A decir de los impartidores de justicia y personal que labora en varias regiones de México, fue mínimo el avance que se registró en los foros sobre la reforma judicial. Foto: Especial

La turbulencia judicial que se avecina por la reforma de AMLO

Todo está listo para que se discuta la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Las prisas y los cambios que se proponen han provocado todo tipo de pronunciamientos de magistrados, jueces y personal del PJF

Con la inminente discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, magistrados y jueces, además de miles de funcionarios de todo el país advierten un escenario sombrío en caso de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo federal, la cual fue sometida a revisión en estas semanas.

Es así que los próximos meses serán decisivos para el Poder Judicial de la Federación (PJF) que será obligado a rendir cuentas por legisladores de San Lázaro, especialmente por la fracción parlamentaria de Morena que ha prometido una limpieza profunda de este poder y erradicar vicios que se incrustaron en los principales circuitos y juzgados del país.

A decir de los impartidores de justicia y personal que labora en varias regiones de México, fue mínimo el avance que se registró en los foros que organizó la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial, pues acusan que hubo simulación en las participaciones y no hubo un debate real para conocer los problemas de fondo del Poder Judicial.

Otra de sus principales preocupaciones recae en los escasos filtros que existirán para garantizar la imparcialidad de los futuros jueces y magistrados que se elijan mediante el voto popular, una de las principales modificaciones que plantea la propuesta que envió el Poder Ejecutivo a los diputados federales.

Sobre la discusión que se viene en San Lázaro sobre este tema, Jorge Triana, diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que la reforma judicial será un duro golpe para los trabajadores que conforman este poder de la federación.

“Indudablemente afectará a cada uno de los trabajadores del Poder Judicial, ya que se extinguirán los fideicomisos de los cuales emanan muchas de sus prestaciones laborales. Además, se prevé la desaparición de varios juzgados y salas”, lamentó Triana.

El legislador del PAN insistió que son múltiples los riesgos si los juzgadores son representantes populares, por lo que, reiteró, que estos deben seguir siendo garantes de la Constitución y, de ninguna manera, deben rendir cuentas a un electorado.

“Es esencial evitar que el titular del Consejo de la Judicatura Federal recaiga en la misma persona que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, debemos fortalecer los juicios orales, los medios alternativos de resolución de conflictos y la defensoría de oficio,” comentó.

Los dos frentes afectados

Carlos Alfredo Soto Morales, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostiene que la reforma afectará a dos clases de funcionarios públicos.

El primero, refirió en entrevista, se trata de los titulares de los tribunales, es decir, los jueces, magistrados y ministros de los distintos juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral.

“Todos estos juzgadores serán destituidos de manera masiva, sin mediar juicio alguno. Además, todas las personas juzgadoras que sean despedidas tendrán impedimento para ejercer la abogacía. Así que serán un numeroso grupo de personas a las cuales no solo se va a despedir injustamente, sino que tampoco podrán trabajar ejerciendo su profesión”.

Mientras que el segundo grupo, agregó el magistrado, serán los profesionistas de la carrera judicial que no sean titulares, como por ejemplo, los oficiales administrativos, actuarios y secretarios.

“Todos ellos, en la actualidad, ingresan al Poder Judicial de la Federación trazando un plan de vida. Saben que con estudio y dedicación pueden ir subiendo escalafones en la carrera judicial y que, en algún momento determinado, pueden participar en los concursos de oposición para llegar a ser jueces o magistrados”, sostuvo.

Por ello, el magistrado sostiene que la reforma judicial no busca perfeccionar el sistema de impartición de justicia, sino la sustitución de las actuales personas juzgadoras por nuevos jueces electos por votación popular.

Los cambios que se vienen

En el penúltimo foro de la reforma judicial que se vivió en Saltillo, Coahuila, este 6 de agosto, el diputado federal por Morena, Ignacio Mier anunció dos modificaciones a la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el legislador morenista ―que fue interrumpido por una protesta de trabajadores del PJF en el foro realizado―  el primer cambio se centra en revisar los criterios de elegibilidad de las personas juzgadoras mediante la creación de comités técnicos especializados.

En otras palabras, estos comités serían responsables de entrevistar y examinar a los candidatos con el objetivo de asegurar que los nuevos jueces y magistrados cuenten con los más altos estándares de competencia y probidad.

Mientras tanto, la segunda modificación establece un proceso escalonado o gradual de la reforma judicial, con la idea central de que los cambios  aplicados sean de manera ordenada.

¿Simulación o Parlamento Abierto?

La Cámara de Diputados celebró un total de nueve foros relacionados a la reforma judicial, el último será este 9 de agosto, de acuerdo con la solicitud que estipuló la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La idea central de estos ejercicios fue recabar opiniones de especialistas, académicos y de jueces y magistrados de todo el territorio nacional para perfeccionar la reforma que se discutirá en breve.

En el penúltimo foro de la reforma al PJF que se realizó en esta semana en Saltillo, Coahuila, trabajadores del sistema judicial interrumpieron al diputado federal de Morena, Ignacio Mier, a quien le exigieron un diálogo real y no simulado sobre este tema.

Durante los foros realizados por la Cámara de Diputados se puso sobre la mesa la posibilidad de que los jueces sean elegidos por voto popular, propuesta que desató diversas críticas, incluso de jueces de varios circuitos y ministros de la SCJN. Foto: Especial

Protestas que se han replicado en prácticamente todos los foros que se celebraron en donde impartidores de justicia de varios niveles han expresado su malestar con lo que se plantea en esta reforma y por la falta de más perfiles que den su opinión sobre esta propuesta.

Incluso, el ministro Javier Lainez Potisek recriminó que esta iniciativa presidencial busque poner en el debate político a los jueces, pues, a su consideración, jueces y magistrados deben mantenerse ajenos a la clase política y de cualquier presión de este tipo.

Hamlet García Almaguer, diputado federal y una de las principales voces de Morena en la Cámara de Diputados respecto a la reforma judicial, dio a conocer que hay voluntad de todos los involucrados para que esta elección por voto popular sea gradual. Desde la cancha legal han habido más pronunciamientos en contra que a favor de la reforma.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) reveló su preocupación recientemente por la celeridad con la que han sido convocados los foros gubernamentales que se han realizado hasta el momento y la prisa que existe para aprobar dicha iniciativa.

‘Se debe depurar de fondo el PJF’

Para Mina Moreno, abogada y periodista, del portal Justicia para Todos, es necesario que exista una depuración del PJF para que sea efectiva.

Puso como ejemplo lo que se trató de hacer en la gestión del entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar en la SCJN y que no prosperó, al señalar el cerco que impusieron jueces y magistrados para seguir con el control de plazas y el intercambio de nombramientos a cambio de favores políticos.

“La elección popular de jueces abrirá la posibilidad de acceso a abogados excelentemente capacitados que hay en el país y se dejaría esa exclusividad que han manejado por décadas sus integrantes”, precisó Moreno.

Las voces de los juzgadores

La posible aprobación de esta reforma ha generado preocupación en los 32 circuitos judiciales del país e incertidumbre en los más de 50 mil servidores públicos que conforman el Poder Judicial de la Federación, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021.

Efraín Juárez, secretario de Juzgado en Nayarit, teme lo peor en caso de que se avale esta propuesta que ha empujado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, pues está seguro que uno de los mayores retrocesos será en la carrera judicial.

Actualmente, hay un sistema de carrera escalonado. Empiezas como oficial administrativo, luego, tras algunos años puedes ascender a actuario judicial, luego ser secretario de Juzgado y, después de cinco años en ese puesto, puedes acceder a los exámenes para ser juez federal. Este sistema permite a los trabajadores comprometerse con el estudio y la dedicación a la justicia”, detalló Juárez.

Magistrados, secretarios de acuerdo y personal del PJF de todos los niveles aseguran que la iniciativa del presidente ocasionará un daño irreversible y dejará sin trabajo a miles de personas que llevan décadas al servicio de este poder. Foto: Especial

Sin embargo, el servidor público advirtió que, con un sistema de elección popular, este esquema se vería afectado, impidiendo el acceso a los puestos superiores y comprometiendo la calidad de la impartición de justicia.

Elegir jueces por voto popular llevaría a que estos jueces estén subordinados a los partidos políticos que los postulen, perdiendo así la imparcialidad necesaria. Además, se seleccionaría al más popular, no al más capacitado, lo cual es inaceptable en la justicia. Sería como elegir a los deportistas olímpicos por popularidad en lugar de por capacidad”, ejemplificó Juárez.

Sobrecarga laboral y horarios extenuantes

El secretario de Juzgado cumple una rutina a cabal: llega a su oficina todos los días a las 8 y media de la mañana e inmediatamente comienza con la revisión de correcciones de los asuntos del día anterior. Según sus palabras, llega a autorizar de 4 a 5 audiencias al día, además de firmar entre 40 y 50 acuerdos.

Su jornada llega a extenderse hasta las 23:00 horas en el que incluso tiene que laborar los fines de semana. “Es una labor hermosa pero humanamente extenuante”, explicó.

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