"Ninguna ley ha salvado a nadie y esta no se puede considerar como la que venga a terminar con la tragedia nacional de los desaparecidos”
Entre diversas organizaciones no gubernamentales han surgido dudas sobre la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre la Ley de Desaparecidos.
Asociaciones defensoras de derechos humanos son escépticas sobre la fiabilidad de la iniciativa, que busca crear las leyes generales para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes.
De acuerdo a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), la propuesta del presidente crea incertidumbre porque no se conoce el contenido que el Senado de la República va a revisar en los próximos días.
De acuerdo con Leticia Hidalgo, vocera de FUNDEM, un colectivo de al menos 35 familias de personas desaparecidas, han insistido ante el Gobierno federal sobre los lineamientos que debería contener la iniciativa. Pero la federación rompió la comunicación y desconocen si sus propuestas se incluyeron.
“Nosotros no conocemos cómo quedó finalmente la iniciativa, y eso nos causa dudas”, dijo Hidalgo.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), encabezada en México por Perseo Quiroz, también se ha abstenido de aplaudir la acción del presidente, al desconocer si la iniciativa de ley contiene la opinión de las familias de algunos desaparecidos, que han estado insistiendo en la necesidad de asegurar un instrumento jurídico que dé certeza a la posibilidad de frenar el índice de personas desaparecidas en nuestro país.
En Michoacán, donde se concentra el mayor número de desaparecidos en los últimos dos años, Daniel Solís, de la organización Familias de Desaparecidos y Víctimas de la Violencia, confió en que el Gobierno federal tenga tacto y que la Secretaría de Gobernación haga una convocatoria a todas las familias de las víctimas desparecidas para explicar los términos en que fue redactada la nueva iniciativa, de la que nadie, salvo los legisladores, tiene conocimiento exacto del contenido.
El sacerdote Alejandro Solalinde no se quiere aventurar. Dice que todavía no conoce la iniciativa como para dar su opinión.
Necesita ver en qué términos la envió el presidente al Senado, pues considera que si resulta que es la misma ley que se mandó el año pasado, sin duda alguna está destinada al fracaso, porque el anterior bosquejo no garantizaba nada y sólo se buscaba administrar la tragedia de los
De acuerdo a su contabilidad, en México existen al menos 10 mil casos de migrantes centroamericanos que han sido víctimas de desaparición. A la fecha ninguna instancia oficial se ha dado a la tarea de la búsqueda de esas personas.
En Veracruz, otro de los estados que encabezan el ranking nacional de personas desaparecidas, la Organización Por Nuestros Desaparecidos (OND), que encabeza Juan Noé Pichardo, duda que haya buenas intenciones del Gobierno federal para afrontar el tema de los desaparecidos, mediante una ley acorde a las necesidades de transparencia que reclaman las familias de las víctimas.
“No creemos que haya voluntad del Gobierno federal para resolver el tema de los desaparecidos. La nueva iniciativa de ley de la que se habla se hizo en lo oscurito y seguramente de la misma forma se va a aprobar, sin ningún beneficio para quienes buscamos a nuestras familias”, dijo el vocero de la OND.
Actualmente, de acuerdo a la FUNDEM, en México existe un padrón de al menos 26 mil desaparecidos, los que se perdieron sin dejar rastro entre los años 2006 al 2015.
Los estados que mayor número de víctimas registran son Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, en donde con mayor intensidad la federación ha llevado su guerra contra el narco, sin ninguna variación en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Las estadísticas de las principales organizaciones dedicadas a la búsqueda de los desaparecidos apuntan a la responsabilidad de las fuerzas federales, en lo que ha dado en llamar desaparición forzada; aunque también existen casos de desapariciones por parte de particulares que no son reconocidas como tales por el Gobierno federal.
Una de las propuestas presentadas por diversos colectivos de familias de desaparecidos, explicó Leticia Hidalgo, es la de incluir en la nueva ley un capítulo que también reconozca la desaparición por parte de particulares.
Autonomía y presupuesto
Para la FUNDEN, la nueva iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y Para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes, no servirá de mucho.
“Ninguna ley ha salvado a nadie y esta no se puede considerar como la que venga a terminar con la tragedia nacional de los desaparecidos”, dijo Leticia Hidalgo.
Considera que si dicha ley está bien elaborada y existe voluntad del Gobierno central, sí puede ayudar a dar con el paradero de la mayoría de los 26 mil desaparecidos que se contabilizan a la fecha.
“Pero para ello debe notarse la voluntad del gobierno, primero otorgando autonomía y luego dotando de personal calificado y presupuesto suficiente a las dependencias encargadas de la aplicación de dicha ley”, detalló Hidalgo.
Hidalgo sufre en carne propia el dolor de tener desaparecido a su hijo. Calcula que para tratar de solucionar el grave problema nacional, se requiere de por lo menos 500 agentes del Ministerio Público especializados en la materia, que atiendan el cúmulo de demandas que se registran en todo el país.
La nueva iniciativa de ley propone la creación de Unidades Especializadas de Investigación y un Mecanismo Nacional de Prevención donde estaría incluida la CNDH.
Desde el pasado 30 de abril, cuando en la Cámara Federal de Diputados se aprobaron modificaciones al artículo 73 de la Constitución para dar paso a la posibilidad de instrumentar una ley en materia de desaparición forzada, Amnistía Internacional comenzó a insistir en que dicha ley tenía que contar con la participación de las familias de las víctimas.
La mano de Perla
Una de las organizaciones más insistentes en el tema es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), encabezada por la doctora Perla Gómez.
Desde que la Secretaría de Gobernación dio la posibilidad de abrir espacios para escuchar sugerencias que nutrieran la iniciativa, la CDHDF hizo los primeros planteamientos atendiendo los reclamos de familias de desaparecidos, destacando entre los más importantes el que propone que “al servidor público que cometa desaparición forzada se le impondrá una pena de 20 a 50 años de cárcel”, una pena equivalente a la de homicidio calificado.
La iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, que se distingue por la creación de Unidades Especializadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es una propuesta de la CDHDF.
El organismo capitalino ha venido empujando desde el año pasado para que la PGR y las procuradurías estatales y la del Distrito Federal cuenten con grupos especializados de búsqueda de personas desaparecidas.
También propuso crear una base de datos post mortem, como herramienta informática útil para la identificación de restos humanos, lo que ya se incluye en la nueva iniciativa que trabaja el Congreso de la Unión, a fin de legislar sobre un banco de ADN.
Otra de las propuestas presentadas por la CDHDF son la imposición de una pena de entre 10 a 25 años de cárcel al particular que propicie la desaparición de una persona, además de declarar el estatus legal de ausencia para los desaparecidos, y crear un fondo de protección y asistencia para las familias de las víctimas.
