Cuando el Estado no pudo garantizar su derecho humano a la salud, Israel Rivas combatió al cáncer de su hija con una suspensión provisional que le otorgó el Poder Judicial, tras interponer un amparo donde responsabilizó al presidente de la México, Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de Salud Federal, el IMSS y el Insabi por la escasez de medicamentos en México.
En febrero de 2020, Israel y otros cinco padres de familia formaron parte del amparo colectivo presentado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de la Ciudad de México.
A la fecha, hay más de 300 amparos en todo el país, narra el padre de familia y coordinador del Movimiento Nacional por la Salud, quien considera imperdonable tener que solicitar un derecho humano por la vía jurídica.
“Es inaceptable tener que ampararse para que le den a tus hijos los medicamentos que necesitan para sobrevivir”, platica.
“Estamos cansados de estas vías legales, porque en lugar de eso deberíamos dedicar nuestro tiempo a cuidar las vidas de nuestros hijos y ayudarlos a recuperarse de sus enfermedades”.
Según organizaciones civiles, en México han fallecido más de mil 600 niños por el desabasto de medicamentos, resultado de la centralización del sistema de salud emprendido por López Obrador bajo la insignia de que todo lo puesto en marcha en administraciones anteriores estaba plagado de “corrupción” y basado en modelos “neoliberales”.
Se trata de una de las crisis en el abastecimiento de medicamentos, “nunca antes vistas en la historia del país”, considera Enrique Martínez Moreno, director General del Instituto de Investigación y Estudios Farmacéuticos (Inefam).
Según datos de la Secretaría de Salud, en 2020 una de cada cuatro recetas médicas no fue surtida en las unidades de primer nivel de atención en México. Entre 2019 y 2020, las consultas cayeron en 52 por ciento en todo el sistema de salud, es decir, se registraron 45 millones de consultas menos.
En los últimos dos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no consiguió surtir completamente o negó totalmente 21 millones de recetas, lo cual equivale a 4.8 por ciento del total de las recetas emitidas.
Además, de 2019 a 2020 el índice de suministro de recetas se redujo de 98 a 92 por ciento: 11 millones de recetas que no fueron abastecidas a sus derechohabientes.
En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) centralizó las contrataciones públicas para que Gobierno federal se hiciera cargo de las compras de medicamentos y no la iniciativa privada, “preferentemente de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU”.
En 2020, un acuerdo entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) determinó que ese mecanismo se encargaría de las compras consolidadas de medicamentos desde 2021 hasta 2024.
Ese rompimiento sacó del juego a los distribuidores de medicamentos, quienes tenían toda una logística funcional para que los fármacos llegaran a sus destinos en tiempo y forma.
“Definen mal las cantidades. Hay un mal diseño en las compras en general por la falta de un manejo adecuado de los tiempos”, explica Martínez Moreno.
“Para una compra consolidada en promedio se requieren 7 u 8 meses de anticipación para que los laboratorios obtengan las materias primas de manera anticipada, pero no se puede hacer en menos de dos meses”.
En 2020, se distribuyeron entre 30 y 40 por ciento menos medicamentos con respecto a cualquiera de los años anteriores.
En compras consolidadas, entre 2013 y 2018 el IMSS cumplió 85 por ciento de los ejercicios, sin embargo, el avance de contratos en compras consolidadas en 2020 apenas promedió 57 por ciento, “sumamente abajo de lo que habíamos alcanzado en años anteriores”, señala el investigador.
¿Habrá necesidad de una industria organizada?
Las nuevas reglas en la compra y distribución de medicamentos se fundamentaron en la idea de que la industria era “monopolizadora” y manejaba sus procesos con “corrupción”, entre otros argumentos similares, de los cuales, el gobierno Federal no tiene prueba alguna, acusan los expertos.
“Hay un desconocimiento terrible de la autoridad de cómo es el proceso de distribución para hacer llegar el medicamento a todos los rincones”, explica Carlos Ramos Alcocer, Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).
“Se concentraron en obtener un supuesto ahorro comprando directamente a los laboratorios para que estos hicieran las entregas directas, pero no contaron con que ningún laboratorio en México cuenta con la infraestructura para hacer llegar los medicamentos a cualquier lugar del país”.
Y es que la administración Federal no tiene los mismos elementos logísticos para hacer llegar los medicamentos a sus destinos como hacían los distribuidores.
En la última compra consolidada, por ejemplo, se adquirieron cerca de mil 450 millones de piezas de medicamentos. Genéricos, en su mayoría. El precio promedio fue de 18 pesos y dentro de ese costo se incluyó el precio de distribución.
Es decir, el precio del medicamento ya incluía el costo para hacerlo llegar a todo el país, lo cual “no representó un gasto adicional para el gobierno”, señala Ramos Alcocer. “El gobierno compraba un medicamento a los laboratorios y ese precio ya incluía su distribución a todos los rincones de México”.
Para 2021 sólo se ha consolidado una compra por parte del mecanismo UNOPS, la cual equivale al 30 por ciento de las necesidades de medicamentos para el primer trimestre. Aunque estaba programada para octubre de 2020, inició el 4 de diciembre debido a un “retraso en el proceso” y concluirá hasta mayo o junio de 2021.
“Primero había una consolidada con el IMSS, luego se la encargaron a Hacienda y luego a UNOPS, a través de Insabi”, explica Juan de Villafranca, Director de Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).
“Ellos van retrasados porque hasta ahorita no terminan la compra consolidada. En su lugar, hay compras que se hicieron de manera desordenada y sin logística. A partir del segundo semestre del año pasado y hasta ahorita, es lo más grave que hemos vivido”.
Ante esos retrasos, la UNOPS anunció que se realizarán “compras de emergencia” para el primer semestre del año.
“Esa compra se está entregando en una parcialidad con distribuidores logísticos y en otra parcialidad los mismos laboratorios están solicitando entregar directamente ante la falta de compromiso del gobierno con sus seis operadores logísticos”, señala Ramos Alcocer.
“Están manejando discrecionalmente la información y hay desconocimiento completo de la compra real y qué parte ya se hizo llegar a las unidades de salud. Se eliminó una compra consolidada que hacía el IMSS, se trasladó a Hacienda, hacienda la trasladó a Insabi, Insabi contrató a UNOPS y al día de hoy no se ha podido consolidar la compra”.
Un mapa del desabasto en México
El 2020 cerró con 8 mil procesos de compras públicas de medicamentos, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento fueron por adjudicación directa, lo que implicó utilizar cerca del 70 por ciento del presupuesto. “Se adquirieron un número mucho menor de piezas con precios más altos”, dice el director de Inefam.
Según la organización civil Cero Desabasto, entre 2019 y 2020 los pacientes con cáncer fueron los más afectados por el desabasto de medicamentos; seguidos por los enfermos de diabetes, hipertensión, VIH, epilepsia, insuficiencia renal, artritis, parkinson, lupus y esclerosis múltiple.
El número de reportes por medicamentos lo encabezó la insulina; seguida de los fármacos losartan, ciclofosfamida, atorvastatina, varios quimioterapéuticos, metformina, truvada, stiribild, telmisartan y clopidogrel.
“En general, encontramos cuatro piezas de insulinas con respecto a 10 en 2019. Los costos los pagan las bolsas de quienes las requieren que, en muchos casos, sus sueldos se debaten entre comer y sobrevivir a una enfermedad”, explica Martínez Moreno.
Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz encabezan la lista de entidades con mayor número de reportes de desabasto. Juntos acumulan el 55 por ciento de los casos registrados en la plataforma Cero Desabasto.
Por otro lado, el Movimiento Nacional por la Salud está conformado por más de 10 mil padres de familia luchando por un número similar de niños que no tienen muchas posibilidades de sobrevivir sin los medicamentos requeridos para luchar contra el cáncer.
“Gatell dijo que éramos un grupo de choque auspiciado por un partido político”, señala Israel Rivas, quien ayuda a los papás de otros pequeños aún cuando su pequeña Dana ya tocó la campana.
“Un niño con cáncer requiere de 18 a 20 medicamentos y si uno falta, puede haber un riesgo, un menoscabo en la salud o la pérdida de la vida, como ya ocurrió con centenas de niños mexicanos a quienes les negaron su derecho a la salud”.
@ItsMonseOrtiz
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— Movimiento Nacional Por la Salud Papás de Niños (@MovimientoNinos) March 25, 2021
