Una ley de doble filo

No siempre las autoridades ganan los juicios. No siempre la delincuencia organizada es castigada.

Aún así, la Ley de Extinción de Dominio que aplica el Gobierno del Distrito Federal (GDF) desde 2009 ha afectado con más de 672 millones a propietarios de inmuebles en donde presuntamente se cometieron delitos.

Con el argumento de afectar las finanzas de la delincuencia, el GDF ha llevado ante los tribunales 128 casos de inmuebles a los que aplicó Extinción de Dominio por los delitos de trata de personas, robo de vehículos, delincuencia organizada y secuestro.

Pero el objetivo de golpear directamente las finanzas de los grupos delictivos no siempre se cumple. Muchos de los inmuebles donde se cometen ilícitos son rentados. Y los auténticos dueños tienen que enfrentar la embestida jurídica del GDF para defender sus propiedades.

Para algunos justa, para otros no tanto, la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta jurídica que le ha permitido a la administración local hacerse de algunos inmuebles y de los bienes que se encuentren al interior cuyo destino es incierto.

De los 128 casos que se han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) como aptos para la aplicación de Extinción de Dominio, 42 inmuebles se encuentran en el territorio de la delegación Iztapalapa; 21 en Cuauhtémoc; 15 en Gustavo A. Madero; 8 en Azcapotzalco; 6 en Tlálpan; 5 en Iztacalco y 5 más en Tláhuac.

Las delegaciones Xochimilco, Miguel Hidalgo y Coyoacán registran cuatro casos, cada una; Benito Juárez y Venustiano Carranza con tres casos, respectivamente; Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con 2 cada una; mientras que en Ixtapaluca, Estado de México, hay dos inmuebles.

Inicialmente la norma comenzó a aplicarse con la creación de la Agencia Especializada en el Procesamiento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. Sin embargo el 15 de febrero de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo A/002/2011 a partir del cual se creó la Fiscalía Especializada.

En algunos casos, los auténticos propietarios han dado la batalla al GDF ante los tribunales y han recurrido al amparo de la justicia federal mediante la promoción de amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El delito que ha permitido el mayor número de casos de extinción es el robo de vehículo con 78 casos; le siguen el secuestro, trata de personas y finalmente, con tan solo dos casos representativos, delincuencia organizada.

Pegarle al dinero de los delincuentes

La extinción de dominio es la figura por la que se pierde a favor del Estado los derechos de propiedad o posesn de los bienes que sirvieron como instrumento, objeto o producto de actividades delictivas.

También aplica cuando éstos sean destinados para ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado cuando no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes o su actuación de buena fe.

El actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, prometió desde su campaña poner en marcha esta Ley. Una vez en el gobierno, fue su principal impulsor en el Distrito Federal basada en la experiencia colombiana de afectar financieramente a los narcotraficantes.

Leticia Bonifáz, Consejera Jurídica y de Gobierno del DF, es la funcionaria que sirvió como brazo ejecutor para afinar la aplicación de esta ley en la Ciudad de México.

A lo largo de tres años de su aplicación en la capital, la Ley ha generado severos cuestionamientos respecto a que si es una facilitadora del GDF para confiscar bienes muebles e inmuebles de manera indiscriminada.

La polémica surge, específicamente, cuando no se afecta a los grupos delictivos sino a aquellos propietarios que de “buena fe”, rentan sus casas o departamentos, que luego resulta, son utilizados por los inquilinos para cometer algún ilícito.

Por el delito de trata de personas, el GDF aplicó extinción de dominio a hoteles ubicados en zonas donde se ejerce la prostitución como el Centro Histórico, el antiguo barrio de La Merced y la colonia Guerrero.

En éstas se inició proceso en contra de los propietarios de los hoteles Palacio, Madrid o Parador Topacio, Universo, El Payaso, y Oviedo.

De estas propiedades fueron rescatadas decenas de jóvenes obligadas a prostituirse por grupos de lenones que en contubernio con los propietarios y los trabajadores de estos hoteles, daban forma al negocio rentable de la trata de personas.

Mientras que por el tema de secuestros uno de los casos más emblemáticos fue el predio ubicado en la calle de Tláloc 87, departamento tres, en la colonia Tlaxpana de Miguel Hidalgo, relacionado con el plagio de un familiar de los propietarios de la conocida taquería de la capital “El Borrego Viudo”.

En este inmueble escondió a su víctima una banda de jóvenes que se hacía pasar como “juniors” y que acudían a establecimientos de afluencia para cometer sus plagios.

Según los reportes de ese caso asentado en la averiguación previa FAST2/1192/10-02, los hombres mantuvieron cautivo al empresario alrededor de tres semanas en ese inmueble de la colonia Tlaxpana.

Uno de los casos relacionados con delincuencia organizada es el del predio ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza 491, en la colonia Valentín Gómez Farías de la delegación Venustiano Carranza.

Ahí operaba el Hospital Central de Oriente en el que un grupo de doctores y empleados ponían a la venta a los recién nacidos, hijos de las pacientes que acudían a parir a ese lugar.

En este inmueble el GDF decidió aplicar extinción de dominio, pero los propietarios de los bienes que se encontraban al interior del hospital alegaron que las herramientas (instrumentos médicos y equipo de trabajo) no formaban parte del lugar.

Pese la facilidad del GDF de aplicar extinción de dominio a inmuebles en los que presuntamente se comenten ilícitos, en el 2011 registró uno de los reveses más importantes cuando fue obligado a regresar la posesión de al menos seis predios a sus dueños, ya que no pudo comprobar la acusación de que en ellos ocurrían delitos.

Dos de estos casos fueron los hoteles Ángeles y Estaciones, ubicados en la colonia Buenavista, sobre los que pesaba la acusación de que en su interior se obligaba a menores de entre 14 y 16 años a ejercer la prostitución.

En otros tres más, supuestamente relacionados con robo de vehículos, los particulares ganaron amparos contra la extinción de dominio.

De muchos otros inmuebles a los que el GDF aplicó extinción de dominio, la moneda está en el aire.

A pesar de la problemática, el GDF tiene ya una nueva vertiente a partir de la cual podrá apoderarse de inmuebles particulares: el combate al narcomenudeo, atribución recién estrenada por las autoridades de la capital.

Así las cosas, cuando las autoridades presuman o comprueben que en determinada propiedad se vende droga, correrá la misma suerte que aquellas relacionadas con trata, secuestro,

delincuencia organizada y robo de vehículos.

No por nada, un grupo de agentes de investigación de la recién creada Fiscalía Especial contra el Narcomenudeo ya aplica con discreción operativos especiales para el combate de dicho flagelo en la delegación Gustavo A. Madero, demarcación en la que se ha reportado su actividad.