¿Una nueva Constitución?

A la par de la creación de la Guardia Nacional y el impulso a la iniciativa de la Cartilla Moral, el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador no descarta la posibilidad de poner los cimientos de una nueva Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.

En el marco de los festejos por el 102 aniversario de la Carta Magna, el jefe del Ejecutivo expresó que aunque no es una de las prioridades dentro de la agenda del primer año de gobierno, existe la idea de impulsar una nueva Carta Magna a través de un nuevo Congreso Constituyente.

Sin embargo, ¿qué tan viable sería convocar a un nuevo constituyente durante los próximos seis años y cómo se recibiría una propuesta así en los ánimos del actual contexto político, en donde se mantiene una oposición claramente desdibujada?

“La posibilidad de construir un nuevo Constituyente, que pueda normar un nuevo marco jurídico constitucional tendrá que ver con un gran pacto social con el pueblo de México y con un gran pacto político entre las fuerzas partidistas. Sería muy correcto poder constituir este permanente y darle una nueva visión a la Carta Magna. Eso será un tema que a la posteridad se podrá discutir”, consideró el senador de Morena, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar en entrevista para Reporte Índigo.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República compartió las conclusiones de López Obrador en cuanto a la prioridad para conformar una nueva Constitución, debido a que en la actualidad se concentran los esfuerzos legislativos en impulsar reformas que en su consideración “van a mover instituciones”.

De entre los temas prioritarios para la actual administración destacan las discusiones sobre la implementación de la Guardia Nacional, la reforma al artículo 3º constitucional en materia educativa y los temas referentes a la Reforma Política.

Ramírez Aguilar proyecta que una vez concluidos esos temas, se podrá comenzar a trabajar en el acuerdo político que permita conformar una nueva Constitución que rija el futuro de la República.

“Nuestro país ha cambiado y ya no es el mismo México de 1917. Nuestra Constitución ha tenido muchas enmiendas, también es de reconocerse que hoy nos movemos por otros parámetros internacionales que deben establecerse en la vida política, social y económica; y que existe la posibilidad de reconocer los derechos humanos, incluidos los de tercera y cuarta generación. Evidentemente será un tema de debate para los próximos años”, agrega el senador.

Momento histórico

Desde 1916, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza convocó a la asamblea que dictó los lineamientos de la Constitución que rige a México, no ha existido otro Congreso Constituyente a nivel federal.

Para cumplir con la renovación de la Carta Magna se debe definir una ruta, la cual es considerablemente ambiciosa desde el ámbito jurídico constitucional.

“Resulta muy complejo conformar un nuevo Constituyente. Y es complejo porque, como sabemos, se trata de la ley suprema del Estado mexicano y como tal requiere de todo un proceso para justificar la legitimación de una nueva Constitución”, comentó Sergio Chagoya Díaz, catedrático de materia constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

Chagoya Díaz explicó que la Carta Magna vigente contempla en su artículo 135 el mecanismo para realizar reformas y adiciones, las cuales cumplen de forma correcta y se adaptan a las necesidades de los mexicanos.

El especialista afirmó que existen otros mecanismos previos para garantizar el correcto funcionamiento de la Constitución, tales como depuraciones o revisiones a través de órganos legislativos. Siendo el tema de la reestructuración aplicable a casos en donde las naciones enfrenten la necesidad de cambiar de forma drástica el orden del gobierno.

“La justificación para convocar a un constituyente nuevo y promulgar toda una nueva ley suprema es cuando el sistema político y económico de un país requiere un cambio total. Ejemplos en otros países: en Europa del Este, cuando se dieron todos los regímenes comunistas, las nuevas democracias consecuentes requerían de constituciones diferentes, que ya no tuvieran el modelo comunista y donde se procuraran todos los derechos humanos (…) La propia constitución China fue reformada de forma reciente por el presidente (Xi Jinping) y de la misma forma, el régimen de Venezuela hizo lo propio. Esto ocurre conforme a las necesidades particulares de las naciones”, señaló Chagoya.

La complejidad de la reestructuración de una constitución impacta también en el ánimo social, añade el catedrático. Además, afirmó que, aunque comprende las expresiones vertidas por el actual gobierno, el análisis de una iniciativa de esa naturaleza debe tomarse desde una perspectiva más neutral y tomando en cuenta que, pese a cualquier postura, desde el ámbito legal la Constitución de México es un documento flexible y funcional.

“Desde el punto de vista jurídico hoy por hoy la Constitución funciona. En la parte del derecho constitucional económico, los dispositivos (dentro de la Carta Magna) son lo suficientemente amplios para los requerimientos del Estado. La planeación democrática del desarrollo permite a los distintos gobiernos, bajo las distintas ideologías políticas, poder instrumentar políticas públicas a través de la flexibilidad constitucional.

“Considero que el análisis debe ser más mesurado y con muchos elementos constitucionales a tomarse en cuenta además de las graves consecuencias políticas y sociales que conlleva una nueva constitución”, concluyó Chagoya.