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"Siempre que se arraigue para investigar no podemos hablar de un Estado que respeta plenamente los derechos humanos”
El consenso respecto a la necesidad de eliminar la figura del arraigo es generalizado.
Es una medida que, según los expertos, va en contra de los estándares internacionales en materia de debido proceso.
Desde que esta figura fue elevada a rango constitucional con la reforma de justicia penal de 2008, la arbitrariedad se abrió paso.
Sin determinar si es inocente o culpable, la práctica de privar a una persona de su libertad se volvió la regla. Una aberración completa: se antepuso el objetivo de reunir información para luego utilizarla en la etapa de juicio.
Este es el origen del libro “La figura del arraigo penal en México. El uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos”.
El texto escrito por Silvano Cantú, Juan Carlos Gutiérrez y Michaela Telepovska, con la colaboración en la investigación de Leopoldo López Rizo, circula ya de manera gratuita en Internet y se presentará en el Senado de la República.
La publicación que edita la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), con el apoyo financiero de la Unión Europea, sostiene que las penas precondenatorias como el arraigo “abren la puerta a la detención arbitraria y la tortura”.
Nueve organismos internacionales han recomendado a México eliminar esta figura, que viola diversos derechos vinculados a un debido proceso.
“Siempre que se arraigue para investigar no podemos hablar de un Estado que respeta plenamente los derechos humanos”, explica Telepovska.
Se prevé que a mediados de mes se presente en la Cámara alta la versión impresa de una de las publicaciones más completas sobre el arraigo.
Desde hace cuatro años, la CMDPDH monitorea los casos de arraigo en toda la República Mexicana con el objetivo de documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo esta figura.
De ahí que una meta de este texto es contribuir al debate público para lograr que el arraigo se elimine en todos los códigos penales del país.
Los autores de esta obra esperan lograr comprometer la apertura de legisladores de diversos partidos políticos que comparten el diagnóstico y el consenso de organismos internacionales, tribunales de justicia y gobiernos locales.
Cantú dice a Reporte Indigo que se contará con un buen momento para que, en el marco de la presentación del libro se cristalice un consenso intersectorial contundente en contra de una medida “que no cabe en un derecho penal democrático”. Postura que han compartido tanto el procurador general de la República como el Ejecutivo federal.
Estados a la vanguardia
Existen ya casos de Estados que han dado pasos decisivos hacia la eliminación del arraigo.
Uno es Chiapas que, no solo lo eliminó de su código procesal penal, sino que incluso lo prohibe expresamente en su Constitución local.
Oaxaca es otro caso y el tercero, Yucatán. Así, varias entidades federativas se han sumado mucho antes de que lo hiciera la PGR al consenso contra el arraigo.
Ahora lo que toca, tras tres años de denuncia e investigación nacional e internacional, puntualiza Cantú, es que, además de impulsar la eliminación del arraigo en el Congreso, “los controles judiciales puedan ya hacer efectiva la necesidad de que es un práctica en desuso”.
Un dato revelador indica que el porcentaje de efectividad de las órdenes de arraigo a nivel federal es nimio. Las órdenes de arraigo que se convierten en sentencias condenatorias son apenas el 3.2 por ciento. Además de la afección a los derechos humanos, la medida para perseguir a la delincuencia es inútil en un 97 por ciento según los expertos.
El arraigo “no sirve para perseguir a los delincuentes como tanto han justificado las autoridades”, remata Cantú.
