La Fiscalía nunca ha solicitado, en nueve años, autorización para intervenir llamadas telefónicas dentro de la investigación del delito
“Toda la información que se pueda tener, que pueda tener la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía, lo estamos revisando (y)poniendo a disposición de la PGR”
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa creciendo y sofisticando su organización.
Hoy en día lo mismo puede poner en jaque al estado con el despliegue coordinado de bloqueos viales, que operar una tequilera o hacerse cargo del narcomenudeo en casi 20 ciudades de los Estados Unidos.
En contraparte, mientras el grupo complejiza su operación, la Fiscalía General del Estado sigue sin explotar herramientas legales a su disposición para profundizar el combate a la delincuencia, como la extinción de dominio sobre los bienes con un origen ilegal o la intervención de llamadas telefónicas.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha revelado la presencia de “células” del CJNG en 16 ciudades de su territorio.
Entre éstas su capital, Washington, hasta donde la organización criminal ha logrado penetrar con sus actividades, y en siete estados más, principalmente de la costa oeste de ese país.
Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Dallas y Atlanta son sólo algunas de las urbes donde el CJNG está participando directamente en la distribución y venta de narcóticos a “nivel de calle”, de acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Los estados de la Unión Americana donde el CJNG ha expandido sus operaciones son Washington, Nevada, Texas, Mississippi, Georgia, Kentucky.
Pero muy en particular California, de hecho, siete de las ciudades estadounidenses en las que se ha extendido su accionar están en ese estado vecino a México.
Si bien el cártel que se diagnostica aún dominante en territorio estadounidense es el de Sinaloa, las ciudades donde la DEA se ha encontrado con la influencia del grupo liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho”, son parte de áreas metropolitanas con una población cercana a los 51 millones de habitantes, en el principal consumidor de drogas del orbe.
Aunque el emporio criminal del CJNG sigue avanzando en sus dimensiones internacionales, la DEA no duda en señalar que su “bastión” no es otro que el estado de Jalisco.
Lo que evidencia el reto que tienen de frente las autoridades locales.
En el horizonte más inmediato, aun con la Operación Jalisco del Gobierno federal en marcha desde el 1 de mayo, lo que avizora la agencia estadounidense no es una contención próxima del CJNG, mucho menos su debilitamiento o desarticulación.
Por el contrario, lo que calcula como su tendencia más probable es su crecimiento.
“Es un cartel de significativa preocupación, pues se está convirtiendo rápidamente en una de las organizaciones más poderosas en México.
“Y la DEA proyecta que su presencia crecerá en los Estados Unidos el siguiente año”, dice su reporte de inteligencia de julio, “Estados Unidos: Áreas de influencia de las principales organizaciones criminales trasnacionales de México”.
Sólo un espectador
En los últimos meses ha sido el gobierno estadounidense el que ha expuesto a la luz la red empresarial que el CJNG y su brazo financiero, Los Cuinis, han implantado en Jalisco, mientras las autoridades locales y su Fiscalía se han mostrado más bien como espectadores.
Un hotel de atractivo internacional, una marca de tequila, centros comerciales, restaurantes, inmobiliarias, firmas de mercadotecnia y hasta estéticas vaginales para la clase alta de Guadalajara, florecían sin conocimiento del gobierno local y la Procuraduría General de la República (PGR).
El 20 de agosto pasado, un día después de que el Departamento del Tesoro señalara las primeras 15 empresas ligadas a esos grupos (luego vendrían cinco más), el fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, tuvo que reconocer:
“En el fuero común nosotros estamos en este momento revisando, quiero serles honesto: no teníamos una denuncia o investigación en el tema financiero, pero obviamente toda la información que se pueda tener aquí en el estado, que pueda tener la Secretaría de Finanzas, y que pudiese tener la Fiscalía, lo estamos revisando, lo estaremos poniendo a disposición de la PGR”.
La PGR aseguró uno de esos sitios, el Hotelito Desconocido, en Tomatlán, pero horas después de que el Departamento del Tesoro difundiera sus hallazgos.
En efecto, los registros del Consejo de la Judicatura de Jalisco, órgano administrador y vigilante de los jueces, obtenidos por Reporte Indigo, confirman que la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento para arrebatar los bienes de los criminales y golpear su base financiera, nunca ha sido utilizada por la Fiscalía.
Es decir, que los Juzgados en Materia Civil, desde el 14 de agosto de 2011, cuando entró en vigencia esa ley, hasta agosto de 2015, nunca han recibido una sola demanda de la Fiscalía que busque minar la riqueza generada en Jalisco con las actividades delictivas.
En nueve años, de 2007 a 2015, tampoco la Fiscalía (antes Procuraduría) ha solicitado autorización a los jueces para la intervención de llamadas telefónicas dentro de la investigación de los delitos en el estado, según el Consejo de la Judicatura.
Nueva medida cautelar
Aunque pasó prácticamente inadvertido, el Congreso local abrogó la Ley de Extinción de Dominio el 25 de agosto pasado, para aprobar una nueva que deriva de una iniciativa que envió el gobernador Sandoval Díaz, el 27 de enero de 2015.
Entre los cambios más relevantes de la nueva ley vigente desde el 20 de septiembre de 2015, está la facultad que otorga directamente a la Fiscalía para emitir medidas cautelares sobre los bienes que pretende hacer objeto de la extinción de dominio.
La Fiscalía puede ahora “congelar” momentáneamente los bienes que estén en su mira, incluso desde la preparación de la demanda, para impedir que sufran:
“Menoscabo, extravío, destrucción, transformación o dilapidación; o sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio o imposición de gravámenes a los bienes objeto de extinción de dominio”.
Explicita la facultad de la Fiscalía para pedir información sobre operaciones bancarias a instancias como las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; y del Sistema de Ahorro para el Retiro.
O en materia fiscal al Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, si bien estos aspectos ya los consideraba la ley anterior.
