Una revolución necesaria

Para lograr la transformación del país de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato, resulta fundamental poner al centro de la estrategia a los trabajadores.

A lo largo de los últimos tres sexenios, la precarización laboral en el país ha ido en aumento.

De acuerdo con cifras del Observatorio Trabajo Digno, muchas estructuras laborales que prevalecen en México son fábricas de pobreza.

En los resultados de su último estudio, la organización reveló que 8 de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones laborales dignas, de manera que 25.6 millones, el 80 por ciento, se encuentran en esta situación.

Poco más de la mitad de quienes trabajan con sueldo y para un patrón tienen una remuneración insuficiente, esto quiere decir que el salario de 15.6 millones de empleados no alcanza para comprar la canasta básica.

Los datos también revelan que cuatro de cada 10 asalariados que laboran para un empleador carecen de seguridad social, por lo que 14.6 millones de ciudadanos son forzados a la informalidad por quienes los contratan ya que no realizan la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunado a esto, poco más de la mitad de los ciudadanos que laboran con salario y para un patrón, es decir, 17.6 millones, carecen de un contrato laboral estable.

En conclusión el observatorio indica que la condición más vulnerada es la falta de afiliación sindical, que afecta a 29.5 millones de personas, es decir, el 87 por ciento.

Estas cifras prenden las alarmas al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que aseguran que la creación de empleos dignos no sólo es una prioridad para el gobierno en turno, sino que es parte de la columna vertebral para revertir otro de los más grandes problemas que enfrenta México: la desigualdad, la cual, a su vez, fomenta la corrupción, la inseguridad y evita que la economía crezca al ritmo que se busca, entre otras cosas.

“Una de las tareas centrales del actual Gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.

“Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.

“Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales.

Compromisos en duda

A seis meses de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, los avances para poder cumplir con estos compromisos aún no son visibles.

De acuerdo con los últimos datos que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los primeros cuatro meses del 2019, se creó el menor número de puestos de trabajo en los últimos seis años.

Si se analizan los empleos generados el primer cuatrimestre del 2019 y se comparan con el 2018, se aprecia una caída del empleo de 34 por ciento.

Además de que la informalidad también ha crecido, pues durante el primer trimestre del año, esta población fue de 1.9 millones de personas, es decir 172 mil 348 más respecto al mismo periodo del año anterior.

“Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS.

“La mayor corrupción del Seguro Social es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores, porque con esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores pierden jubilación, pensión de viudez, mejores créditos de vivienda y cobertura en protección social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos”, acusa Germán Martínez en su carta de renuncia como titular de esta dependencia.

En la misiva, Martínez también señala a la Secretaría de Hacienda y a algunos de sus funcionarios como los principales responsables de la crisis por la que atraviesa el IMSS.

Algunas de las denuncias de Martínez se reflejan en la situación en la que actualmente se encuentran diversos trabajadores que laboran para distintas dependencias del Gobierno federal como lo son: los maestros que dan clases en línea para la SEP tanto federal como para las locales, los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal y algunos de los Servidores de la Nación que trabajan para la Secretaría de Bienestar. Todos ellos se encuentran contratados como prestadores de servicios o por outsourcing y no han recibido sus salarios completos ni cuentan con las prestaciones de Ley que todo trabajador debería tener.

Una oportunidad de cambio

La presión ejercida desde el gobierno de Estados Unidos para que México mejore las condiciones laborales de sus trabajadores si desean que el T-MEC sea avalado por su vecino del norte tuvo efectos inmediatos.

Ante el riesgo que el Congreso de Estados Unidos no apruebe el tratado, tanto diputados como senadores pusieron manos a la obra y el 1 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva en México.

Sin embargo, la Cámara de Senadores ya prepara un Parlamento Abierto para que la ciudadanía participe y pueda opinar sobre esta reforma.

Para el investigador de la UNAM y experto en el tema laboral, Alfonso Bouzas, esta reforma es un buen primer paso y uno muy importante para que los trabajadores mexicanos puedan hacer valer sus derechos, sin embargo hay temas pendientes que faltan por revisar y regular.

“Los cambios tendrán que irse adecuando conforme pase el tiempo y dependerá de cada sector participar en estos debates para que den a conocer su problemáticas particulares y que se apliquen los cambios necesarios a la Ley”.

Esto representa una buena oportunidad para diversos trabajadores que en lo que va del año se han quejado por las condiciones laborales en las que el nuevo gobierno los tiene.

Los maestros que trabajan para la SEP pero que imparten clases vía internet, por ejemplo, no han recibido sus salarios completos desde que comenzó el año.

No cuentan con un contrato laboral y acusan que han sido contratados por outsourcing o sólo como prestadores de servicios, por lo que no cuentan con servicios médicos, vivienda y sistemas de pensión y seguridad social. Un acto que consideran como una injusticia y una violación a lo contemplado en la Ley Federal del Trabajo.

En una situación similar se encuentran los empleados del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes dependen de la SSA Federal.

“Nuestros pagos están detenidos por instrucción de presidencia a través de Hacienda.

“A mí y varios compañeros nos contrataron a mediados de febrero y se supone que ya se tenía el presupuesto autorizado, pero ahora nos dice el coordinador administrativo, Gonzalo Medina Hidalgo, que aunque no es un hecho que se cancelen nuestros contratos, lo que si es un hecho es que no hay fecha para que nos paguen el mes de abril ni lo que va de mayo” cuenta en entrevista una de las trabajadoras que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

A la falta de pagos y de contratos que garanticen un trabajo digno se suman también algunos Servidores de la Nación que integran las Brigadas de Encuestadores que realizan el llamado Censo del Bienestar, quienes denunciaron que la Secretaría de Bienestar está pendiente con sus pagos desde el pasado mes de enero.

Como estos trabajadores hay miles más que se encuentran en la misma situación. Sin embargo, Alfonso Bouzas explica que esto no es algo nuevo, pues la precarización del empleo y la falta de estabilidad laboral es un problema que se viene arrastrando desde la década de los 80.

Este esquema no es del todo malo, también puede traer ciertos beneficios, pero se debe de cuidar que no sea utilizado por los empleadores para contratar servicios que van directamente relacionados con su materia, que es como se ha usado hasta ahora en perjuicio de los trabajadores”.

Por último, el especialista explica que el hecho de que el gobierno tenga contratados a tantos trabajadores bajo estos esquemas a los cuales, además de todo no les ha pagado, lo único que demuestra es lo inexpertos que son para manejar el presupuesto

“Este fenómeno responde a un gobierno novato e irresponsable que no sabe ejercer el presupuesto y que ahora está dando palos de ciego para ver de dónde saca dinero para cubrir sus necesidades”.

La lucha rinde frutos

Alfonso Bouzas asegura que para que los trabajadores sean escuchados en caso de que sus empleadores los ignoren y puedan hacer cumplir sus demandas en materia laboral, deben de organizarse, formar sindicatos y de ser necesario emplazar a huelga.

Este ejercicio ya rindió frutos para algunos trabajadores que durante años no habían sido reconocidos como tales.

Uno de los casos más recientes es el de los médicos residentes, quienes tras haber sido explotados durante generaciones, se unieron para exigir sus derechos como trabajadores.

El dictamen aprobado define al médico residente “como el profesional de la medicina que cumple con lo establecido en la ley y que ingresa a una Unidad Médica o Instalación Receptora de Residentes para cursar una especialidad de tiempo completo”.

Con esta reforma, además de mejorar sus condiciones laborales, los residentes también tendrán derecho a recibir asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas con el desempeño de sus actividades dentro de la residencia médica que realizan.

Otro caso de éxito en materia laboral es para las trabajadoras del hogar, quienes después de años de incansable lucha, finalmente lograron que en el Senado de la República se aprobaran las reformas a los artículos de la Ley Federal del Trabajo que les permitirán tener derecho a la Seguridad Social.

De acuerdo con el dictamen aprobado, estas reformas establecen la obligación de fijar bajo contrato escrito la relación laboral entre los y las trabajadoras del hogar y sus empleadores incluyendo la prestación del Seguro Social, la vigencia del contrato, las horas de trabajo, las remuneraciones y prestaciones adicionales, las vacaciones, pago de días descanso, aguinaldo y alimentación en lo general.

A través de un comunicado, el IMSS informó que el salario promedio de cotización para las personas trabajadoras del hogar inscritas será de 4 mil 842.93 pesos.

En México actualmente existen más de 2.5 millones de trabajadoras domésticas que podrían entrar en este esquema de seguridad social. Por ahora se calcula que más de 3 mil trabajadores de esta área ya reciben los beneficios

No obstante, Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM y experto en temas laborales explica que el trabajo y la salud no deberían ser dependientes uno del otro.

“Lo ideal sería desvincular el trabajo con el servicio de salud gratuito, universal y de calidad, sin embargo, las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra en este momento el país no lo permiten, esto no quiere decir que los trabajadores deban permanecer laborando bajo un esquema que les restringe sus derechos, pues yo creo que todo trabajador y humano debe tener acceso a la salud más allá de si cuenta con un empleo o no”.