La Ciudad de México es una de las entidades en las que más se han defendido y garantizado los derechos de las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (VIH).
Activistas y legisladores locales afirman que se ha impulsado su atención médica y promovido iniciativas para procurar que los pacientes con esta enfermedad no sean discriminados.
Sin embargo, señalan que existen pendientes importantes para seguir garantizando sus derechos, entre ellos, la descriminalización.
Esto en el contexto del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se instauró desde 1988 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido, y celebrar las victorias en su atención como el acceso a los servicios preventivos y a tratamientos.
La problemática
La población de personas con VIH enfrenta diversos problemas de índole social, principalmente, la discriminación.
Al respecto, la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la capital señala que la población con diagnóstico positivo de VIH es el noveno grupo social más excluido a nivel local.
Datos sobre los expedientes de queja presentados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 1997 a 2017, a nivel nacional, indican que se han abierto mil 391 querellas por agravios a los derechos de las personas con VIH.
A su vez, información de la Clínica Especializada Condesa, que se puede consultar en su portal electrónico, señala que en la capital del país hay 225 mil personas viviendo con el virus, de las cuales el 77 por ciento son mujeres y el 23 por ciento, hombres.
Respecto a la esperanza de vida, de acuerdo con el Informe de Mortalidad por VIH en México 2017 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, la tasa de mortalidad de pacientes a nivel local es de solo 0.5 por ciento.
Los avances en CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México es la entidad que más se ocupa en garantizar el derecho a la salud de las personas con VIH, señala Víctor Manuel León Ríos, activista independiente en pro de dicho sector de la población.
Menciona que la capital tiene el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y en ella habitan legisladores que viven abiertamente con VIH lo que genera instituciones más sensibles, ya que empatizan con la garantía de acceso a derechos como la salud o el trabajo, además de la lucha permanente de la no discriminación.
Reconoce también el trabajo de Geraldina González de la Vega, presidenta de la Copred, en su trabajo contra la discriminación de quienes, como él, viven con el virus.
No obstante, Víctor Manuel León comenta que en el marco de la conmemoración de este día, siguen temas pendientes como la mejora de las acciones de Gobierno.
“La exigencia de mejores políticas públicas no se debe solo quedar en lo clínico sino también en lo laboral, penal, de derechos humanos y social. Así como en los espacios de salud y exponer los errores y fallas de las instituciones y su desinterés, y recordar a las personas que han muerto por complicaciones de sida”, afirma.
Subraya la importancia de descriminalizar a los pacientes con VIH, ya que el supuesto peligro de contagio atenta contra los derechos humanos y afecta su futuro.
Precisa que dicha creencia que estigmatiza se basa en un artículo promovido hace 20 años, lo que implica que son datos desactualizados: “Con la información científica y médica actual, el artículo quedaría inútil”.
Contra la criminalización de personas con VIH
El 3 de noviembre de 2021, los diputados locales, Temístocles Villanueva y Ana Francis López Bayghen, presentaron una inciativa en el Congreso de la Ciudad de México para erradicar la criminalización de personas con VIH.
Según la iniciativa, a pesar de que el sida es una enfermedad tratable y cuyos pacientes han aumentado su esperanza de vida, en el Código Penal local aún está tipificado el “peligro de contagio” como un delito, que ha criminalizado y estigmatizado a quienes viven con el virus.
“El principal problema de la tipificación de peligro de contagio, tanto en el Código Penal federal como en los códigos locales es la ambigüedad de la definición de las conductas incriminatorias; por lo que la autoridad jurisdiccional es quien decide en la mayoría de las ocasiones qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son las punibles.
“Además, cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere específicamente generar un daño, lesión o la transmisión de la enfermedad”, menciona la propuesta.
Asimismo, indica que el dolo en el “peligro de contagio” es ambiguo porque no existe una forma en que se pueda demostrar si hubo intención o no de exponer a alguien a la enfermedad.
“La cuestión hipotética del dolo resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las manifestaciones clínicas del VIH o el SIDA en la mayoría de los casos no son apreciables al momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya corresponsabilidad no fue asumida en el momento del contacto, puede violar los derechos humanos”, detalla el documento.
Hasta la fecha, la propuesta de reforma no ha sido aprobada por el Congreso de la ciudad.
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