‘Un paso adelante’

La Ley General de Víctimas es sin duda un paso adelante en un camino que debe pavimentarse de realidades. De hechos. 

Los esfuerzos de reparación del daño, por ejemplo, no se deben ceñir únicamente al pago de una indemnización. 

Así opina Daniel Joloy, Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien observa que “es fundamental que se garantice el derecho de justicia a todas las víctimas”.

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"Esta ley es un paso que facilitará que las víctimas accedan a la reparación"
Daniel JoloyDirector del Área Internacional de CMDPDH

La Ley General de Víctimas es sin duda un paso adelante en un camino que debe pavimentarse de realidades. De hechos. 

Los esfuerzos de reparación del daño, por ejemplo, no se deben ceñir únicamente al pago de una indemnización. 

Así opina Daniel Joloy, Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien observa que “es fundamental que se garantice el derecho de justicia a todas las víctimas”.

Considera vital que los responsables sean sancionados, llevados ante la justicia y que se les garantice el derecho a la verdad. 

En México –comenta– se habla de que hay más de 80 mil muertos y al menos 10 mil desaparecidos y las familias de esas víctimas exigen saber qué fue lo que pasó con sus familiares. Es por esta razón que considera se debe trabajar en las garantías de la no repetición. 

Para la CMDPDH un tema que no debe retrasarse más se refiere a cambiar la estrategia de seguridad pública “que a todas luces ha resultado fallida”. Todas las violaciones a los derechos humanos cometidas el sexenio pasado tuvieron lugar en el marco de la militarización de la seguridad pública: “una garantía de no repetición debería ser el cambio de dicha estrategia”.

Si bien el presidente Enrique Peña Nieto ha hablado ya de las reformas que se pretenden hacer a esta ley, será fundamental que el Congreso las discuta, “que se hagan en consenso con la sociedad civil y con el movimiento de víctimas que ha impulsado esta legislación”, considera Joloy.

Ello para que las reformas puedan ser progresivas y permitan un mejor funcionamiento de la ley y que al final no se terminen imponiendo más candados.

Por otra parte, el Poder Judicial tiene obligaciones fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño, argumenta. “Esta ley es un paso que facilitará que las víctimas accedan a la reparación”, señala.

Impulsora de esta ley, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos seguirá vinculada a la discusión sobre la misma. Uno de los ejes fundamentales de su labor es el acceso a la justicia por parte de todas las víctimas.

“Cuando hablamos de la Ley General de Víctimas estamos hablando de víctimas de violaciones a los derechos humanos y no como intentó discursivamente el ex presidente Calderón enfocarlo únicamente a las víctimas del delito”, precisa Joloy.

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