A un paso de la libertad…otra vez

Para el abogado de José Manuel Mireles, el proceso legal del jefe fundador de las autodefensas en Michoacán es “karkiano”. Aun así, el defensor Ignacio Mendoza Jiménez considera que la libertad del líder rebelde se podría dar la semana que entra.

La entrada en vigor de la reforma a la ley de Delincuencia Organizada, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, podría ser la llave para que Mireles deje la cárcel.

La nueva legislación dejó de tipificar como delito grave la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Federales, mismo por el que Mireles se encuentra procesado y encarcelado en Hermosillo, Sonora.

Con base a esa reforma, la defensa del fundador de las autodefensas de Michoacán ya solicitó al juez de la causa la remisión de la medida cautelar de la prisión, es decir, pidió la libertad condicional del inculpado.

“La que se debe dar porque no depende de un criterio del juez, sino que se debe dar en respeto al marco jurídico vigente”, dijo Mendoza.

La petición fue presentada en el juzgado segundo de lo penal en Morelia y remitida a un Juzgado Auxiliar en Jalisco, en donde ya fue aceptada. De este acto ya fue notificado el inculpado. Por lo que la posibilidad de la libertad de Mireles se definirá en una audiencia programada para el lunes.

Esta sería la tercera ocasión en que Mireles se encuentra en la antesala de la libertad, luego de dos años de enfrentar en un proceso penal, en donde a decir de su defensor, se le ha violentado su derecho a un proceso penal justo, igual que a los otros 381 autodefensas que se encuentran procesados.

El principal acto del proceso penal que atenta contra el derecho de Mireles y de los otros exautodefensas, ha sido la dilación. En repetidas ocasiones se han pospuesto audiencias y se han postergados declaraciones de testigos llamados por la defensa, con la única finalidad de alargar el encarcelamiento, explicó Mendoza.

¿Y el Estado de Derecho?

De acuerdo al abogado de José Manuel Mireles, en el proceso penal del líder fundador de las autodefensas no solo está en juego la libertad de él y los miembros de la resistencia civil procesados.

También está en juego “la exposición de la violación al Estado de Derecho que se hizo en Michoacán por parte del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como del comisionado Alfredo Castillo”.

A causa de esa violación del Estado de Derecho, dijo el jurista, en Michoacán se cometieron delitos de lesa humanidad, los que en cualquier momento el juez español Baltazar Garzón podría exponer en alguna corte internacional para reclamar la comparecencia de los actores de esos ilícitos.
“Por eso el Estado ha dilatado este proceso penal”, aseguró Mendoza.

Eso es lo que también hace pensar al jurista José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, que Mireles es un preso político que solo saldrá de prisión mediante un acuerdo.

“Porque todo su proceso penal se encuentra viciado, porque al Gobierno Federal no le conviene que salga de prisión”, indicó.

El argumento de la ‘conducta justificada’

Aun cuando el proceso penal en el que se encuentra envuelto José Manuel Mireles está en la etapa de deshago de pruebas, el abogado Ignacio Mendoza aseguró que se tomó la decisión de generar un “incidente no especificado de sobreseimiento de la causa”, al no existir elementos para cuadrar el delito imputado.

El delito por el que se encuentra preso Mireles, explicó, es por la portación ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Federales.

“Pero el tipo penal se compone de tres elementos, de los que solamente dos están satisfechos: sí portaba
armas, y las armas sí eran de uso exclusivo del Ejército, pero la portación no era ilegal, porque Mireles tenía permiso, ilegitimo, pero finalmente permiso de la autoridad federal para el uso de esas armas”, explicó.

A la falta de elementos para la configuración del tipo penal en la causa de Mireles, se suma también la atenuante de obrar por estado de necesidad.

Y es que Mireles y los autodefensas presos eran perseguidos, con la consigna de asesinarlos, por parte de las células del crimen organizado, contra las que iniciaron una confrontación.

Mendoza calificó esto como “conducta justificada”, contemplada en el Código Penal Federal, donde Mireles miró por su vida, tutelada por la Constitución.

Por eso, el defensa solicitó el sobreseimiento de la causa, la que se podría dar en esta misma semana, si no existe dilación del juzgado para llevar a cabo la audiencia prevista.