Luego de los bloqueos y manifestaciones realizadas por el Movimiento de Transportistas Unidos en días pasados, quienes denunciaron la falta de pago de sus servicios de transportación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descartó tener algún tipo de adeudo por la adquisición de balasto, asegurando que la compra de este material corrió a cargo del Cuerpo de Ingenieros Militares.
En ese sentido, detalló que la adquisición se realizó para emplear el material en la construcción del Tren Maya, con empresas legalmente constituidas y registradas en Compranet, habiéndose realizado los pagos correspondientes.
Sin embargo, para el traslado del balasto, las empresas adquirieron de manera independiente y a su propio interés el servicio de transporte sin la intervención de la Sedena.
“Estamos pidiendo al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ que seamos escuchados”
Transportistas denuncian falta de pago por el traslado del balasto para el Tren Maya.
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— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 28, 2024
Segob instala mesa de diálogo con Transportistas Unidos
Respecto al reclamo de adeudo al pago de sus servicios, el 1 de julio de 2024, personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) implementó en la ciudad de Puebla una mesa de diálogo con dicha organización, en la que participaron representantes de la Sedena para conocer del asunto, deslindar responsabilidades y tomar acuerdos que permitan dar solución a esta problemática, enfatizando que la Sedena “no tiene adeudo alguno”.
“Con el afán de coadyuvar a encontrar una solución, la Dirección General de Ingenieros Militares contribuirá a evitar un problema que afecte a la población por bloqueos en diversas vías de comunicación y conciliará con las empresas contratantes, exhortándolas a que cubran sus adeudos”
Finalmente, Defensa Nacional reiteró su disposición para continuar transparentando los procesos de contratación y el buen ejercicio de los recursos para los proyectos prioritarios del Gobierno Federal bajo su responsabilidad, así como, dijo, contribuir en la solución de posibles controversias que se puedan generar, “siempre con estricto apego a la normatividad vigente y preocupada por el bienestar de la población”.
