Un refugio de criminales extranjeros

El atractivo de Puerto Vallarta a nivel nacional e internacional, su vida económica y el turismo sexual que ahí se desarrolla, traen consigo una presencia criminal muy importante y diversificada, haciéndolo lugar de residencia y operación de extranjeros involucrados en múltiples actividades delictivas, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Lavado de dinero, narcotráfico, fraude, homicidio, robo, violación y abuso sexual infantil forman parte de los antecedentes criminales de individuos que ingresaron al país y que fueron detectados en el periodo 2007-2013 en el puerto, y por los que fueron deportados a sus lugares de origen por las autoridades migratorias. 

El INM da cuenta de 23 individuos que se encontraban en el puerto y que fueron devueltos a sus países por su historial delictivo, 22 de ellos de  Estados Unidos (EU), y un jamaiquino; cinco de ellos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y el resto por el Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals Service, la agencia del Departamento de Justicia persecutora de fugitivos de la ley). 

De estos, el ilícito más común fue el abuso sexual infantil (por seis estadounidenses y el jamaiquino), más un par de “delitos sexuales contra menores”, enmarcados en el turismo sexual infantil de Vallarta que ha confirmado el Departamento de Estado de EU, y que es  una de las formas de explotación penadas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. 

Su práctica merece prisión de 15 a 25 años, es decir, “al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad (artículo 18)”.

Según el Reporte sobre Trata de Personas 2013 del Departamento de Estado, Vallarta es uno de los principales destinos de turismo sexual infantil en México.

Eso lo sostiene desde el 2012, cuando lo incluyó por primera vez en su informe, junto a Cancún y Acapulco (en Quintana Roo hubo cuatro deportaciones de abusadores de niños). 

Dice el Reporte del 2013: “Grupos del crimen organizado coaccionan a niños e inmigrantes para prostituirlos y que trabajen como asesinos a sueldo, vigilantes y en la producción, transportación y venta de drogas. Hubo reportes durante el año de grupos criminales recurriendo al trabajo forzado en minas de carbón y secuestrando profesionales, incluyendo arquitectos e ingenieros, para trabajo forzado. 

“El turismo sexual infantil persiste en México, especialmente en áreas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, y en las ciudades de la frontera norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Muchos visitantes del turismo sexual infantil provienen de EU, Canadá y Europa Occidental, aunque algunos son ciudadanos mexicanos. 

“En ciertas partes del país las amenazas de violencia de las organizaciones criminales obstruyen las capacidades del gobierno y la sociedad civil para combatir la trata de manera efectiva”, dice el reporte. 

En el resto de Jalisco hay constancia de la deportación de otros 11 individuos por delitos sexuales contra de menores de edad, como abuso sexual, prostitución y pornografía infantil y corrupción de menores, todos de EU; uno buscado por el FBI, otro por la Interpol, y siete por el Cuerpo de Alguaciles. 

A este contexto pertenece la detección, el 16 de febrero pasado, de un par de integrantes del grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en Vallarta.

Terrorismo en Jalisco 

Este vínculo ETA con el puerto no es el único antecedente de Jalisco siendo utilizado como residencia de extranjeros involucrados en terrorismo, los archivos del INM revelan otro evento que lo precede. 

El 6 de septiembre del 2011, un individuo que estaba asentado en Jalisco, originario de EU, fue devuelto a su país, donde era buscado por actos terroristas por la agencia del Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals Service del Departamento de Justicia), aunque no se precisa si desde esta entidad desarrolló algún tipo de función con ese objetivo ilegal. 

Ninguna otra delegación del INM registró deportaciones por este motivo en los documentos que transparenta. 

En el Programa para la Seguridad Nacional, el terrorismo se clasifica como una amenaza para el Estado Mexicano, con un incremento “importante” en la última década, afectando en “muchos casos” a países antes ajenos al mismo: 

“Hasta ahora México no ha sido blanco de ataques terroristas. Sin embargo, su posición geográfica podría resultar de interés para aquellos actores que busquen realizar atentados en contra de EU o contra intereses de ese país en nuestro territorio. 

“La posibilidad de que México sea utilizado por las organizaciones terroristas como plataforma logística, operativa y financiera para el tráfico de materiales de uso dual o para planear atentados en contra de objetivos en EU no debe ser descartada. 

“Se trata de una amenaza que debe ser considerada desde una perspectiva amplia: actos terroristas podrían ocurrir en territorio nacional, planearse en territorio nacional con enfoque hacia terceros Estados, o nuestro país podría ser un punto de tránsito de posibles terroristas”, advierte el programa. 

Jalisco despunta también  por ser el segundo estado con más narcotraficantes deportados, con 15; después de Sinaloa, con 19 (nueve de estos colombianos, cuatro de EU, y el resto de Ecuador, Guatemala, Cuba y República Dominicana); seguido por Tamaulipas (11). 

Por delitos cometidos en contra de menores de edad, sexuales o no, Jalisco suma 22 deportaciones, el primer lugar nacional; seguido por Quintana Roo, con cuatro. 

Mientras que solo Nayarit detectó tratantes extranjeros: uno de Guatemala, otro hondureño.

El resto del país

El INM da cuenta de 23 individuos que se encontraban en el puerto y que fueron devueltos a su país por su historial delictivo. 22 de ellos a Estados Unidos

El INM dice no contar con deportaciones por narcotráfico, trata, terrorismo o delitos contra menores de edad en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Puebla, Chiapas, Tabasco y Zacatecas. 

Mientras que el Distrito Federal, Oaxaca y San Luis Potosí reconocen que no elaboran bases con ese grado de detalle.

De 2007 al 2013 se habla de 40 mil 996 deportaciones en el país.