El Tribunal de Arbitraje del Estado citó a la exempleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que denunció el acoso laboral por parte de la ombudsman Minerva Martínez Garza, pero ella nunca recurrió a esta instancia.
Martha Alicia Valdez Valenzuela recibió un citatorio para asistir el viernes pasado a las instalaciones del Tribunal, localizadas en el Edificio Elizondo Páez, para “tratar su situación laboral” en el organismo.
La defensa de la denunciante confirma a Reporte Indigo que la exproyectista de la Tercera Visitaduría General jamás hizo alguna reclamación laboral ante esta instancia, encabezada por Jesús Alberto Cerda Pérez.
“(Valdez Valenzuela) no ha metido ninguna demanda al Tribunal de Arbitraje, en consecuencia, la conciliación que se está dando no está solicitada por ella, la está haciendo el Tribunal de Arbitraje del Estado”, dice Luis Villarreal Compeán, uno de los abogados de la quejosa.
“Tradicionalmente una cita conciliatoria se envía cuando hay un procedimiento de reclamación del trabajador con el patrón por algún despido, o alguna situación de indemnización, pero el procedimiento lo inicia el trabajador”.
El representante legal informa que en la plática conciliatoria, que se llevó a cabo el pasado 12 de abril a las 13:00 horas, no asistió nadie de la CEDH.
El defensor agrega que el secretario general del Tribunal, Roberto Cázares Elizondo, encabezó la audiencia y fue quien informó que la Comisión Estatal ofrecía 400 mil pesos de indemnización.
“Nosotros le dijimos en representación de la trabajadora que analizaríamos lo que la Comisión nos propone, pero que no estábamos obligados a aceptar.
“Les cuestionamos que por qué nos citaban a conciliar, si no teníamos ninguna demanda y ellos decían que estaban actuando en base a la consignación (del dinero ofrecido)”.
Villarreal Compeán comenta que esta situación sugiere que el Tribunal acepta el despido de la exproyectista, que fue injustificado y con base en hostigamiento.
Esta exempleada ha emprendido una lucha en contra del acoso laboral que sufrió dentro de la institución protectora de los derechos humanos en Nuevo León.
Por las violaciones a sus garantías solictó la intervención de la CNDH y pidió a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal la suspensión del cargo de la ombudsman y de varios subalternos.
Los señalados, además de Martínez Garza, son: la visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz, la encargada de la Tercera Visitaduría Sylvia Guadalupe Puente Aguilar y el director jurídico Armando Augusto Reyes Becerril.
La denunciante solicitó a este órgano colegiado de la CEDH, que ejerza su facultad como contraloría interna e investigue a estas autoridades.
Según su queja, la ley le confiere al Consejo Consultivo la facultad de actuar como un órgano interno de control para fiscalizar a los funcionarios.
Su caso se suma al del exdirector de Conclusión y Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la institución, Gustavo Meraz Rodríguez, quien también sufrió del hostigamiento directo de la ombudsman de Nuevo León.
Ambos exempleados fueron incluidos al Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado.
La inclusión del organismo, con reconocida autonomía constitucional, a este programa, fue ordenado por el gobernador Rodrigo Medina, según las propias palabras de la ombudsman.
La defensa de los agraviados también ha solicitado a la CNDH que ejerza su facultad de atracción de estos casos, porque la presidenta de la Comisión Estatal está impedida de conocer de las acusaciones, dado que es la imputada.
