Las irregularidades del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, en las obras de remodelación en el Parque Central y Parque Bosques del Valle terminaron en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).
La diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, y del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Caballero, interpusieron el pasado miércoles una denuncia penal ante la FGR delegación Nuevo León por la presunta afectación ambiental que generaron las obras en el Parque Central.
A la queja se sumó el senador suplente del PAN, Jesús Horacio Delgadillo, el ciudadano José Musquis Zermeño y el regidor panista Ernesto Javier Chapa Calvillo.
“Ocurro a esta autoridad a efecto de presentar una denuncia penal por la afectación en la delimitación de la zona federal por el margen del arroyo El Capitán, dicha afectación consiste en actividades de impacto ambiental que dañan a dicha especie, la cual se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010”, dice la denuncia.
Además, existe otra denuncia penal presentada el pasado 3 de diciembre ante la FGNL por las dos legisladoras por delitos contra el medio ambiente cometidos por las obras en el Parque Bosques del Valle.
“Por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente. Que se configuren los delitos aplicables de los hechos narrados y se realice cuanta investigación sea necesaria para procesar y sancionar conforme a derecho a las personas anteriormente señaladas, utilizando para recabar las pruebas que se acrediten, los medios que se consideren necesarios”, dice la denuncia.
El dolor de cabeza de Treviño
La remodelación de parques públicos y la violación de derechos humanos se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos.
Las obras del Parque Bosques del Valle y Parque Central no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Modificaron el cauce natural de cañadas, violaron el Atlas de Riesgo del Estado y no respetaron sellos de clausura.
Oficios en poder de Reporte Índigo acreditan que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, confirman las irregularidades de las obras.
Estos documentos forman parte de una solicitud de contestación a las dos dependencias que interpuso la diputada del PVEM, Ivonne Bustos Paredes, junto con un ciudadano, referente a las obras de remodelación en el Parque Central y Parque Bosques del Valle.
La dependencia federal revela en su oficio PFPA/25.7/2C.28/0033-2020 que, en atención a una denuncia vecinal de San Pedro sobre las obras y actividades del Parque Central, en la zona federal correspondiente al arroyo El Capitán, no cuenta con la MIA y existe afectación en los cuerpos de agua del cauce.
“Procediéndose a imponer la medida de seguridad consistente en clausura temporal total, por no contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental para obras y/o actividades en la zona federal de cuerpos de agua competencia de la Federación, detectando que la superficie afectada por la instalación de un muro de gaviones, por parte de quienes están realizando los trabajos asciende a una superficie total de 681.50 metros cuadrados”, dice la Profepa.
Este ente federal agrega en su oficio que, además, estas no serán las únicas actuaciones, debido a que se han programado otras más en torno al mismo tema.
Mientras que el oficio con número 3123/215/2020 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable refiere que la obra de un auditorio en el Parque Bosques del Valle no cumple con los criterios del Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León.
“En relativo a que revise si la construcción de un auditorio u otra infraestructura en el parque colonia Bosques del Valle, representa incumplimiento de los criterios del Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León”, dice el oficio de Vital.
Reporte Índigo adelantó que había peticiones de la legisladora para que estas dos dependencias realizaran una inspección en la construcción de estos dos espacios públicos, por la sospecha de violar leyes ambientales.