Una organización consentida de EU

México Unido Contra la Delincuencia fue una de las organizaciones más cercanas a la administración de Felipe Calderón y al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En el documento Entregas Principales de la Iniciativa Mérida durante el 2011, de la Embajada de Estados Unidos en México,  la agrupación que presidía María Elena Morera es la única que aparece como beneficiaria de este programa.

“México Unido Contra la Delincuencia, ONG con sede en la Ciudad de México, lanzó en 2011 un programa integral de Cultura de la Legalidad que se centra en la educación escolar, la atención vía Internet y otros medios, programas de capacitación para instituciones públicas y privadas y un programa de vigilancia ciudadana para mejorar el proceso de denuncia de delitos.

“Los trabajos de cerca de dos años y 2 millones de dólares reciben el apoyo de Iniciativa Mérida, que continuará durante el 2012”, dice el último punto del llamado Pilar 4, relativo a la creación de comunidades fuertes y resilientes.

En el documento de cuatro hojas sólo existe una referencia al apoyo entregado a organizaciones y es la de México Unido Contra la Delincuencia. Solo ellos recibieron dinero de éste que fue uno de los proyectos bilaterales más importantes del pasado sexenio panista.

Si bien la cifra de 2 millones pudiera parecer poco en relación al monto total que se entregó en todo el País (cerca de mil 600 millones de dólares), es destacable que sea a una sola organización a la que se le entregue dinero.

Todos los otros rubros son relacionados con las secretarías de estado vinculadas a la procuración de justicia. Se detalla además la entrega de aeronaves y equipo a la Secretaría de Marina.

La perspectiva sobre este dinero cambia cuando se comparan los números. Los 2 millones entregados a este organismo son superiores al millón de pesos que, también a través de Iniciativa Mérida, se entregó para la instalación de un equipo identificador de placas de automóvil en 73 casetas de cobro de las carreteras del País.

La cifra es igual al costo que tuvieron tres Sistemas Integrados de Identificación de Balística que se le entregaron a la PGR. La entrega es casi igual a los 2.5 millones de dólares que Iniciativa Mérida entregó para cursos y capacitación para la transición del sistema penal acusatorio y los juicios orales.

En su página de Internet la agrupación tiene entre sus objetivos exigir la acción de las autoridades en materia de seguridad y justicia. Promover la creación y aplicación de programas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia y orientar a víctimas del delito jurídica y psicológicamente. 

Sin embargo, no existe una apartado especial en donde dé a conocer el monto que recibió en el 2011, ni el que de acuerdo al documento de la embajada le prometieron para el 2012.

En la página oficial de la Iniciativa Mérida sólo están disponibles 12 informes mensuales, de agosto del 2011 a julio del 2012. En ninguno de estos reportes, membretados con el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, hay una sola mención a México Unido Contra la Delincuencia.

Se detallan una serie de cursos que se dieron a las autoridades en los estados, sin  especificar quiénes fueron los encargados de dar esos cursos ni a quién. Uno de los principales reclamos, tanto de los ciudadanos como de las organizaciones, es la transparencia en el uso de los recursos públicos. Aquí, ni la administración de Felipe Calderón ni la agrupación civil hizo la tarea que le pide a los demás.

Tuvo que ser la embajada norteamericana la que diera a conocer el destino de muchos de los recursos que se repartieron en México.  Claro, el dinero es de Estados Unidos y ellos no tienen empacho en decir en lo que lo usaron.

¿Pilar IV en blanco?

La Iniciativa Mérida, programa bilateral entre Estados Unidos y México, se dividió en cuatro pilares: I) Desestabilización de la capacidad operativa de la delincuencia organizada. II) Institucionalización de la capacidad de sustento del estado de Derecho. III) Creación de una estructura fronteriza del Siglo 21 y IV) Creación de Comunidades fuertes y resilientes. 

En abril de 2011 se realizó la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida. 

En ese encuentro estuvieron la ex secretaria de Relaciones Exteriores en la pasada administración, Patricia Espinosa, y Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos. La reunión fue para verificar los avances que había hasta el momento. Se emitió un boletín con los objetivos específicos y en el Pilar IV jamás se mencionó el apoyo económico a las organizaciones no gubernamentales:

Iniciar un estudio binacional en el contexto de la Conferencia Anual sobre la reducción de la demanda de drogas México-Estados Unidos, con una metodología, alcance, financiación y objetivos concretos mutuamente acordados.

Implementar, en conjunto,  programas dirigidos a fortalecer la capacidad de planificación federal cívica para prevenir y reducir la delincuencia, apoyar a los gobierno estatales y locales en medidas para combatir y prevenir el delito.

Generar una mayor atención a jóvenes en situación de riesgo, bajo la coordinación de dependencias específicamente designadas, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Secretaría de Desarrollo Social de México.

Viejos nexos

Al llegar a la presidencia de esta organización, María Elena Morera fue contundente: no habría nexos de ningún tipo con las autoridades. El objetivo era ponerlas en orden, que hicieran su trabajo.

“Hoy iniciamos una nueva etapa, buscamos ser un eficiente instrumento de la sociedad, un instrumento moral para construir un México mejor. México Unido Contra la Delincuencia no va a ser comparsa ni cómplice de nadie. Si algo o alguien está mal, lo vamos a señalar”.

Poco duró la congruencia del discurso. México Unido Contra la Delincuencia se dio a conocer en el 2005 principalmente por organizar la Marcha contra la Inseguridad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por spots televisivos, en los que aparecía el esposo de la dirigente relatando cómo durante su secuestro le cortaron los dedos. 

Sin embargo, un par de años después, en el 2007, ya tenía fuertes vínculos con el Gobierno Federal. La ácida crítica había logrado abrirle espacios económicos en la segunda administración panista, la de Felipe Calderón.

El hijo de la activista, Pablo Galindo Morera, trabajó en la coordinación de asesores de García Luna ganando 39 mil pesos al mes sin tener experiencia en temas de seguridad, justicia o del ámbito policiaco.

Además entre 2006 y 2007 México Unido Contra la Delincuencia recibió en donativos del Gobierno Federal casi millón y medio de pesos. 

Durante todo el sexenio de Calderón, tanto Morera como la organización fueron parte protagónica de los temas de seguridad, secuestro y prevención del delito. Firmó decenas de convenios con gobiernos estatales y dependencias del Gobierno federal. Participó activamente en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad en agosto de 2008.

Se le invitó a formar parte del Consejo Nacional para la Seguridad Pública -integrado por gobernadores y autoridades federales- como representante ciudadana junto al empresario Alejandro Martí. Ahí, con la reciente muerte de su hijo Fernando, Martí lanzó una sentencia que retumbó en el País.

“Si no pueden, renuncien. Pero no sigan usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción”.

Divididos 

La estructura de México Unido Contra la Delincuencia se rompió en abril de 2011. Al menos 9 de los 16 integrantes de su Mesa Directiva abandonaron la organización por falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Eduardo Gallo, uno de los más notables activistas en contra de la delincuencia tras el secuestro y asesinato de su hijo, encabezó esta escisión del grupo.  En rueda de prensa, dijo que la razón principal para abandonar la organización era la falta de transparencia en el manejo de las finanzas.

Las críticas las enfocó en la ex presidenta Ana Franco, quien presuntamente dejó en estado de insolvencia a la agrupación sin dar una explicación de las razones por las que quedaba prácticamente quebrado el organismo.

Gallo dijo que además existía un grupo de poder que estaba enfocado en beneficiar a víctimas de la violencia solo de las clases pudientes y no de las más necesitadas.

Destacó también la intolerancia que había por las críticas a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y a que el Ejército estuviera haciendo labores policíacas.

La división interna por la falta de transparencia no derrumbaron a México Unido Contra la Delincuencia. Muchos ex integrantes están ahora en otras organizaciones.  Morera ahora está en Causa en Común, que hace apenas una semana reclamó a la administración de Enrique Peña Nieto el que las organizaciones civiles no hayan sido incluidas en el Pacto por México.

La legitimidad de las exigencias de estos organismos es incuestionable. En la mayoría hacen esfuerzos para poder lograr sus objetivos.  Sin embargo, hay también las que dan prueba fehaciente de que su comportamiento no es el más transparente y objetivo.

En este caso en específico las dudas se incrementan. ¿Bajo qué compromiso recibió dinero de la Iniciativa Mérida? ¿Por qué ese dinero no se utilizó para ayuda de muchas víctimas que reclamaron en el Alcázar de Chapultepec el abandono de las autoridades?

¿En que se usó realmente ese dinero? ¿Qué otras organizaciones recibieron apoyo del Gobierno de Estados Unidos?