Un aspecto clave para combatir a la delincuencia organizada es la respuesta jurídica, de la que se debe encargar la Fiscalía General de la República.
Aunque ha asestado golpes certeros, como las detenciones de “El Huevo”, “El Chaparrito” o la esposa de “El Mencho”, la FGR se ha visto marcada por casos mediáticos y controversias sobre el manejo de la institución.
Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General, la institución que encabeza se ha enfocado en casos relativos a crímenes de corrupción, como los de Rosario Robles, Alonso Ancira o Emilio Lozoya, además de algunas polémicas como tratar de imputar a 31 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por cargos de crimen organizado.
Sobre estas situaciones, Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, alerta sobre la necesidad de combatir la impunidad en casos relativos al crimen organizado y a la violencia que generan.
“El hecho de que no haya avances en el aspecto jurídico en cuanto al combate a la delincuencia organizada, se traduce en impunidad y se repite el patrón. A menor riesgo de que les pase algo como delincuentes, mayores probabilidades de que sigan dedicándose a una actividad criminal y eventualmente escalen a otra que deje mejores ganancias”.
También destaca que la delincuencia organizada está poniendo en entredicho la existencia del Estado mexicano.
“El peligro para la sociedad propiamente y para la democracia, que entraña que una institución como la Fiscalía General sea empleada con fines políticos y personales, es un foco rojo para cualquier análisis sobre democracia, derechos humanos y ejercicio de las libertades en un país”.
