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Los tres inculpados promovieron un amparo que fue resuelto en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en donde se desestimó el atentado contra el periodista
"La agresión sufrida en mi contra la atribuyo a una consecuencia de índole político, porque la línea editorial de Tucán ha sido crítica y objetiva desde hace 16 años y esto incomoda a algunos funcionarios públicos"
Para el fotoperiodista oaxaqueño Said Hernández, en México su profesión se ejerce en la peor de las condiciones, sin ninguna garantía por parte del Estado y con organismos obsoletos y burocráticos que no salvaguardan la integridad de los comunicadores.
Lo dice por experiencia propia. Said forma parte de las estadísticas de ataques a periodistas en el país.
La madrugada del 24 de junio de 2012, el jefe de información y director del portal de la Revista Tucán, fue agredido con armas punzocortantes, cuando llegaba a su casa en Oaxaca acompañado por su hermano.
“¡Los estábamos esperando, ahora sí ya se los cargó la chingada (…) para que le bajen de huevos!”, fueron las palabras de los agresores.
De acuerdo a cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el 2012 se reportaron 184 atentados en contra la libertad de expresión.
El año pasado, la cifra casi se triplicó.
La CDHDF registró 424 agresiones en contra de comunicadores. La entidad federativa con más ataques de este tipo fue el Distrito Federal, con 123 , le siguió justamente Oaxaca con 50, y Veracruz con 43.
A Said ya lo tenían identificado y la agresión fue directa. Le causaron heridas que lo pusieron al borde de la muerte. Una lesión en el pecho -en la zona del pulmón y corazón- y otra en la pierna izquierda, con una longitud de 20 centímetros.
El periodista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones para lograr salvarle la vida.
Sin embargo, luego de sufrir el atentado, al oaxaqueño le dieron otro golpe. El juez Primero de Distrito en Oaxaca, José Luis Legorreta Garibay, otorgó el amparo y protección de la justicia a las tres personas que atentaron contra él.
Ni la fiscalía especializada contra delitos a periodistas -que encabeza Laura Borbolla- ni la comisión del Senado para seguimiento a los casos de agresiones a periodistas -que preside el senador Marco Antonio Blázquez- han hecho algo para procurar condiciones de seguridad para el comunicador.
Tampoco el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaria de Gobernación ha metido las manos.
La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) ha señalado que a pesar de que en el sexenio pasado el presidente Felipe Calderón anunció la creación de una Fiscalía para proteger a los reporteros y Enrique Peña Nieto amplió la propuesta con la fundación de un mecanismo con el mismo objetivo, las propuestas gubernamentales no han producido ningún resultado.
En lo que va del año han sido reportados, de manera oficial, los asesinatos de tres periodistas. Además, la Felap destaca que de 2000 a 2014, tienen registrados 132 asesinatos, 109 periodistas, 10 trabajadores de la prensa, nueve familiares, tres amigos de informadores y un civil como daño colateral.
Por su parte, la organización Artículo 19 en su más reciente informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, expuso que el primer año de gobierno de Peña Nieto fue el peor para la prensa en el país.
Oficialmente, 174 periodistas tienen amenazas de muerte, 67 están desplazados y 18 emigraron por miedo.
“En México es más importante un periodista muerto que un periodista perseguido o amenazado. Cuando un periodista muere todo el gremio se aglutina entorno a su féretro, pero cuando lanza el llamado de auxilio, nadie lo escucha.
“Esa es la principal causa por la que el mismo estado no nos otorga el debido respeto”, dijo Manuel Gonzáles Arizpe, promotor de los derechos de los periodistas.
‘Para que le bajen de huevos…’
La madrugada del 24 de junio de 2012, cuando Said Hernández fue atacado, una patrulla de la Policía Municipal pasó por el lugar.
Al notar la presencia de los elementos policiacos, los agresores huyeron en un vehículo Renault Megane con placas de circulación TKK 91-15, el cual fue interceptado unas cuadras adelante. Los policías revisaron y aseguraron el auto.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al cuartel de la Policía Municipal, quien con una multa pretendía ponerlos en libertad, pero por la denuncia oportuna de familiares del periodista fueron trasladados al Penal de Santa María Ixcotel.
Se inició la averiguación previa dentro del expediente número 108/2012 en el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en Oaxaca.
Los agresores fueron identificados como Ernesto Gerardo Gaona Robles, quien tiene antecedentes penales por lesiones calificadas de acuerdo al expediente 32/2002; Daniel Amador Martínez, también con antecedentes por robo calificado, de acuerdo a la averiguación previa AP/722-2001, y Emilio Martínez Cortés o Emigdio Martínez Cortés.
El juez que conoció de la causa, al encontrar elementos para acreditar la probable responsabilidad de los inculpados, dictó auto de formal prisión por el delito de tentativa de homicidio.
Ante ello, los tres inculpados promovieron un amparo -el número 1103/2012- mismo que fue resuelto en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en donde se desestimó el atentado contra el periodista.
El 4 de abril del 2013, a los agresores se le impuso una fianza de 100 mil pesos -a cada uno- para gozar de su derecho libertad bajo caución, la cual fue pagada a solo dos horas de que el juez dictara la sentencia.
De acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en octubre pasado México recibió fuertes críticas por los ataques a periodistas, la impunidad y fallas en el Sistema de Protección.
Incluso 30 de los 89 países participantes del Examen Periódico Universal ante el Consejo de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación y pidieron soluciones.
La SIP refiere que para febrero de este año la Secretaría de Gobernación había recibido 152 peticiones de ayuda a periodistas y defensores de derechos humanos, de las cuales 22 no fueron aceptadas, 89 quedaron pendientes y 41 se revisaron y discutieron; es decir, 70 por ciento de las solicitudes no fueron atendidas.
Los criterios del juez
El juez que otorgó el amparo a los agresores de Said Hernández consideró que las heridas causadas al agraviado nunca tuvieron por objeto privarlo de la vida, aun cuando las lesiones de arma punzo cortante estuvieron a centímetros del corazón, de acuerdo a lo que se acredita en el expediente 1103/2012
El juez José Luis Legorreta Garibay estableció como fundamento de sus criterios que no consta que “las heridas provocadas por los peticionarios de amparo, consistentes en darle un piquete en el pecho a la altura de la tetilla del lado derecho con un picahielo, un fierrazo con una charrasca en la pierna izquierda e intentos de varios cinturonazos, hayan tenido la intención o voluntad de privar de la vida al ofendido Rafael Said Hernández”.
También refutó la intención verbal de amenaza de los agresores, al considerar que ello no es suficiente para determinar que los quejosos tenían la intención de privar de la vida al sujeto.
“Ello llevaría a un subjetivismo absurdo que daría origen a sancionar el puro propósito o la intención, sin que esa se hubiese manifestado en actos ejecutivos del delito, los cuales no pueden considerarse idóneos y directos para consumar el ilícito”.
Los defensores del periodista promovieron el recurso de revisión que fue valorado por los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, quienes confirmaron las observaciones del juez de primera instancia, ordenando la reconfiguración del delito de tentativa de homicidio por el de lesiones, lo que no agravó la situación jurídica de los detenidos.
Siguen las amenazas
Poco antes de un mes de que se les otorgara el amparo a quienes atentaron contra la vida de Said Hernández, un sujeto con gorra y gafas se acercó al periodista y le dijo:
“Said, solo te digo que estos cabrones saldrán en diciembre y te van a matar, a ti y a tu padre, para que te lo sepas cabrón, te manda el mensaje el Caletri”, recuerda Said.
El comunicador del Tucán, con sus propios recursos y apoyado por algunos miembros del su gremio en Oaxaca, ubicó la procedencia de las amenazas.
Acusó a Fredy Fuentes Vásquez, conocido como el “Caletri” o el “Bonifacio”, quien mantiene una estrecha relación con los acusados.
A la fecha, las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca se encuentran sin avances. No se ha esclarecido el origen de esta agresión.
El trabajo de Said Hernández toca intereses de los gobernadores Diódoro Carrasco Altamirano, José Nelson Murat Casab, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo. Especial difusión se le ha dado al desvío de recursos en la administración municipal de Oaxaca de Luis Julián Ugartechea Begué.
Said rechazó el uso de escolta federal, ya que asegura que no tiene confianza en las autoridades.
Suspenden investigación
A unos meses de finalizar el proceso penal y se dicte sentencia, vecinos de Said Hernández han identificado a Daniel Amador Martínez, quien a bordo de una camioneta Liberty, color Negro, realiza rondines por el domicilio del periodista.
Esto viola la restricción establecida por el Juez Cuarto de lo Penal de no transitar por el domicilio de la víctima hasta la conclusión del proceso, de lo contrario, perderán su libertad bajo caución.
En septiembre del año 2013, el periodista Said Hernández fue citado para someterlo a un interrogatorio, en una audiencia que fue suspendida, sin que se haya programado nueva fecha, alargando el proceso jurídico.
Actualmente dos de los agresores se encuentran en libertad. Ernesto Gerardo Gaona Robles y Daniel Amador Martínez.
Emigdio Martínez Cortes no ha hecho uso del derecho de fianza, y se encuentra recluido en el penal de Santa María Ixcotel, en Oaxaca.
México y la intimidación
La organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington, Freedom House, incluyó a México –junto con Cuba, Ecuador, Honduras y Venezuela- entre las naciones sin una prensa libre.
Costa Rica y Uruguay permanecieron en 2013 como las únicas dos naciones latinoamericanas con prensa libre, según su informe anual sobre la libertad de expresión.
El informe indicó que las condiciones en México y Honduras no han mejorado debido a los “altos niveles de violencia e intimidación” contra los medios de comunicación.
