El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García, y con sede en Reynosa, Tamaulipas, declaró que existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad que tendría como fin investigar el caso Iguala e indagar el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal rural Isidro Burgos de Ayozinapa, en Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
La orden para integrar la Comisión emanaba de una sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que consideraba que ésta podría funcionar como mecanismo ordinario para investigar el paradero de los muchachos.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se indicó en la reciente resolución.
De esta manera, se consideró que únicamente los Ministerios Públicos tienen la facultad de investigar y perseguir delitos, como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que el Tercer Tribunal actuó ante una “inusitada presión del Gobierno Federal, y aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”.
La organización solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie respecto a la decisión, ya que consideró que la dependencia tiene la última palabra.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial en el caso”, pidió el Centro.
“Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado”, concluyó el mensaje, “El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.
En días pasados, Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República, adelantó que durante su gobierno de seguirá investigando el caso Ayotzinapa.
Con este propósito, AMLO declaró que Alejandro Encinas será designado titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, desde donde se investigarán los acontecimientos de septiembre de 2014.
“Tenemos el compromiso de investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, ese es un compromiso que tenemos, tiene que haber justicia, y la subsecretaría que va a estar a cargo de Alejandro Encinas, será la que va a conducir este proceso”, afirmó López Obrador, “Se van a abrir las puertas del país, no va a haber trabas, no van a haber obstáculos para que se conozca la verdad en el caso de Ayotzinapa y se haga justicia”.
