Diversas autoridades han llamado al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) a respetar la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, pero el órgano autónomo ha hecho “oídos sordos”.
Desde la jefatura de Gobierno hasta el Congreso de la Ciudad de México lo han exhortado a conducirse con austeridad y dejar de hacer gastos excesivos.
Sin embargo, el máximo órgano garante de los derechos electorales de los capitalinos ha ignorado los exhortos.
El más reciente llamado es el que le hizo la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), instancia que en la última revisión de la Cuenta Pública, la del ejercicio 2019, encontró que el Tribunal gasta más de lo programado y con faltante de comprobaciones de gastos.
Diputados locales afirman que, ante esta situación de incumplimiento que el órgano fiscalizador de la capital evidenció, se deben trabajar reformas a la ley para evitar que la instancia electoral continúe impune y desobedeciendo las políticas de austeridad y racionalidad del gasto.
ASCM revela irregularidades en Tribunal Electoral
La indagatoria ASCM/141/19 de la máxima autoridad supervisora del gasto en la CDMX, publicada en el mes de febrero pasado en el Informe Ejecutivo de la Revisión a la Cuenta Pública 2019, audita el gasto de la partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” del TECDMX.
El documento detalla que, para dicho rubro, en el año 2019 el gasto autorizado por el TECDMX fue de 170 mil 400 pesos.
170,400
Sin embargo, en un solo contrato pagó la cantidad de 157 mil pesos para la compra garrafones de agua, suma que rebasó por 13 mil pesos el monto máximo autorizado de 144 mil pesos para el convenio. Esta fue la primera irregularidad que encontró la Auditoría, pues se hizo un gasto mayor al aprobado originalmente sin justificación.
El TECDMX en una reunión de confronta, dice la investigación, argumentó que la suma pagada fue mayor a la acordada porque no se pudo calcular con exactitud la cantidad de garrafones que se requirieron y necesitaron la adquisición de más.
157 mil
Pese a la explicación, la ASCM no modificó la observación y determinó que sí hubo un error de contabilidad.
Después, en el mismo rubro de gasto, la auditoría detectó que del total de 157 mil 300 pesos que se devengaron, el 54 por ciento (85 mil pesos), carecieron de soporte documental. Lo que significa que no hubo pruebas de cómo se invirtieron los recursos.
Por ambas cuestiones, la ASCM resolvió que el órgano autónomo incumplió con la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la capital.
“El Tribunal Electoral no atendió los artículos 51, párrafo primero; y 158, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en el ejercicio en revisión, que establecen: ‘Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma unidad responsable del gasto, serán los responsables de (…) que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan”, detalla la máxima instancia fiscalizadora de la capital.
La ASCM recomendó mejorar sus mecanismos de supervisión de gasto y también que, la unidad encargada remita a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) los informes de gasto en tiempo y en forma
Ir al otro nivel
Se necesita legislar y modificar la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones para que los servidores públicos que no respeten el marco legal sean sancionados, menciona la diputada local de Morena, Donají Olivera.
La legisladora ha presentado diversos puntos de acuerdo, durante 2019 y 2020, para exhortar al Tribunal a conducirse con austeridad; primero, por los sueldos de sus magistrados que superan al del Presidente de la República y, el segundo, por impugnar el recorte de presupuesto que se le aplicó por la pandemia.
“He insistido de manera constante, los magistrados siguen violando la ley en relación a sus sueldos”, dice.
Además, señala que, pese a la pandemia de COVID-19, el TECDMX no se ha solidarizado con la ciudadanía ni aportado recursos para su atención.
En diciembre de 2020, el TECDMX impugnó ante la Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) que el Gobierno de la Ciudad de México le haya descontado siete millones de pesos de su presupuesto para enfrentar la contingencia sanitaria y la instancia federal le dio la razón. En respuesta, el Ejecutivo capitalino impugnó ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) el fallo, pero no dictó sentencia a su favor porque las resoluciones del órgano electoral federal no son impugnables.
Olivera menciona que la Auditoría de la ASCM y el rechazo al recorte de presupuesto son muestras de que el TECDMX no respeta la ley y se necesita ir más allá de los puntos de acuerdo.
Vamos a continuar con este tema y vamos seguir con que la ley se cumpla y tenemos que ir mucho más allá, trabajar en reformas para imponer sanciones a los servidores públicos que no obedecen la ley, como en el Tribunal que se sienten intocables
