Una Asamblea de doble moral

La V Legislatura local llega a su fin. Este viernes concluye tres años de actividades parlamentarias. Tres años de tener un Congreso de doble moral…

Una aseveración así no es fácil de probar; pero la avaricia de un puñado de legisladores ha puesto en evidencia los excesos del poder legislativo.

Y es que durante los últimos tres años, la capital tuvo 66 representantes populares que diseñaron mejores mecanismos en materia de transparencia,  apoyos sociales, derechos humanos y austeridad, que no aplicaron para sí.

En términos llanos, los asambleístas del PRD, PRI, PAN, PT, PVEM y del  Panal fueron los primeros en ignorar las  disposiciones que ellos mismos aprobaron, con el único fin de obtener un sin fin de beneficios.

Para muestra un botón. No conforme con recibir prerrogativas mensuales y  un fondo de ahorro, los diputados locales se regalaron un bono de fin de legislatura ¡de 2 millones de pesos cada uno!

Esta es la historia:

A mediados del último periodo ordinario de sesiones de esta V Legislatura local (finales del mes de marzo de 2012) pusieron en la mesa la propuesta de aterrizar el tradicional “bono de marcha”.

Y para liberar “la última tajada del pastel” tuvieron que diseñar una estrategia que les permitiera dispersar la atención de los medios de comunicación y de cualquier curioso que los pusiera en evidencia.

El plan consistió en autoentregarse el dinero a través de diversos conceptos, aunque algunos de ellos resultaran inverosímiles para las actividades propias de los legisladores.

La intención real es simple: mantener la imagen del Congreso austero y sensible con la ciudadanía; recibir el bono sin que nadie se entere.

Por eso el discurso nunca cambió. En diversas entrevistas, la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales (ahora senadora), aseguró que en esta legislatura no habría “bonos de marcha” para los diputados locales.

Incluso, en el boletín oficial de la Asamblea Legislativa del DF –de fecha 12 de enero de 2012– queda constancia de lo que dijo la entonces presidenta en un evento público:

“La V Legislatura decidió eliminar bonos para diputados e impulsar becas para los estudiantes de educación básica, lo que permite que más de 24 mil jóvenes hoy cuenten con subsidio para estudiar”.

La duda sin respuesta

La mayoría de los medios de comunicación no quedaron conformes con la respuesta y algunos promovieron infinidad de solicitudes de transparencia a la Oficina de Información Pública de la ALDF.

Entre ellas:
1.- ¿Los diputados se darán un bono de fin de legislatura?
2.- Solicito copia de los bonos de fin de legislatura que se darán los diputados al término de la V Legislatura.
3.- Solicito copia simple de los acuerdos de Comisión de Gobierno de fecha 3, 24 y 26 de abril.
4.- Solicito copia de todos los recibos de pago, cheques, comprobantes de pago de dieta o cualquier otro comprobante de recursos por cualquier motivo que los diputados de la ALDF hayan recibido a lo largo de la actual legislatura.

Así se puede observar en solicitudes ingresadas por el sistema InfoMex identificadas con los números 5000000100112 Y 5000000113012 y otras más.

Las preguntas fueron contestadas solo en los casos en que no se precisó la petición; en los demás, la ALDF pidió ampliación del plazo y posteriormente omitió la respuesta, o contestó que desconocían dicha información.

La evidencia

Fuentes que pidieron el anonimato informaron a Reporte Indigo que en efecto, existe este bono, pero que se otorgó de manera disfrazada.

Explicaron que en reuniones privadas, los miembros de la Comisión de Gobierno y del Comité de Administración de la ALDF pactaron que se firmarían ocho  acuerdos para entregar un millón y medio de pesos a cada legislador, en una primera etapa.

Los 500 mil pesos restantes se entregarían en una segunda fase. Y  se autorizó la entrega de los recursos con base en fechas conmemorativas.

Mientras los peticionarios seguían la vía institucional, para hacer valer el derecho a la información (Info-DF), esta casa editorial tuvo acceso a los acuerdos de la Comisión de Gobierno que evidencian el “bono de marcha”.

Los primeros dos acuerdos se firmaron el 3 de abril. Uno de los conceptos justificaba diversas actividades con motivo del “Día del Niño”, por un monto de 200 mil pesos para cada legislador.

En el segundo, se argumentaron eventos diversos para el festejo del “Día de las Madres” y por una cantidad idéntica: 200 mil pesos por asambleísta.

Los cinco acuerdos restantes se firmaron en dos bloques, el 24 y 26 de abril bajo los siguientes conceptos:

“Día del Maestro”, 200 mil pesos
“Día Internacional del Trabajo”, 250 mil pesos
“Día del Padre”, 200 mil pesos
“Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, 200 mil pesos
“Día Mundial del Medio Ambiente”, 250 mil pesos.

Elementos probatorios

Mediante otra solicitud de acceso a la información pública, que sí se resolvió a favor del peticionario, identificada con el número 5000000246610, se detectó que en los años anteriores (2010 y 2011), solo se dieron dos de todos estos apoyos generales.

Esos son “Día de la Madre” y “Día del Niño”, pero a diferencia de este ejercicio fiscal, los montos autorizados para dichos eventos fueron por un total de 25 mil pesos para cada legislador.

Lo curioso es que para el cierre de legislatura los dos conceptos crecieron casi 10 veces y a diferencia de los años pasados, no hubo invitaciones para esos eventos públicos.

Además, un concentrado de gastos del Comité de Administración, señala que en 2011 se destinó a dicho rubro un millón 625 mil pesos para el evento del “Día del Niño” de todos los legisladores.

Mientras que en el pasado mes de abril, el mismo concepto justificó una partida de 13 millones 200 mil pesos.

La solicitud que permitió a esta casa editorial hacer dicho comparativo tuvo un costo de más de 3 mil pesos en puras copias simples, lo cual no es posible pagar para el grueso de la ciudadanía.

El último concepto por el cual se completaron los 2 millones de pesos fue “Día Internacional de la Juventud”, por un monto de 500 mil pesos para cada asambleísta, mismo que se entregó al término de la última sesión extraordinaria de la V Legislatura local, con fecha 21 de agosto.

– Compañeras y compañeros diputados:  Con el cierre de este Periodo Extraordinario damos casi por concluidos los trabajos de esta V Legislatura, misma que se ha caracterizado por la construcción de acuerdos y la aprobación de leyes que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como de legislaciones estratégicas para el desarrollo económico y social de los habitantes del Distrito Federal – dijo ese día  el diputado Fernando Cuellar en su papel de presidente de la Mesa Directiva.

“Legisladores y legisladoras, el día de hoy se declaran solemnemente clausurados los trabajos correspondientes al Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

“Insértese el acta de la presente sesión en el Diario de los Debates. Se levanta la sesión”, concluyó antes de que se entonara el himno nacional y se escucharan las ovaciones.

Pese a todo, la ciudad es más transparente

Especialista en Transparencia Parlamentaria asegura que los legisladores han encontrado formas para no rendir cuentas sin violar la ley.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está llena de claroscuros. Así opina el especialista en Transparencia Parlamentaria por la Universidad Autónoma de México, Khemvirg Puente.

Y es que a nivel nacional es el Congreso estatal más transparente que hay, pero uno de los más bajos a nivel internacional.

En entrevista con Reporte Indigo, afirma que la V Legislatura tiene un balance positivo en lo concerniente al diseño de leyes de avanzada, pero uno negativo en cuanto a su cumplimiento.

Explica que los legisladores han manejado con opacidad los recursos públicos, como en el caso del ”bono de fin de legislatura” que se otorgaron. 

“Lo que sucede es que existe una falta de compromiso con la transparencia. Lo único que están haciendo es cumplir con la ley a modo, pero sin rendir cuentas, de tal forma que lo que buscan es darle vuelta a la ley”.

A su consideración, en los hechos la ALDF no está cumpliendo la normatividad, como asegura también es el caso con la mayoría de los servidores públicos de todo el territorio nacional.

Sobre el caso en especifico (la entrega disfrazada del llamado “bono de marcha”) indica que propiamente, los diputados locales cumplen con la ley, “cuidando escrupulosamente no violentarla”.

“Sin embargo, la consecuencia de no rendir cuentas es minar la credibilidad del sistema parlamentario”, añade.

Para el especialista de la UNAM, los políticos, incluidos los legisladores, son actores racionales que si rinden cuentas, pero solo ante quienes les van a garantizar vigencia política.

“Si el cargo de los diputados dependiera realmente de los ciudadanos, los capitalinos serían los primeros en conocer lo que está pasando con sus representantes”.

Y añade:

“En la práctica, rinden informes solo a los caciques, lideres sindicales, al patrón político, jefe político, Jefe de Gobierno, líder de partido o secta que los dirige”.

Considera que para inhibir este tipo de conductas es necesario implementar la reelección, instrumentar códigos de ética, referéndums y demás métodos que comprometan a los legisladores con la ciudadanía.

Tras afirmar que la falta de cumplimiento a las normas legales –que ellos mismos diseñan– les genera un punto negativo, reitera que “estamos hablando del Congreso local mejor calificado del país”.

Pero aclara que a nivel internacional “la transparencia, productividad legislativa y rendición de cuentas está por debajo de la media”.

En resumen, hay una dualidad en el balance. “Es negativo, pero si vemos los alcances de las leyes, el balance es positivo”…

Sostiene que la transparencia es la única forma de inhibir que los órganos de gobierno realicen gastos onerosos.

“Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los escenario la práctica común es la corrupción”.

Y mientras tanto, la VI Legislatura local afina su toma de protesta –el día 17 de septiembre próximo– y por práctica, tendrán acceso a los mismos privilegios que sus antecesores.