El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF), cuya encargada de despacho es Gloria Bazán Villarreal, carece de protocolos para atender las necesidades de los menores de edad que se encuentran bajo custodia del Estado.
Una inspección realizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), organismo a cargo de Olga Susana Méndez, derivó en la recomendación especial número 01VG/2023.
El caso de Ángel Manuel Moreno, fallecido al interior del albergue del DIF Fabriles, demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas infantes y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Gobierno.
🔵 #ÍndigoMTY | Acontecimientos como la muerte de un menor en el DIF Fabriles, niños que se escaparon del DIF Capullos, menores de edad heridos a balazos y niñas que fueron abusadas en un jardín de niños, han encendido las alarmas en #NuevoLeón.
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Cuando personal de la Comisión inspeccionó las instalaciones del DIF, encontró que éstas no cumplían con las condiciones mínimas adecuadas para la estancia digna de niñas, niños y adolescentes, lo que constituye una afectación a los derechos humanos de los menores.
“En un plazo no mayor a un año, deberán haberse brindado, a todo el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, los cursos de sensibilización, formación y capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos”, dice la recomendación.
Tras la inspección, la CEDHNL pidió que se establezca un protocolo que se aplique al momento en el que un infante sufra una agresión verbal o física en las instalaciones del DIF.
“Que se establezca, con precisión, la forma en que debe procederse cuando una persona particular o del servicio público agreda física, verbalmente o de cualquier otra forma a una persona infante o adolescente, incluidas aquellas conductas que pudieran constituir alguna forma de maltrato o tortura”, explica la Comisión.
De acuerdo con la recomendación de la CEDHNL, el personal del DIF no está especializado, ni cuenta con un enfoque diferenciado, para brindar a las niñas, niños y adolescentes a su cargo la protección necesaria.
“Teniendo en cuenta que se trata de un grupo heterogéneo, debido a sus diferentes edades, sexo, escolaridades, origen social y posibles situaciones de discapacidad, de migración o de calle, por señalar solos algunas; o por las distintas vulnerabilidades”, refiere la recomendación.
La Comisión mencionó en sus observaciones que el DIF no ofrece cursos permanentes a las niñas, niños y adolescentes, para que a través de un lenguaje sencillo, claro y comprensible, tengan conocimiento de sus derechos humanos.
“Para que dichos cursos sean impartidos por personal de este organismo o con especialistas externos en la materia”, dice la Comisión.
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Idoneidad de los perfiles
La CEDHNL recomendó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIFNL) aplicar filtros a su personal, especialmente a los de nuevo ingreso, pues sus trabajadores no son aptos para proteger a las niñas, niños y adolescentes que están bajo la tutela del Estado.
“Para que cumplan con los perfiles idóneos para el cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes, acreditación con la cual deberán contar al menos una vez al año, no debiendo exceder dicho plazo entre una y otra.
“Lo anterior, con la finalidad de garantizar que cuenten con las capacidades y herramientas requeridas para atender debidamente y con respeto a dicho grupo de población, así como de respetar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado y resguardo del Estado”, dice la Comisión.
Ponderar a los menores
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, a cargo de Olga Susana Méndez,recomendó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIFNL) sopesar de manera adecuada las decisiones en torno a los menores de edad que se encuentran a su cargo.
“Toda decisión de la autoridad que implique una afectación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes deberá ponderarse cuidadosamente, realizándose sus contextos específicos,
“Así como los beneficios y los perjuicios, determinándose meticulosamente cuales de ellos tiene mayor peso específico”, dice la Comisión.
La decisión, invariablemente, deberá cumplir con los principios de razonabilidad y racionalidad, fundándose en la normativa nacional e internacional, motivándolos, forzosamente, en atención a la protección especial que requieren las personas infantes y adolescentes.
“A la luz de su interés superior, necesariamente, esa determinación deberá materializarse por escrito, la cual se deberá incorporar a los expedientes administrativos y/o clínicos, según corresponda”, dice la Comisión.
