La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), advierte que el traslado de 512 reos, que estaban internados en los centros penitenciarios de Cadereyta, Apodaca, Topo Chico y el Centro Único para Mujeres estaría violando los derechos de audiencia.
En un comunicado, señalan que esta acción del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, estaría violando las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Para realizar un traslado es indispensable contar con la autorización de un juez de ejecución penal, quien antes de validar la reubicación deberá respetar el derecho a audiencia de la persona privada de la libertad y escuchar las posibles razones para no realizar el traslado”, dice la organización.
Asegura que las autoridades estatales no han proporcionado información clara a los familiares de los internos que han sido trasladados, por lo que considera que este traslado no fue realizado con apego al marco jurídico.
“Estos traslados debilitan uno de los pilares del principio de reinserción social que implica el contacto permanente con la familia, preocupación específicamente relevante al considerar el traslado de 40 mujeres desde el Centro Único para Mujeres de Escobedo hasta el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en el estado de Morelos”, señala la organización.
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