El Congreso de la Unión arrancará esta semana el último periodo de sesiones de esta Legislatura, en el que deberá resolver pendientes importantes que han estado empantanados por la falta de acuerdos.
Sin embargo, contaminado por el proceso electoral de este año, el trabajo legislativo no promete sacar adelante reformas trascendentales, sino más bien convertirse en una arena política contra los adversarios.
Esto sucederá a pesar de que hay pendientes de gran calado que han sido reclamados no solo por la sociedad civil, sino hasta ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los que las bancadas en el Congreso no han dado la celeridad necesaria.
Además de la legislación que está en el tintero, los legisladores también quedaron a deber una serie de nombramientos; los que menos consenso han logrado son los relacionados con los órganos que coadyuvan en el combate a la corrupción.
Nuevamente, el tema anticorrupción será uno de los más polémicos, luego de que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, entregara a los legisladores de su coalición una serie de iniciativas al respecto.
El debate no ocurrirá por las iniciativas en sí, sino porque la Oposición ha acusado que se trata de propuestas que ellos mismos ya presentaron y que el tricolor se encargó de bloquear. ¿Será que ahora sí transitarán?
Grandes pendientes
El cierre del anterior periodo de sesiones terminó con la aprobación de una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos: la Ley de Seguridad Interior.
Aunque el tema llevaba ya varios meses trabajándose en comisiones, el trámite en el pleno de ambas cámaras se concretó en dos semanas, un tiempo que otras reformas envidian.
Sin embargo, otros temas se han topado con pared desde hace meses y llegan a un momento en que pueden ser utilizadas con fines electorales.
En los últimos días del periodo anterior se aprobó la eliminación del pase automático de la PGR a la Fiscalía, pero sigue sin revisarse la autonomía a la FGR
En el tintero están todavía la segunda generación de reformas anticorrupción, entre ellas una nueva Ley de Obras, para cerrar más el margen de cometer actos ilícitos desde el gobierno.
A esto se suma la nueva iniciativa que José Antonio Meade entregó a los legisladores de los partidos de su coalición -PRI, PVEM y Nueva Alianza- para que sea impulsada a la brevedad en el Congreso para castigar los actos de corrupción.
Los congresistas hicieron también oídos sordos a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reglamentar el artículo 134 constitucional para poner reglas al gasto gubernamental en publicidad.
El máximo tribunal del país puso como límite el 30 de abril del 2018, por lo que sí o sí, esta reglamentación debe estar lista para el último día de este periodo de sesiones.
Los congresistas dejaron también para este periodo la revisión de la Ley de la Fiscalía General de la República.
Aunque en los últimos días del periodo anterior se aprobó la eliminación del pase automático de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, sigue sin revisarse a profundidad el tema para garantizarle verdadera autonomía a la FGR.
Este reclamo ha sido hecho por diferentes organizaciones sociales como parte del colectivo #FiscalíaQueSirva, que este miércoles llevarán a cabo una movilización en la Ciudad de México para exigirle al Congreso que trabajen en la verdadera autonomía de la Fiscalía.
Falta también la aprobación de la Ley para combatir el robo de hidrocarburos, que falta ser aprobada por el Senado.
La Cámara de Diputados también debe aprobar la Ley para homologar todos los registros públicos del país; aunque el Senado aprobó también en diciembre pasado la Ley de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, que regula todo el comercio electrónico y el uso de las criptomonedas en México.
Nombramientos polémicos
Además de las leyes que están pendientes en ambas cámaras del Congreso, hay nombramientos pendientes que no han transitado por las diferencias políticas de las bancadas.
El más urgente es el del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación luego de que Juan Manuel Portal terminara su periodo el 31 de diciembre pasado.
Este nombramiento se empantanó luego de que se diera a conocer que en el proceso podía ser electo alguien cercano al PRI.
En la terna que acordó la Comisión de Vigilancia de la ASF estaban Salim Arturo Orcí Magaña, quien ha sido militante del PRI y se le relaciona con Emilio Gamboa; David Rogelio Colmenares Páramo, quien coincidió con José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda; y Ángel José Trinidad Zaldívar, a quien se le llegó a vincular con Manlio Fabio Beltrones.
Los partidos de Oposición no accedieron a dar sus votos para ninguno de estos candidatos; sobre todo después de que en el periodo del anterior auditor se dieron a conocer irregularidades en el manejo de recursos públicos que hoy tienen a varios exgobernadores en prisión.
El nombramiento pendiente más urgente es el del nuevo titular de la ASF, y también el de los nuevos magistrados del TFJA, el del titular de la Fiscalía Anticorrupción y el nuevo Fiscal General
En el Senado también tienen varios nombramientos pendientes, todos ellos importantes.
Se trata de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que estarán encargados de juzgar a quienes cometan actos de corrupción.
Está pendiente también el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción; aunque la Oposición ha pedido que primero se revise la Ley de la Fiscalía General de la República y se nombre con esa nueva ley al nuevo Fiscal General.
