La Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de las entidades del país que más rezago tienen en la instalación del Sistema Local Anticorrupción (SLA).
De los seis órganos que conforman la estructura operativa de estos sistemas, la capital del país solo ha avanzado en el nombramiento del Magistrado de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Están pendientes los nombramientos de la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva y el Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con la información del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) actualizada hasta el pasado 29 de marzo
La anterior legislatura en la Asamblea Legislativa en la capital del país dejó pendiente la armonización de la legislación local anticorrupción, a eso se suma la falta de voluntad política y las omisiones del Legislativo local, factores que han impedido el avance del Sistema local Anticorrupción.
El hoy Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos resolver los nombramientos pendientes para salir del rezago.
“La mayoría de los estados del país ya lo tienen integrados y en ese sentido la Ciudad de México presenta un retraso porque no está nombrada todavía la comisión de selección.
“Mientras eso no suceda tampoco puede nombrarse a los integrantes del CPC y si eso no sucede no puede haber nombramientos de Secretario Técnico, formación del Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva, etcétera. Es decir, faltan los elementos principales que caracterizan a los sistemas locales anticorrupción”, explica Alfonso Hernández Valdez, integrante del CPC nacional.
Por esta situación la CDMX es uno de los estados que aún no tiene en operación su SLA. Le sigue los pasos Chiapas, que tiene dos nombramientos: el del fiscal especializado en el combate a la corrupción y los magistrados en responsabilidades administrativos.
Mientras que Campeche tiene la tercera posición con tres órganos nombrados que son el Comité de Selección, el fiscal especializado en el combate a la corrupción y el magistrado en responsabilidades administrativas.
La fecha límite que tenían los Congresos locales para implementarse era el pasado 17 de julio de 2017 y uno de los requisitos mínimos era la armonización de sus marcos normativos con el federal. Apenas en marzo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificar su Constitución para adecuarse a éste.
“El caso de la Ciudad de México es curioso porque ellos emitieron su ley del Sistema Anticorrupción en septiembre de 2017, muchos estados lo hicieron durante ese año, sin embargo el tema con la ciudad es que presentó una ley en aquel entonces que mostraba muchas diferencias con la ley general del sistema anticorrupción y eso de alguna manera impidió que se avanzara en el nombramiento de las distintas instancias”, explica Hernández Valdez.
Con la nueva modificación se podrá crear el Comité de Participación Ciudadana que busca proponer políticas anticorrupción, indicadores de evaluación y vigilar el funcionamiento del SLA, de acuerdo con Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino.
Mientras que el nombramiento del fiscal anticorrupción, que será propuesto por el Consejo Judicial Ciudadano y durará en el cargo cuatro años, fue aplazado el pasado 14 de marzo hasta diciembre próximo y entrará en funciones en enero de 2020, supuestamente para evitar una legislación exprés o al vapor.
“Ya se pasó el tiempo, como estaba la ley digamos que hubiera sido muy difícil implantar un sistema local independiente, autónomo con entidades que funcionaran de manera coordinada, entonces me parece que es un acierto que se esté modificando esa ley, pero independientemente de ello ya van con un retraso considerable”, señala el integrante del CPC nacional
El retraso en el SLA no solamente afecta a la Ciudad de México sino a todo el país, pues se requiere de una coordinación entre todas las instancias.
“Los Sistemas Locales Anticorrupción forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, si no operan eficientemente nunca vamos a tener un sistema que realmente funcione y que sea eficaz y eficiente en su función que es combatir la impunidad y disminuir los índices de corrupción”, dice José Marco Romero Silva, del Colegio de Especialistas de los Servidores Públicos.
Mal ejemplo
“En la peor calamidad que tenemos que es el problema de corrupción, la Ciudad de México no le ha puesto la muestra a nadie, va a la cola.
“En el cabús de la lucha contra la corrupción está la Ciudad de México, simplemente y sencillamente no hay un sistema que esté operando”, dice José Marco Romero Silva, del Colegio de Especialistas de los Servidores Públicos.
Para el especialista, este rezago en la instalación en la Ciudad de México se debe a la lucha política que existió en el periodo pasado en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
“El PRD y el PAN en el momento en que ya no se pusieron de acuerdo frenaron completamente el sistema porque los otros no representaban absolutamente nada, las otras fuerzas políticas no podían hacerle contrapeso. Entonces Morena no figuraba”, explicó.
De acuerdo con el abogado, aunque se empezó con los nombramientos estos fueron frenados por los conflictos entre ambos grupos políticos y la gota que derramó el vaso fue cuando no se asignaron los comisionados del InfoDF.
Los más atrasados
1 Ciudad de México.
Solo tiene avances en el nombramiento del Magistrado de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
2 Chiapas.
Tiene dos nombramientos: el del fiscal especializado en el combate a la corrupción y los magistrados en responsabilidades administrativos.
3 Campeche.
Los tres órganos con nombramientos son el Comité de Selección, el fiscal especializado en el combate a la corrupción y el magistrado en responsabilidades administrativas.
El objetivo: desmantelar redes de corrupción
Un sistema anticorrupción debe desmantelar las redes de corrupción instaladas y no debe de ir solo por personajes polémicos, sino por la cabeza visible de la red y a su vez por el desmantelamiento de la red completa, explicó Eduardo Bohórquez, de la organización Transparencia Mexicana, en un foro en el Senado la semana pasada.
Su primer objetivo es desmantelar redes de corrupción y debilitar las redes de corrupción política que permiten que las primeras ocurran, mientras que el segundo es recuperar los activos desviados de las arcas de la nación, explicó el especialista.
“Si cualquier sistema anticorrupción no recupera los activos y los vuelve a poner en la caja fuerte no sirve. No importa cuántos integrantes tenga, cuánto dure el presidente del sistema, cuáles sean sus mecanismos de designación como sistema anticorrupción no sirve. Un sistema anticorrupción recupera activos”, agregó
El tercer objetivo es reparar el daño de las víctimas de la corrupción que pueden ser desde niños a los que les dieron falsos medicamentos hasta personas afectadas por un deficiente sistema de transporte.
