Un accidente anunciado

El avión de los Servicios Aéreos de la PGR era un Kingair 300, 1985, matrícula XC LMV. En el percance, fallecieron Antonio Andrés Álvarez Mota, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada.

Además, perdieron la vida los agentes de la policía ministerial Ricardo Martín Flores Benítez y Francisco Leonardo Niño Acevedo. 

Armando Estrop Armando Estrop Publicado el
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En ese avión viajó una semana antes, el procurador, Jesús Murillo Karam, que en su escritorio debe de tener la denuncia firmada 

El avión de los Servicios Aéreos de la PGR era un Kingair 300, 1985, matrícula XC LMV. En el percance, fallecieron Antonio Andrés Álvarez Mota, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada.

Además, perdieron la vida los agentes de la policía ministerial Ricardo Martín Flores Benítez y Francisco Leonardo Niño Acevedo. 

Los pilotos que murieron en el accidente y que, en un par de ocasiones, participaron en las manifestaciones contra la PGR por la falta de mantenimiento y fueron posteriormente despidos eran Guillermo Flores Millán, el copiloto Juan Manuel García Bernal, y el mecánico en aeronáutica, Miguel Ángel Guerrero Coliev.

El viaje a Zacatecas era para cumplir una orden de aprehensión contra Juan Luís Gallegos Muro, Fernando Zaldívar y Anacleto Flores Robles, presuntamente miembros de Los Zetas, dentro de la averiguación previa PGR-SEIDO-UEIDCS/2013.

Desde mayo de 2012, pilotos de la PGR denunciaron a Reporte Indigo el desmantelamiento de la Dirección de Servicios Aéreos.

Falta de mantenimiento, olvido en los talleres, hostigamiento laboral fueron algunas de las cosas que desde la pasada administración acusaron. 

Además de que se detuvo por completo la intercepción de aeronaves del narcotráfico y la erradicación de plantíos de mariguana, cocaína y amapola.

Llevaron su inconformidad a las calles. En más de seis ocasiones se manifestaron frente a las instalaciones de la PGR. 

Lo hicieron cuando Marisela Morales era la titular de la Procuraduría. Finalmente faltando 8 días para que se terminará el sexenio de Felipe Calderón fueron citados en los hangares de PGR y se les entregó una carta de despido.

El argumento para desocuparlos fue que ante la pérdida de aviones no era posible seguir ocupando sus servicios.

“Mediante el oficio DGSA/20126860 de fecha 16 de noviembre del 2012, el Director General de Servicios Aéreos, señala que la plantilla de diverso personal a esa unidad administrativa, resulta innecesaria, derivado de que las aeronaves propiedad de la institución en funciones han disminuido en forma sensible, por tanto, no se justifica el excedente de personal con funciones como las que ocupa usted”, decía el documento de de PGR entregado a los pilotos a finales de noviembre.

Millonaria auditoría y renta

La empresa Aviation Technology Solutions (JDA) realizó en octubre de 2011 una auditoría y revisión a las casi cien aeronaves que tiene la PGR. Costó un millón y medio de dólares.

Emitió un dictamen del estado en el que se encontraban y determinó que 12 no estaban en condiciones de vuelo.

El calificativo que otorgó a estos aviones fue “scrap”, que en inglés quiere decir chatarra. Son 5 Gulfstream, 3 Sabreliner, un Beechcraft, un De Havillan y Cessna Citation II.

Los otros 78 aviones requerían de reparaciones. Las reparaciones de tipo mayor eran para 33 aviones, las de tipo menor sn para 19 aeronaves  y 26 estaban en una condición de fácil retorno a las condiciones de vuelo.

En la mayor parte de las revisiones propuestas en el documento, con carácter de confidencial, se hace referencia a las facultades de revisión que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es decir, que se pagó por una auditoría que hacen periódicamente las autoridades mexicanas. Sin embargo cuando se hizo por la DGAC pasaron todos requerimientos, y al ser inspeccionados por una empresa extranjera el resultado fue dejar los aviones en tierra.

A pesar de esto la ex procuradora Marisela Morales hizo declaraciones públicas de que la flota estaba obsoleta y se corría peligro de usar esos aviones. 

Entonces empezó un período de renta de aviones a la empresa Rajet que tuvo un costo de siete millones de dólares y el cual también estuvo plagado de irregularidades.

La pasada administración nunca hizo frente a las denuncias de los pilotos así como la actual también ha ignorado todas las irregularidades. 

Hoy dos de los pilotos están muertos y cuatro funcionarios también. 

Dos datos históricos son importantes luego del accidente en el estado de Zacatecas.

En ese mismo avión que cayó tan sólo 10 minutos después de despegar, había viajado apenas una semana antes, el Procurador Jesús Murillo Karam, quien en su escritorio debe de tener una carta firmada con la denuncia de los pilotos inconformes, entregada a principios de año.

Dos secretarios de gobierno murieron en el sexenio pasado en accidentes aéreos.

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