"Me quedo sorprendida porque es una diligencia que yo entiendo, de acuerdo a mi experiencia, no deben de estar presentes los indiciados"
La ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez, es juez y parte en el proceso que se sigue en su contra por el acoso laboral a extrabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En un acto que una víctima del “bullying” considera inválido, los integrantes del Consejo Consultivo de la institución le cubrieron la espalda a la titular y a otro subalterno también señalado como copartícipe del hostigamiento.
La exproyectista Martha Alicia Valdez se presentó ante ese órgano colegiado el pasado 14 de mayo para ratificar la queja que interpuso por el acoso y la tortura laboral que dice sufrió, pero se llevó una sorpresa.
Increíble, pero cierto: la diligencia fue encabezada por la propia Minerva Martínez y conducida por el director jurídico del organismo, Armando Augusto Reyes, otro de los indiciados en las acusaciones.
Es decir, los acosadores se convirtieron en los juzgadores.
“Me quedo sorprendida porque es una diligencia que yo entiendo, de acuerdo a mi experiencia, no deben de estar presentes los indiciados”, recuerda la exempleada.
“Por otro lado veo a los consejeros tranquilamente aceptando todo lo que se está llevando a cabo dentro de la misma”.
Los integrantes del órgano que presenciaron la ratificación fueron Mercedes Jaime, Enrique Hernán Santos, Jaime Garza y Oswaldo Wendlandt.
También acudió el defensor de derechos humanos y encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEDH, Ricardo Morales, y José Alfredo Sauceda como testigo de asistencia.
El Consejo Consultivo tiene la facultad de actuar como contraloría interna y sancionar a la presidenta del organismo y a los visitadores, pero según la defensa de la quejosa, también se extiende al director jurídico.
Bajo este principio, el órgano se conforma como un tribunal que puede emitir resoluciones y, por esa razón, los acusados están impedidos de juzgar los hechos que se les imputan.
La exproyectista critica la falta de imparcialidad que los consejeros mostraron durante la ratificación de su queja y considera que con ese acto fue revictimizada.
“En esa diligencia se demuestra que ellos quieren todavía demostrarme a mí que ellos pueden más que yo y que van a hacer lo que ellos quieran, no lo que yo pida como justicia.
“Me deja a pensar y mucho a desear en relación a la función que deben realizar los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, dice.
El abogado de la exempleada, Luis Villarreal, asegura que la ratificación de la queja es nula, porque es un acto que no reunió los requisitos legales, como el quórum del Consejo Consultivo.
El pleno del órgano debe estar integrado por 10 consejeros y para sesionar se necesita un mínimo de 6. En la diligencia, sin embargo, sólo se presentaron cuatro.
Además, según el representante legal, los integrantes deben ser sustituidos cada año, pero desde el inicio de la gestión de Martínez, hace ya un lustro, no se ha cumplido esta condición.
“Ese tribunal colegiado son los consejeros y esos actualmente no pueden sesionar”, expresa Villarreal, “de origen el tribunal está viciado, por su conformación y también porque tiene una incompetencia subjetiva, hay una evidente parcialidad”.
Y recalca: “Los actos de ellos ya son nulos, ellos ya no pueden actuar, porque debió haberse hecho la renovación (del Consejo)”.
Incluso, la notificación que recibió la extrabajadora para ratificar su denuncia, fechada el pasado 29 de abril, está firmada por la propia ombudsman.
“Se me hace aberrante que la propia indiciada o acusada, sea la que me esté diciendo: ‘Mira, yo soy quien te está notificando para que vengas aquí’”, dice Villarreal.
Valdez reclamó este acto en un amparo que radica en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, encabezado por el juez Iván Millán.
Con esta demanda, la defensa pretende nulificar la ratificación que encabezó la presidenta de la CEDH.
“¿Y la sana distancia que debe de haber entre el juzgador y las partes?…
“No la encontramos”, cuestiona el representante de la exproyectista.
“Eso nos hace inferir con fundada razón, sin temor a equivocarnos, que ellos mismos les van a hacer (a los consejeros) el proyecto de resolución”.
Mientras la ombudsman encabeza la investigación que se sigue en su contra a nivel local, la CNDH integra otra indagatoria. El organismo nacional solicitó la semana pasada su comparecencia y tomó las declaraciones de otras víctimas.
