Un problema social que afecta a ricos y pobres

Los jóvenes que no estudian ni tampoco tienen empleo son fácilmente enganchados por los grupos delictivos como distribuidores de grapas y hierba, a cambio de otorgarles pequeñas ganancias por cada sobre que vendan en la calle.

Otros más como parte de esta estructura del narcomenudeo se alquilan para cobrar o para golpear a aquellos que se rehúsan a pagar las deudas de droga.

“En realidad es un problema social muy fuerte; no distingue ricos o pobres, blancos o negros, solteros o casados, hombres o mujeres, niños o jóvenes, es un problema social que afecta a todos.   Tenemos datos que jovencitos que salen de la primaria y entran a la secundaria que ya tienen este tipo de problemas”, asegura Ibarra Díaz Trujillo.

Ante la tarea que comenzó ayer, el titular de la SSPDF, Manuel Mondrágon y Kalb insiste a su equipo el hecho de seguir trabajando en lo que ya se hace: la prevención y la reacción.

La dependencia ha fijado cuatro aristas para tratar el problema del narcomenudeo: en el rubro de salud pública destaca la problemática de las adicciones; en lo económico, las ganancias que mueve el negocio de las drogas; el problema social, la desintegración de familias cuyos integrantes caen en las redes del consumo o distribución y finalmente el tema de seguridad pública.

A partir de las nuevas atribuciones, la SSPDF prevé que se incrementen las denuncias telefónicas que recibe el 066, por lo que habrá que extremar precauciones a la hora de reacciones pues muchas de esos reportes son falsos.

A diario mucha gente llama a la policía capitalina para hacer sus denuncias anónimas de puntos en los que supuestamente se vende droga.

“Qué hacemos, acudimos a verificar que haya cierto tipo de movimiento y la mayoría de las veces cuando llegamos, no hay nada, porque tiene mucha movilidad, el vendedor de droga no tiene un establecimiento fijo, no es una persona que tenga en su casa, 10, 20, 30 o 50 kilos”, precisa.

El narcomenudista, dice, se mueve en la ciudad con cantidades muy pequeñas para que, en caso de ser detenido, pueda alegar que es para consumo.

Pese a que la Procuraduría de Justicia capitalina creó una Fiscalía Especializada para la atención de este delito, la SSP se mantiene firme al reiterar que la policía preventiva mantendrá el trabajo que ya venía realizando, con la única diferencia de llevar a los detenidos al MP local.

Entonces, ¿cuál es la ventaja de la competencia en materia de narcomenudeo a los Estados de la República y el DF?, entre otros aprovechar la capacidad de despliegue regional que tiene la policía preventiva.

Esto es que, pese a los operativos que la PGR implementa en los diferentes Estados del país, las fuerzas policiacas generalmente concentran sus esfuerzos en las capitales y no llega a poblados donde la actividad narcomenudista es alta.

Así, en el DF no se puede despreciar la vigilancia de más de 75 mil policías preventivos desplegados a través de 865 cuadrantes, zonas delimitadas geográficamente cuya responsabilidad recae tres elementos, uno por cada turnos.

Mediante este esquema es responsabilidad del jefe de cuadrante, informar de todo lo que pasa en su zona, así como tener conocimiento a profundidad de cada uno de los immuebles y negocios que operan en su entorno.

Comercios, escuelas, centros de espectáculos, zonas habitacionales, iglesias, incluso, narcotienditas.

Los cuadrantes, como sistema, obligan a la policía de proximidad a mantener un vínculo permanente con los ciudadanos dentro de su perímetro de responsabilidad, a través de visitas domiciliarias.

Ahora bien, después de la policía preventiva y la de investigación, el balón está en la cancha de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), quienes tendrán que distinguir la diferencia entre casos de farmacodependencia o fines de venta.

El TSJDF resolvió que no haya juzgados especiales para la atención de los procesados por narcomenudeo aunque a los jueces se les dio capacitación para especializarse en el tema.