Tribunal desecha amparo de la UIF contra liberación de Lozoya por caso AgroNitrogenados

El pasado 22 de enero, un juez ordenó liberar a Lozoya, por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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Un tribunal federal determinó este miércoles desechar el amparo que interpuso la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) en contra de la resolución de una magistrada de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México resolvió que no procede el amparo promovido por la UIF contra Lozoya tras determinar que “no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”.

“No genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida, pues resulta evidente que el imputado sigue sujeto a proceso a través de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veinte.”, se lee en la sentencia.

El Tribunal también argumentó que la UIF no es titular de derechos fundamentales que se vean dañados por la posible liberación del exfuncionario, ya que es una entidad gubernamental.

“Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, se apunta en el documento.

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Por lo que si el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Penal Federal del Reclusorio Norte, decide modificar también la prisión preventiva que hay en contra de Lozoya, el exfuncionario podría recuperar su libertad, aunque este dictamen sólo es por el caso Agronitrogenados.

Asimismo, el martes la defensa de Lozoya ganó la apelación que promovió en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso en noviembre de 2021 a causa del proceso abierto en su contra por el caso Odebrecht.

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