Proveedor a la sombra

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el grupo político que la domina se han hecho de múltiples contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que mantienen como información reservada pese a que les han traído más de 900 millones de pesos a sus arcas. 

Dada la negativa de la UdeG a transparentarlos, es la propia SCT la que informa que le otorgó cuatro contratos por servicios para el programa México Conectado, que busca ampliar el acceso a Internet en el país, por un monto global de 929 millones 553 mil 919 pesos.

Las firmas se dividen en el contrato abierto de prestación de servicios para la realización de las actividades de la Instancia Coordinadora Nacional del programa México Conectado, por 619 millones 440 mil pesos, del 1 de octubre de 2013.

Otro contrato fue por la prestación de servicios para la Segunda Etapa del programa México Conectado, y convenio modificatorio, por 289 millones 075 mil 922 pesos, del 2 de febrero de 2015 y 3 de febrero de 2016, respectivamente.

Un contrato  más por la  prestación de servicios complementarios para el mismo programa, por 20 millones 417 mil 171 pesos, del 30 de septiembre de 2015.

Y el contrato de prestación de servicios para realizar la Evaluación del Programa Presupuestario G007 denominado Supervisión inspección y verificación del Sistema Nacional e-México, por 620 mil 825 pesos, del 17 de noviembre de 2015.

Pese al volumen de estos recursos, la UdeG no rinde cuentas de su recepción ni de su destino en los apartados de transparencia, no obstante que para octubre de 2016 la SCT ya le había hecho transferencias por 773.7 millones de pesos (MDP, recurso de revisión RRA 2662/16).

La opacidad

La UdeG omite reportar esos más de 929.5 MDP que amarró con la SCT en su portal de transparencia, y tampoco los menciona de forma específica en sus presupuestos ampliados de 2015 y 2016, donde, se supone, debe plasmar los ingresos extra que concreta.

A lo más, en el presupuesto ampliado de 2013 da cuenta de solo 26.5 MDP de la SCT, y en el 2014 de otros 534 MDP, lo que suma apenas el 60 por ciento del valor total de los contratos.

En su reporte de 2013 sólo dice: “Punto 16. Que a través del comunicado no. CGADM/2800/2013 de fecha 11 de junio del presente año, la Coordinación General Administrativa informa a la Vicerrectoría los ingresos autogenerados que recibirá por la cantidad de 26 millones 588 mil 650 pesos, respecto a los servicios que se prestarán a la SCT”.

La UdeG tampoco informa de estos pagos de la SCT en la sección de su portal titulada: “Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados”, ni en lo relativo a 2015 ni 2016.

La UdeG se ha negado a transparentar los contratos y sus montos aduciendo que están reservados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fiduciario de México Conectado; ni el Instituto de Transparencia de Jalisco pudo abrir esa información de la UdeG (recurso 965/2016).

Fondos crecientes

Los recursos adicionales que ha recibido la UdeG durante el rectorado de Tonatiuh Bravo Padilla, no previstos en sus presupuestos anuales originales de 2013 a 2016, superan ya los 6 mil 850.2 MDP. Es decir, que si en esos años proyectó un gasto de 42 mil 296.9 MDP, en realidad ejerció 49 mil 147.2 MDP.

En 2013 presupuestó 8 mil 900.7 MDP, pero se hizo de otros 2 mil 600.8 MDP, con los que alcanzó los 11 mil 501.5 MDP. En 2014 proyectó inicialmente 10 mil 711.1 MDP, pero recibió otros mil 269.7 MDP, así que su bolsa total fue de 11 mil 980.9 MDP.

En 2015 presupuestó 10 mil 541 MDP, pero recibió otros 2 mil 147.3 MDP, con los que sumó 12 mil 688.4 MDP. Y finalmente, en 2016 que proyectó ingresos por 12 mil 143.9 MDP, contó con otros 832.2 MDP, amasando así 12 mil 976.2 MDP.

Juez y parte

La SCT contrató a la UdeG como Instancia Coordinadora de México Conectado sin que mediara una licitación, e igualmente la designó como evaluadora del mismo programa con una adjudicación directa, lo que la hace juez y parte.

Según la SCT, le asignó también la tarea de evaluación a la UdeG porque “comprobó que los evaluadores asignados no son parte de alguna unidad administrativa que opere el programa presupuestario al interior de la dependencia”.

Sin embargo, cuando México Conectado ha sido evaluado por voces con autonomía, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no ha salido bien calificado.

La contratación de universidades públicas por entes federales ha sido cuestionada porque suelen subcontratar a terceros, lo que ha dado pie a esquemas de triangulación.

La legislación en materia de adquisiciones sí lo permite, mientras no se rebase el 49 por ciento del monto del contrato asignado.

Es así como la UdeG pudo destinar parte de los pagos obtenidos de la SCT para crear toda una nómina de 96 personas subcontratadas, con un gasto mensual de 2.5 MDP y sueldos de hasta 61 mil 229 pesos, y donde incluyó a familiares del rector general, que publicó Reporte Indigo el 16 de agosto de 2016.