inoperancia, dejaron de resolverse unos mil 600 recursos de impugnación sobre acceso a la información y quedaron pendientes decenas de procedimientos administrativos y sanciones, de acuerdo con un reporte del instituto.

Además, la resistencia a entregar información pública se fortificó. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los sindicatos y los partidos. En estos momentos en los que se ha iniciado una fase definitoria, hay 90 mil 33 expedientes con esa clasificación, algunos con fechas hasta 2030, según el Índice de Expedientes Reservados de los Sujetos Obligados.

Una vez reanudados sus trabajos, se inició una nueva batalla: el diseño de planes financieros y de propuestas políticas para permanecer. Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente, explicó para este medio en entrevista en septiembre pasado que estaban dispuestos a reducir a tres el número de comisionados y a un ahorro de 300 millones de pesos, lo que implicaría reducción de viajes y foros.

El 16 de octubre de este año, durante dos horas, además de Alcalá Méndez, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Al salir, sus declaraciones confluyeron en que no se obtuvo un compromiso, pero aún había esperanzas.

Después, los comisionados dieron entrevistas en medios en las que llamaron al diálogo abierto. También emitieron comunicados. En esos canales, pidieron un debate sobre los riesgos de desaparecer a un organismo con más de veinte años de funcionamiento. Incluso señalaron los vacíos en la iniciativa; por ejemplo, no está claro cómo operará la Plataforma Nacional de Transparencia, o quién o quiénes resolverán las quejas de los ciudadanos ante negativas de información.

El 5 de noviembre, los comisionados de la transparencia se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Tampoco hubo compromiso. De hecho, los discursos perdieron el tono del optimismo.

El último esfuerzo ocurrió en la Semana Nacional de la Transparencia, efectuada en Zacatecas, que hoy concluye. Los comisionados dirigieron sus discursos a los legisladores, pero con el reconocimiento de que la historia está por acabar. Porque nada logró alterar el fluir de la iniciativa. Ayer, Monreal Ávila anunció que la discusión de la reforma para desaparecer al INAI no pasará de la próxima semana.