La tarde de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la victoria de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc tras el conflicto con Caty Monreal.
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¿Qué pasó?
Luego de las impugnaciones de Catalina Monreal, se validó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa electa en la Cuauhtémoc.
El Tribunal, así, aprobó por unanimidad la victoria debido a que no había elementos para dar trámite a las demandas.
Fue el proyecto de la magistrada Janine Otálora el que desechó las dos impugnaciones de la morenista Catalina Monreal.
Mientras que el secretario de Acuerdos indicó que se desecharon las impugnaciones de Monreal debido a que no se cumplía con los requisitos de procedencia para analizar de fondo los asuntos.
Conflicto por violencia de género
La lucha contra la violencia política de género que ha derivado en la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, “es de todas las niñas y mujeres”, aseguró en entrevista con Reporte Índigo, Caty Monreal, excandidata de la coalición Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México al gobierno de la demarcación.
“Es una lucha de todas, de las niñas que quieran hacer política en el futuro, libres de ser juzgadas, es una lucha de todas las mujeres que desean participar en política o dedicarse a ella”, sostiene la morenista.
Fue el pasado 31 de agosto, cuando el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, al determinar que Alessandra Rojo de la Vega, quien ganó los comicios del 2 de junio como abanderada de la alianza Va por la CDMX, había incurrido en violencia política de género contra Caty Monreal.
Posterior a esto, De la Vega informó que impugnaría la anulación de la elección del 2 de junio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, este tipo de violencia consiste en la acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tiene como objeto menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres, las atribuciones de su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización; así como el ejercicio de las prerrogativas en precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.
