Un arranque entre violencia

La ola de violencia que se desató en Guadalajara en los últimos días parece haber tomado por sorpresa al recién estrenado gobierno de Enrique Alfaro.

Desde el  Municipio se anuncian nuevas medidas que evidencian una política pública en materia de seguridad definida por la violencia e inseguridad ligadas a los grupos del crimen organizado.

El viernes, el Gobierno federal anunció que capturó en Tlajomulco de Zúñiga a Antonio Oseguera Cervantes, operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del líder de la organización, Rubén Oseguera “El Mencho”. 

Ayer fue internado en un penal de Hermosillo, Sonora.

El 20 de noviembre  se anunció la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado como el segundo en la estructura de mando del CJNG.

Ese hecho provocó una serie de ajustes, entre ellos una triple ejecución en un restaurante ubicado en la zona de la Minerva.

La semana pasada arreció la violencia: un rancho llamado Los Amiales, en la zona serrana del municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue asegurado por las autoridades; el lugar presuntamente era utilizado por una célula del CJNG para ejecuciones.

Dos personas fueron asesinadas en Oblatos y Tlajomulco; la línea de investigación es la venta de droga.

En esa racha fue asesinado Raúl Robles, fundador y presidente de la revista y escuela HackingMéxico, en un café de la capital tapatía.

Aunque el pasado mes de octubre el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer los altos niveles en los delitos de alto impacto en Jalisco, autoridades como Enrique Alfaro desestimaron las cifras señalando que los delitos iban a la baja.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública el registro de denuncias es mayor en dos principales municipios de la Zona Metropolitana: Tlajomulco y Guadalajara.

El robo a transeúntes lo encabeza el municipio de Tlajomulco, con una tasa de 56 por cada 100 mil habitantes, en segundo lugar se encuentra Guadalajara con una tasa de 41.

“Lo que está aconteciendo en nuestro estado, y particularmente en esta zona tan importante urbana, es verdaderamente alarmante y preocupante”, expresó este fin de semana Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara.

Las autoridades jaliscienses se reunieron para delimitar las acciones ante los reciente hechos en la ZMG.

Acudieron el secretario general de gobierno, Roberto López Lara; el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer; y el fiscal central, Rafael Castellanos. Así como los nueve alcaldes de los municipios que conforman la ZMG.

Más patrullas y policías

Ante el incremento en los índices de violencia, el pasado 3 de diciembre se anunciaron cambios en materia de seguridad para la capital de Jalisco. 

En presencia de su comisario de Seguridad, Enrique Alfaro adelantó que habrá mayor inversión y elementos para la policía preventiva.

Estas nuevas inversiones irían principalmente a la adquisición de 100 patrullas, 40 motocicletas, 25 pick ups y la generación de 300 plazas para policías municipales. De igual forma se dará un incremento salarial de mil 500 pesos a los actuales elementos policiacos.

“Todos estos ajustes del presupuesto buscan dejar en claro dos cosas fundamentales: que entendemos que nuestra ciudad y nuestro estado atraviesan por una situación difícil, que el Gobierno municipal tiene que tener la capacidad para reaccionar y para actuar con toda determinación para garantizar que toda la gente de Guadalajara pueda estar tranquila y en paz, en plena coordinación con las autoridades estatales y federales”, expresó Alfaro Ramírez.

En total las inversiones que anunció el alcalde de Guadalajara serán de alrededor de 3.7 millones de pesos, con una reasignación del presupuesto municipal y 44.7 millones que se “recuperaron” del Subsidio para la Seguridad en los municipios (Subsemun).

Los ediles  de la  ZMG niegan que se trate de una crisis de inseguridad, aludiendo que la problemática rebasa sus ámbitos de competencia.

“Quiero dejar claro desde este momento, que ése no va a ser pretexto para que el Municipio de Guadalajara no haga la parte que le corresponde, no vamos a evadir esta realidad, no vamos a desentendernos del asunto”, expresó Enrique Alfaro.

A nivel estatal el robo con violencia tuvo un incremento del 16.38 por ciento en septiembre, de acuerdo con cifras de los delitos de alto impacto publicados en el por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Así mismo el homicidio doloso se recrudeció durante ese mes, con una variación negativa de 15.31 por ciento.

Modelo en ‘stand by’

Mientras que la inseguridad aqueja a la capital tapatía, el modelo de seguridad pública propuesto por Enrique Alfaro durante la campaña se encuentra en el olvido. 

A inicios de julio el ahora alcalde de Guadalajara señaló que la Fuerza Única Metropolitana (FUM), proyecto del gobierno priista, debía desaparecer.

Esto para dar paso al Mando Único Metropolitano de la propuesta de seguridad emecísta. 

Sin embargo, tras la reunión con el gobernador en julio pasado, no se ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Y es que el principal objetivo de la FUM era abatir los delitos de alto impacto, que contrariamente han ido al alza en la entidad, por lo que expertos como Guillermo Zepeda Lecuona, académico del ITESO, aplaudían la propuesta de los nuevos gobiernos municipales.

Sin embargo la propuesta emecísta chocaba con el Mando Único que desde el Gobierno federal anunció Enrique Peña Nieto en su propuesta enviada al Senado desde el primero de diciembre del 2014, donde se contempla quitar la responsabilidad policial a los municipios.

No obstante, el proyecto de ambos niveles de gobiernos ha quedado paralizado en un contexto de violencia cada vez más palpable, como en el caso de Guadalajara.

Y aunque existe una propuesta de seguridad a nivel municipal, Alfaro Ramírez la ha dejado de lado para ajustarse a las estrategias de vigilancia de la Fuerza Única Metropolitana del Gobierno estatal, como se evidencia en la reunión que se tuvo el pasado 4 de diciembre ante los hechos violentos que alarmaron a las autoridades.