Un conflicto sobre ruedas

Todavía no hay fecha para que la Línea 12 del Metro restablezca el servicio en las 11 estaciones cerradas –hace poco más de un mes– y el Gobierno de la Ciudad ya tiene otro problema en puerta: la Línea 2 del Metrobús.

Se trata de un conflicto judicial entre concesionarios de los camiones articulados del corredor Tepalcates-Etiopía-Tacubaya, que en consecuencia podría sacar de circulación a un importante número de autobuses, al menos de manera temporal.

El conflicto deriva de presuntos actos de corrupción que se cometieron dentro de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) , cuando la encabezaba Armando Quintero y que hoy está a punto de afectar a miles de usuarios.

De acuerdo con documentos oficiales, esta dependencia habría otorgado de manera fraudulenta una concesión de 13 camiones a una asociación civil inexistente, y que prácticamente acabó con el patrimonio de 51 familias.

Reporte Indigo dio a conocer este caso en la edición del miércoles 24 de abril del 2013, a través de documentos oficiales, información de la Gaceta Oficial del DF y actas notariales.

Desde entonces, las autoridades locales actuales no se pronunciaron al respecto, y en consecuencia, los exdueños de microbuses de la zona cerraron filas para tratar de recuperar sus acciones. 

En su calidad de accionistas formaron un bloque para pelear la propiedad de los vehículos antes las instancias judiciales, donde existe la posibilidad de que un Juez resguarde los camiones en tanto se resuelve el conflicto.

Eso, sin duda, afectaría el servicio de la Línea 2 del Metrobús, donde se tiene reportado que corren alrededor de 112 camiones para sus cinco rutas, que como todo el transporte de esta ciudad, es insuficiente.

El recuento

Tras la construcción de la línea 1 del Metrobús llegó la 2. En junio del 2008 se dio a conocer la aprobación de este corredor de transporte público; seis meses después se publicó la Declaratoria para la Prestación del Servicio “Metrobús Eje 4 Sur”.

Según las bases la prioridad era reducir el parque vehicular de los concesionarios del transporte colectivo, integrándolos como socios de empresas operadoras del servicio de transporte de manera coordinada con RTP. 

Para ello otorgarían cuatro concesiones a personas morales, dando prioridad a los concesionarios que prestaban el servicio en dicho corredor con vehículos tipo microbús y autobús convencional. A través de sociedades mercantiles.

Un grupo de concesionarios (52) de la Ruta 11 se acogió al programa para prestar el servicio de transporte en la Línea 2 del Metrobús a través de una sociedad mercantil denominada Transportes SAJJ, S.A. de C.V. 

Como representante de la sociedad quedó José Juan Sánchez Armas, quien ya falleció, y era líder de la Ruta y se convirtió en el enlace entre los concesionarios interesados y la Setravi.

La dependencia que encabezaba Armando Quintero fijó una serie de candados para poder obtener la Concesión No. STV/METROBÚS/005/2008 y así participar en el nuevo proyecto vial.

De acuerdo con la documentación el 16 de diciembre de ese año, los 52 concesionarios cumplieron con lo estipulado y quedaron dentro del corredor con ocho unidades que serían de esa sociedad.

Sin embargo, tres años después, el líder y representante legal de la asociación, José Juan Sánchez falleció y comenzaron a salir a la luz las irregularidades que él y la Setravi cometieron. 

Se descubrió que en la constitución de dicha empresa no aparecían los considerandos del acta constitutiva, cuando era un requisito indispensable. Además, detectaron que el acta constitutiva estaba integrada por solo dos personas: José Juan Sánchez Armas y José Eric Torres Donat. 

El segundo no era concesionario y lo demás tuvo el consentimiento de las autoridades. Desde entonces no acreditan su participación y la dirección quedó en manos del hijo de José Juan, quien no reporta los ingresos a los concesionarios.

Las acciones legales

En un año de lucha, los 51 concesionarios restantes han reclamado la nulidad del título de concesión STV/METROBUS/005/2008 para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros “Metrobús Eje 4 Sur”.

Y ante el Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal reclamaron la revocación de esta concesión debido a que incumple con los requisitos que marca la Gaceta Oficial del DF.

El argumento: “por existir una disputa entre los concesionarios que participaron en el proceso de creación de Transportes SAAJ, sociedad anónima de capital variable y los socios y representantes de la misma”.

En el 2013 ingresaron ante la Setravi la demanda de inicio del procedimiento administrativo; no hubo respuesta y los afectados optaron por promover un juicio de amparo indirecto.

Este recurso llegó a manos de la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa, mediante el expediente 1440/2013, que requirió a la dependencia un informe justificando los hechos.

Luego el 28 de enero de 2014 pidieron a la Setravi llamar como tercer interesado en el procedimiento administrativo, a la persona moral Transportes SAAJ, sociedad anónima de capital variable.

La solicitud fue negada y respecto a la petición de declarar la nulidad de la sociedad que está en beneficio de una sola familia, no hubo respuesta, de acuerdo con los abogados defensores.

Por eso el 26 de marzo del 2014 promovieron un juicio de amparo por violación a los artículos 8o y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual está en manos del Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el DF.

Y según los litigantes, es en este terreno donde podrían conseguir la nulidad de la sociedad mercantil y emplazar al GDF a formalizar una nueva donde aparezcan todos los socios.

El refuerzo 

Al respecto el diputado local, de extracción panista, Héctor Saúl Téllez, afirma que se trata de violaciones claras a la ley para beneficio de un particular, que según lo estipulado en la ley, puede vender todo.

“Creo que en la administración de Marcelo Ebrard se hicieron modificaciones a las normas específicas para que algunos pudieran comprar o hacerse del negocio del transporte a través de terceros”.

Por eso anunció que seguirán de cerca este caso y que reforzará con más acciones legales la defensa de los transportistas que fueron defraudados por funcionarios del sexenio pasado.

“Lo que ahora procede es que la Juez otorgue el amparo y se detenga la circulación de estos camiones en lo que se investiga de fondo. 

“Por eso las autoridades deben actuar para prevenir los problemas viales que seguramente habrá”, dijo Téllez.

Lo más preocupante para el legislador es que este modus operandi se repite en otras rutas, y por lo tanto podría aumentar el número vehículos que suspendan servicio tras irse a juicio.