Trincheras en Tijuana

Con el inicio de las precampañas en Baja California, arrancó la carrera para la elección del nuevo alcalde de la ciudad fronteriza más violenta del país: Tijuana.

La región que se encuentra bajo el mando del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro (quien busca la reelección), está también en la mira del teniente Julián Leyzaola Pérez, exmilitar y antiguo titular de la policía municipal en dos entidades del país asoladas por el crimen organizado.

A pesar de los problemas que enfrenta la ciudad como el ambiente de violencia y el fenómeno de la migración a gran escala, su actual edil, Juan Gastélum, es uno de los principales personajes que integran la lista del PAN para mantener su cargo para este 2019.

El alcalde ha sido señalado por diversos sectores como el responsable de la caída de la zona en cuestión financiera. De igual forma, la estrategia de seguridad del representante local ha recibido evaluaciones negativas, debido a que ciudadanos y empresarios han reclamado reiteradamente la falta de combate a la delincuencia.

En asuntos migratorios, Gastélum Buenrostro recibió en fechas recientes una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) después de las expresiones vertidas hacia personas de la Caravana Migrante, a quienes calificó como “marihuanos” y “borrachos”.

Sin embargo, aún cuando la recomendación sigue abierta, el edil reafirmó su postura y dijo que no ofrecerá disculpas al respecto.

Julián Leyzaola Pérez es otro de los contendientes fuertes para la alcaldía. Con un pasado militar y tras haberse desempeñado como extitular de las policías municipales de Tijuana y Ciudad Juárez, Chihuahua, el teniente es la carta fuerte del PRD para el próximo 2 de junio.

En 2015 Leyzaola Pérez fue víctima de un atentado en Ciudad Juárez. Tras sobrevivir a la agresión –en la cual recibió múltiples impactos de bala en la espalda y el cuello que lo dejaron paralizado de las piernas–, el exmilitar mantuvo su intención de regresar a Tijuana para “limpiarla” de los estragos que ha dejado a su paso el crimen organizado.

No obstante, las acciones de Leyzaola son reconocidas hasta la fecha por otra parte de la población tijuanense, que considera las maniobras del teniente como altamente efectivas para combatir la violencia en la región.

Zona de conflicto

Tijuana figura como una urbe medular en la dinámica económica y migratoria del país, por ello la relevancia de la decisión de su ciudadanía para designar a su nuevo presidente municipal.

Con el arranque oficial de las precampañas en la región, durante los próximos cuatro meses, los partidos políticos y actores locales tratarán de convencer a un millón 435 mil 282 habitantes que conforman –de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)– la lista nominal de la principal puerta de entrada hacia Estados Unidos desde México.

Sin embargo, la tarea no es sencilla. Tijuana se encuentra en cuestión de seguridad en su peor momento histórico, pues se mantiene como la tercera ciudad más violenta del país y en el lugar número cinco del mundo. Tan solo durante el año 2018, el conteo de homicidios se disparó, alcanzando un total de 2 mil 508 casos.

Las estadísticas de incidencia delictiva, monitoreadas por la Procuraduría General de Justicia estatal y por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecen a la par de la penetración de cárteles de droga que históricamente operan la zona; los Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa y en años recientes la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.

La problemática de la ciudad del extremo noroeste es tal que ya alcanzó al Gobierno federal, pues Tijuana será uno de los ejes de acción del nuevo operativo masivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementará a través de 17 de las regiones más violentas del país –las cuales concentran el 35 por ciento de la incidencia en homicidios al día de hoy.

Reto Permanente

El 15 de noviembre del año pasado, arribaron a Tijuana los primeros migrantes pertenecientes a la caravana centroamericana que conjuntó personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes buscaban conseguir asilo en Estados Unidos.

Este hecho trajo consigo una nueva problemática social cuando cientos de personas salieron a las calles en protestas diferenciadas contra el fenómeno migratorio; habitantes indignados ante lo que consideraron una “invasión” a su territorio exigieron al gobierno poner freno a la marcha de los centroamericanos, mientras que grupos a favor defendieron la estancia de la Caravana en la ciudad.

A pesar de que el auge inicial del flujo migratorio se desdibujó de los medios de comunicación a tres meses su instalación, los conflictos y la polarización parecen haberse quedado de forma permanente. A la fecha, el tejido social de la zona se mantiene frágil y, en época de elecciones, las propuestas que los aspirantes a los cargos de elección popular mantengan para contrarrestar esta problemática, podrían detonar nuevos escenarios de confrontación.

El contraste de opiniones entre los habitantes del municipio se presentó en uno de los peores momentos para el actual ayuntamiento, pues en cuestión financiera mantiene la deuda más alta de todo el país, con un pasivo de 2 mil 681 millones de pesos en la cuenta pública. El déficit es tal que según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), a cada habitante de la demarcación le correspondería regresar mil 512 pesos de la deuda contraída por la actual administración local.