Un ombudsman para las Fuerzas Armadas

Las denuncias por el actuar de efectivos del Ejército mexicano desde el sexenio de Felipe Calderón y las recientes acusaciones sobre espionaje a activistas, periodistas y organizaciones civiles desde las Fuerzas Armadas han llevado a la discusión pública la escasa rendición de cuentas de los militares en el país y la falta de regulación en sus actividades.

Organizaciones civiles, activistas y académicos han solicitado en distintos periodos que se auditen las acciones de las Fuerzas Armadas en operativos y detenciones en varios estados de la República. Esto tras las denuncias interpuestas por abuso de fuerza y presuntos arrestos arbitrarios.

Debido a la presión ejercida a esta institución por estas irregularidades han surgido propuestas como la creación del primer ombudsman militar en la historia de fuerzas castrenses, con el objetivo de que sea un contrapeso a las decisiones que se toman al interior por la cúpula militar y para desahogar las denuncias que se arrastran desde hace varios sexenios. 

El último caso -en el que se comprobó que militares mataron a cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido este 2023- reavivó las demandas para que el Ejército se comprometa a rendir informes sobre este tipo de acciones y se sancione a los responsables de las muertes que se han generado tras los choques entre grupos armados y civiles.

La organización civil Causa en Común denunció la consolidación de la presencia de fuerzas militares en espacios públicos del territorio nacional; sin embargo, lo que ha propiciado que se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.

Rendición de cuentas

La sugerencia de erigir al primer “defensor de los militares” fue petición del general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien falleció en mayo de 2021 tras padecer COVID-19, la cual, incluso, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio.

La propuesta, en términos reales, establece la creación de una instancia o figura que tenga como meta principal la defensa de los derechos humanos de los miembros del Ejército ante los abusos reportados en las últimas administraciones federales por los altos mandos.

Dicha figura, además, tendría la obligación de reportar cualquier irregularidad por parte del Ejército mexicano, así como rendir un informe detallado sobre las acciones de combate y las estrategias que pudieran estar sujetas al escrutinio público o resultar polémicas.

De esta manera, todos los militares con grado superior al de un cabo serían sometidos a la indagación del ombudsman militar o en su defecto cualquiera que se encontrara en una posición de responsabilidad tal que, por uso indebido de sus funciones, pudiera ser sujeto a un juicio o sanciones.

 En la congeladora

En el Senado de la República, el legislador por Morena, Félix Salgado Macedonio, empujó esta propuesta en 2019. El entonces presidente de la Comisión de la Defensa Nacional presionó para que la iniciativa del ombudsman militar naciera como proyecto de decreto y se instalara una oficina de asuntos militares.

Salgado Macedonio consideró importante la supervisión de los gastos del Ejército y la procuración del bienestar de todos los soldados. Es más, también se aconsejó la administración de los recursos y la realización constante de auditorías para evitar irregularidades. No obstante, esta propuesta tampoco vio la luz en ese entonces ante la falta de consenso con las demás bancadas parlamentarias.

De hecho, la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también se sumó a la creación del ombudsman militar cuando se desempeñó como senadora. Ante la Cámara alta, Sansores expuso que el ombudsman fuera designado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, por un periodo de cuatro años.

Además precisó que su encargo fuera independiente y autónomo del Ejecutivo y el Legislativo y por ende, no debería recibir instrucciones de ninguna parte sobre los asuntos que deberían ser investigados.

“(La figura) tendrá como principal responsabilidad el de asegurarse que los oficiales, y otros funcionarios encargados de los trabajos inherentes a las actividades militares, respeten los estatutos, leyes, reglamentos relativos”, detalló Layda Sansores en 2013 en la Cámara de Senadores.

Deuda pendiente

La guerra contra el narcotráfico, que comenzó el expresidente Felipe Calderón, bañó de sangre a todo el país y de paso causó un daño irreversible a la imagen del Ejército mexicano que recibió decenas de quejas y denuncias, emitidas por años, respecto a presuntas violaciones de derechos humanos.  

De este hecho emana la importancia de contar con un ombudsman militar, señaló en entrevista con Reporte Índigo, Ángel Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de la división de seguridad e inteligencia de Strategic Affairs. El especialista sostuvo que esta iniciativa se trata de tener una persona que garantice los derechos humanos de los militares en las instituciones de las Fuerzas Armadas.  

“Siempre se registran abusos de poder por parte de los superiores en las Fuerzas Armadas de todo el mundo y esto merma la relación que se tienen con los militares de más bajo rango; lamentablemente se ve muy difícil que algo así pueda suceder en México, porque existen condiciones que permiten al Ejército tener cierta autonomía como su presupuesto, el fuero militar y hasta su propio sistema jurisdiccional”, aseguró.

Respecto al desempeño de los efectivos militares desde que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, Armando Luna afirmó que es cierto que se incrementaron las quejas contra el Ejército desde este periodo, debido a que se dispararon los retenes, los casos de abuso de la fuerza y violaciones graves a los derechos humanos de los ciudadanos.