3
Michoacán no ve la puerta de salida a las condiciones de violencia en que se vive.
Faltan solo 19 días para que se venza el nuevo plazo fijado por el Gobierno Federal para el desarme de las autodefensas, una huelga generalizada paralizó el aparato estatal de gobierno y por si fuera poco, han surgido grupos de civiles presuntamente equipados por el crimen organizado.
El lunes, policías estatales, elementos del Ejército y civiles armados, detuvieron en Huetamo a 46 personas que se hacían pasar por integrantes de las autodefensas, pero que presuntamente son “afines a la delincuencia organizada”.
Integrados en una fuerza conjunta, autoridades y civiles armados, buscaban avanzar hacia las localidades de la zona Costa Sierra, en donde han identificado más grupos de falsos autodefensas.
Aunque no hay una cifra oficial de cuántos grupos atienden a los intereses del crimen organizado, se presume que se han detectado al menos 20 células con el membrete de “grupo de autodefensa”, pero que pudieran estar al servicio de cárteles en esta entidad.
En entrevista con Francisco García Davish en Radio Fórmula, el vocero de las autodefensas Estanislao Beltrán Torres reconoció que hay entre los detenidos en Huetamo quienes ni siquiera tienen residencia en Michoacán.
Son personas, dijo, que viven en Tamaulipas y Jalisco, pero que han sido movilizados por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El miedo a desarme
La tesis de José Manuel Mireles -por la que no acepta un desarme inmediato de las autodefensas de Michoacán- es que aunque se ha menguado la movilidad y reacción del cartel de los Caballeros Templarios, existen otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que se han interesado en mantener el control de la entidad.
La declaración de Estanislao Beltrán sobre los infiltrados en las autodefensa, apunta a la confirmación de lo dicho por Mireles.
Se estima que en Michoacán se moviliza una fuerza cercana a los 20 mil hombres armados, de los cuales, poco más de la mitad son los que integran el movimiento armado legítimo, coordinado por Mireles.
Paraliza Staspe al estado
El gobierno de Fausto Vallejo se mantiene ajeno a la situación de los grupos de civiles armados por el crimen organizado -que han infiltrado el movimiento de las autodefensas-.
Ayer, la administración estatal tuvo otras cosas en qué pesar.
El sindicato de burócratas locales inició una huelga que paralizó las actividades del gobierno. Los manifestantes argumentan que la administración estatal ha respondido a las demandas de mejora salarial plateada por los empleados.
En punto de las 8:00 horas de este martes, miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán (Staspe), instalaron las banderas rojinegras en todas las dependencias estales, dando inicio a una huelga generalizada en demanda de mejoras salariales.
La huelga se había prorrogado desde los primeros días de enero, cuando la administración de Vallejo fue emplazada en demanda de un incremento salarial directo del 20 por ciento para los trabajadores sindicalizados.
La respuesta del gobernador fue ofertar un incremento del 3.5 por ciento, lo que no fue aceptado por el líder sindical, Antonio Ferreyra Piñón.
Con la suspensión de labores de los 14 mil sindicalizados con los que cuenta la administración publica de Michoacán, practicamente todas las dependencias del estado dejaron de funcionar regularmente.
Violencia no para
El comisionado federal, Alfredo Castillo, anunció acciones para desarticular a las células del crimen organizado que han infiltrado el movimiento de las autodefensas, sin embargo, la de violencia no ha cesado en la entidad.
En los últimos días se han registrado agresiones a elementos del Ejército que hacen labores de vigilancia en los municipios de Sahuayo, Vista Hermosa, Briseñas y Yurécuaro. En Chinicuila, el crimen organizado cobró la vida de tres integrantes del grupo legítimo de autodefensa.
En Arteaga y Tumbiscatío también se han registrado enfrentamientos entre civiles armados y células del crimen organizado, algunas de ellas actuando también como autodefensas.
Ante el incremento de la ola de violencia en la entidad, algunos alcaldes han insistido en solicitar a Castillo una mayor presencia de las Fuerzas Federales de seguridad en sus localidades.
Los detenidos
Las 46 personas arrestadas, presuntamente con nexos con el crimen organizado, fueron trasladadas a instalaciones federales para iniciar el proceso penal en su contra.
Los detenidos podrían ser acusados de terrorismo, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
