Una denuncia anunciada

La Asociación para el Mejoramiento Urbano y Medios Exteriores (Amurmex) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia para denunciar a los funcionarios integrantes del Consejo de la Publicidad Exterior.

“Otorgaron 2 mil 333 permisos a las empresas de anuncios de azoteas en 2 mil 169 ubicaciones cuando estos están prohibidos”, dice la denuncia.

Empresarios de la publicidad acusan que, a pesar de las denuncias penales que emprenden por prácticas ilegales en la Seduvi y la Autoridad del Espacio Público, no pasa nada en contra de los funcionarios.

Luego de los audios en los que se exhibió a Dhyana Quintanar, extitular de la AEP, actuar con favoritismo hacia ciertas firmas, los empresarios alzan la voz.

En más de una ocasión, explican, han llevado los casos de irregularidades en la industria de la publicidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de Justicia y la Comisión Federal de Competencia Económica, sin que pongan un freno al favoritismo direccionado a Grupo Rentable, de Ricardo Escoto.

Pese a la prohibición legal que existe para los anuncios en azoteas de los edificios, la Seduvi y la Autoridad del Espacio Público (AEP) autorizaron 2 mil 333 permisos de este tipo dentro del Padrón de Publicidad Exterior.

Muros y azoteas sin respetar

De acuerdo con la denuncia, los servidores públicos se coaligaron con el fin de tomar una decisión contraria al numeral 13 de la Ley de Publicidad Exterior, que en su artículo 25 puntualiza que en ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos en las azoteas o pretiles de las edificaciones.

“No podrán instalarse sobre muros, azoteas ni en la vía pública”, puntualiza la norma.

El Manual del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal tampoco permite los anuncios de azotea. 

Los publicistas representados en Amurmex denunciaron a la Seduvi y AEP que avalaron dichos registros en el padrón publicado el 18 de diciembre de 2015.

Partiendo como base que el artículo 266 del Código penal para el Distrito Federal refiere que cometerán delito los servidores públicos, que con el objeto de suspender la función legislativa (en este caso la prohibición de que se instalen anuncios en azoteas, de edificios públicos o privados) se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley e impidan su aplicación o ejecución.

De acuerdo con los empresarios las acciones de los funcionarios propiciaron que en un marco legal haya trato desigual para las demás empresas.

“Por ello que vengo a presentar formal denuncia de hechos en contra de los servidores mencionados y/o quien o quienes resulten responsables, personas que pueden ser localizadas en ubicado en Avenida Insurgentes Centro, número 149, Segundo Piso, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad”, puntualiza en referencia a la oficinas de la Seduvi.

Los empresarios del ramo también denunciaron en la averiguación previa FSP/B/211/16-01 que las mismas autoridades otorgaron permisos para anuncios adosados a muros ciegos.

“Cuando a nosotros nunca se nos ha permitido el acceso a las licencias de anuncios”, acusa Rocío Fernández Muniesa, de la agencia INCOMMEDIA.

Evitan mesas de trabajo

Desde que comenzó el reordenamiento de la industria las autoridades de Seduvi establecieron que para la expedición de licencia de los llamados anuncios adheridos a muros ciegos, los publicistas deberían integrarse a las mesas de trabajo que para tal fin organizara la autoridad.

De acuerdo a este artículo transitorio, las mesas de trabajo se debían instalar a más tardar el 22 de septiembre del 2012.

“Sin embargo las autoridades que se denuncian, se coligaron para violar esta ley, ya que nunca realizaron estas mesas de trabajo, y nunca otorgaron licencias a los publicistas que nos dedicamos a los anuncios adosados a muros ciegos”.

Añejas demandas

Ambas denuncias se suman a la queja que se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de la cual los agremiados de Amurmex denunciaron al Gobierno de la Ciudad de México y a la Seduvi de propiciar una competencia desleal con el fin de favorecer a las empresas de Ricardo Escoto.

También a la que inició la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) que denunció a finales de 2015 ante la Comisión Federal de Competencia Económica por las posibles prácticas monopólicas en el sector por parte del Consejo de Publicidad Exterior y Grupo Rentable.

En las respectivas denuncias se señala que cuatro empresas tienen los mismos representantes legales y simulan competencia en el mercado a través de Publicidad Rentable, Servicios Inmobiliarios REN, Máxima Vallas y Unipolares y Publiwall, cuando en realidad todas pertenecen al llamado “Zar de los espectaculares”.

Desde hace algunos años, los publicistas formaron una especie de bloque contra Grupo Rentable y acusan al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea), que dirige Meyer Klip Gervitz, de desempeñarse como el brazo ejecutor para clausurar aquellos anuncios que no forman parte del empresario favorito, Ricardo Escoto Núñez.

Pero las denuncias públicas están ahí sin que nada se mueva.