En un episodio inédito en la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco de los siete magistrados que integran el pleno, votaron por remover de la presidencia al magistrado José Luis Vargas Valdez y, en su lugar, designaron a Reyes Rodríguez Mondragón.
No obstante, horas después de lo sucedido, en un mensaje emitido por el propio Vargas a través del canal de YouTube del órgano que encabeza, aseguró que las acciones emprendidas por el magistrado Felipe de la Mata, y respaldadas por sus homólogos: Jeanine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante, carecen de sustento legal y constituyen “una ruptura constitucional ilegal”.
La jornada del día de ayer ha dado paso a la que es ya la peor crisis institucional por la que ha atravesado el máximo tribunal en materia electoral en sus casi 25 años de vida, y ha llevado a la división entre los magistrados a un punto de no retorno. No solo está en juego la presidencia, sino que el cisma provocado por la accidentada sesión de este miércoles pone en riesgo la permanencia de todos los miembros de la Sala Superior.
Incluso el presidente de la Junta de Coordinación del Senado de la República, Ricardo Monreal, se pronunció por la actuación inmediata de la Cámara alta y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar una crisis constitucional.
El presidente del órgano autónomo, explicó que la elección de la presidencia del TEPJF es por un periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior como forma de terminación del encargo. Por lo que solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en su caso, culminará en noviembre de 2023.
“Someter la evaluación del desempeño público de la presidencia que represento escapa a las atribuciones de este pleno, pues la rendición de cuentas se hace anualmente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
“La sesión de ayer a través de una plataforma diversa a la institucional y en la cual la magistrada Mónica Soto y yo no participamos, es nula de pleno derecho. Por otra parte, la convocatoria hecha por la magistrada Otálora y la actuación como secretario general de acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez Gracia, nombrado en dicha sesión, constituye el ejercicio ilícito de funciones conforme a los artículos 99 constitucional y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Por último, el magistrado presidente José Luis Vargas llamó al diálogo, e informó que el día de hoy convocará a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto del orden del día —en el que se pidió analizar su desempeño—, así como a sesionar para resolver los asuntos que quedaron pendientes.
“Señoras y señores, magistrados, los conmino a respetar el orden legal, las instituciones democráticas, a un diálogo franco y abierto; a honrar su compromiso con la Constitución y las leyes que de ella emanan y, sobre todo, a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral”
La revuelta en el Tribunal Electoral
Todo comenzó en la sesión pública convocada para el día de ayer por la máxima autoridad electoral, en la que al iniciar, de forma sorpresiva, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, solicitó revisar las funciones de José Luis Vargas.
“En virtud de que son atribuciones de los Magistrados electorales las que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Tribunal y que cualquier integrante del pleno puede someter a consideración de la Sala Superior propuestas adicionales a la orden del día, solicito someter a los integrantes del pleno, en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo durante la sesión de la Mata.
Argumentando que no existe fundamento legal para someter a votación la propuesta y con el respaldo de la magistrada Mónica Soto, el titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que no dejaría su cargo y dijo que no permitiría un “golpe de Estado”.
“He escuchado sus argumentos sobre una evaluación del desempeño de la presidencia, en las atribuciones que alcanzo a analizar no veo que exista esa atribución para evaluar las funciones de la presidencia.
“Quiero pedirles que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado porque no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia o pretender ocupar la posición de presidente. Ustedes me eligieron para esta posición”, manifestó Vargas.
Tras varios minutos más de discusión al respecto entre los integrantes del TEPJF, Vargas llamó a un receso, tras el cual se canceló la transmisión de manera definitiva.
Con la sesión suspendida, los cinco magistrados que solicitaron revisar el desempeño de sus funciones, firmaron una carta solicitando al presidente Vargas la reanudación inmediata de la misma, carta a la que no hubo respuesta.
Por lo tanto, Jeanine Otálora, retomó la sesión de manera externa sin la participación del presidente y de su homóloga Mónica Soto, asumiéndose como presidenta del órgano jurisdiccional por ministerio de ley, y votó la destitución de Vargas Valadez.
Problema jurídico
Respecto a esta situación, Fernando Ojesto Martínez Manzur, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en temas electorales, explica que este es un asunto muy complicado ya que no existe en la reglamentación o en la ley un supuesto sobre estas cuestiones.
“No está previsto este supuesto ni en el reglamento interno, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial y mucho menos en la Constitución. Entonces el primer problema es uno jurídico”.
Ojesto Manzur dice que si bien es cierto que existe una Comisión de Administración, la facultad para elegir al presidente del TEPJF es del pleno, por lo que opina que también deberían tener la misma facultad para removerlo.
“Salió el magistrado Vargas a decir que sería la Comisión de Administración la que tendría que evaluar su desempeño; sí desde el punto de vista administrativo, pero el presidente también tiene funciones jurisdiccionales”.
