La búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa puso en la agenda nacional el tema de los desaparecidos en México, una problemática que germinó durante la guerra contra el narco que emprendió el expresidente Felipe Calderón
La PGR acusó al matrimonio Abarca de ser los autores intelectuales del secuestro y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, en colusión con el Cártel de los Guerreros Unidos
Hace un año México no sólo perdió 43 estudiantes.
La noche del 26 de septiembre del 2014 –mañana se cumple un año de este suceso que marcó el país- la esperanza y la confianza de los mexicanos sufrieron un duro golpe por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Hasta antes de esa trágica noche en Iguala, México iba encaminado hacia la construcción de un país prometedor impulsado por las reformas aprobadas durante el primer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Pero Ayotzinapa recordó a los mexicanos que el México bárbaro y violento seguía allí.
La desaparición de los 43 estudiantes provocó una indignación sin precedentes en el país. Como no había ocurrido desde hace tiempo, miles de mexicanos –principalmente estudiantes- salieron a las calles para protestar y solidarizarse con el dolor de los padres de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
En la Ciudad de México, entre octubre y diciembre del año pasado, se organizaron multitudinarias marchas para exigir a las autoridades el regreso con vida de los estudiantes guerrerenses.
El grito de “Faltan 43” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, comenzó a esparcirse no sólo en el país, sino en varias ciudades del mundo.
La causa por Ayotzinapa fue tomada como suya por grupos de estudiantes de todas partes para exigir al gobierno mexicano el esclarecimiento del caso y justicia para los normalistas.
En México se vivió una movilización social quizás sólo comparable con la que se detonó en su momento en 1968 la masacre de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco.
El caso Ayotzinapa tuvo de inmediato repercusiones políticas y significó un golpe duro al PRD, el partido del Sol Azteca que postuló al edil de Iguala, José Luis Abarca, señalado como el autor intelectual del crimen contra los normalistas.
El 23 de octubre, casi un mes de la tragedia de Iguala, el gobernador del PRD, el expriista Ángel Aguirre, tuvo que separarse del cargo en medio de la crisis que ocasionó en su gobierno la desaparición de los normalistas.
El vendaval político no paró con la salida de Aguirre del gobierno de Guerrero. El alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, fue detenido el 5 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.
La PGR acusó al matrimonio Abarca de ser los autores intelectuales del secuestro y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, en colusión con el Cártel de los Guerreros Unidos, grupo delictivo que tiene una disputa con Los Rojos por esta zona que comprende el corredor de la amapola.
La PGR ha informado que ha detenido por el caso Iguala a 111 personas por su involucramiento en el secuestro y muerte de los normalistas. Entre ellos hay policías municipales de Iguala, Cocula, integrantes del Cártel de los Guerreros Unidos, así como el exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Hasta el momento- después de un año de los hechos trágicos- el Poder Judicial de la Federación no ha emitido alguna sentencia por este caso.
Ayotzinapa significó también un parteaguas histórico para el presidente Peña Nieto.
El caso Iguala golpeó –como ningún otro en el sexenio- la línea de flotación de la administración federal que hasta antes de la noche del 26 de septiembre de 2014 cosechaba el capital político y el reconocimiento internacional que le había dejado la aprobación de las reformas estructurales en México en su primer año de gobierno.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas sumergió a México en una crisis de credibilidad y de confianza sin precedentes que zarandeó el gabinete presidencial.
En febrero pasado, cinco meses después de la tragedia de Iguala, Jesús Murillo Karam tuvo que ser removido de la PGR y enviado a la Sedatu, cargo del cual también fue sustituido hace un mes en los cambios realizados por el presidente.
Desde la PGR, Murillo Karam fue el responsable de la investigación que concluyó que los 43 normalistas habían sido incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del Cártel Los Guerreros Unidos, por órdenes del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
La investigación de Murillo Karam estaba sustentada principalmente en las confesiones de miembros de este grupo delictivo que aseguraban que los estudiantes habían sido quemados y sus cenizas tiradas en el Río Cocula.
Pero “la verdad histórica” de Murillo Karam nunca convenció a los padres de los normalistas, dudas que se acrecentaron por el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud del gobierno mexicano.
El informe Ayotzinapa, que realizaron los expertos del CIDH, sobre los hechos ocurridos hace un año en Guerrero, cuestionaba la versión de la PGR de que los normalistas habían sido quemados en el tiradero de Cocula.
José Torero, un perito en incendios originario de Perú, concluyó que en el basurero de Cocula no había evidencia de que los 43 estudiantes hubieran sido cremados.
El informe del GIEI reavivó el movimiento de los padres que nunca han dejado de exigir a las autoridades el regreso con vida de los estudiantes de Ayotzinapa.
El día de ayer el grupo de padres de los normalistas sostuvieron un encuentro con el presidente Peña Nieto y su gabinete para conocer los avances de la investigación.
La búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa puso en la agenda nacional el tema de los desaparecidos en México, una problemática que germinó durante la guerra contra el narco que emprendió el expresidente Felipe Calderón.
En Guerrero, en el tiempo en que las autoridades trataban de localizar los cuerpos de los estudiantes, se descubrieron decenas de fosas con casi 100 restos de personas que no han sido identificadas.
Pese a la urgencia evidente, pese a las presiones internacionales, en el Congreso federal sigue sin avances la aprobación de una Ley General de Desaparición Forzada.
Hoy, un año después de la tragedia de Iguala, es difícil saber lo que cambió en México la noche del 26 de septiembre de 2014. Será en los próximos años quizá cuando se note si el movimiento de Ayotzinapa se transformó en algo más allá de las movilizaciones en las calles en solidaridad con el dolor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Por lo pronto la búsqueda por los 43 sigue.
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