El caso de la maestra Elba Esther Gordillo, quien fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero y delincuencia organizada y después liberada, se asemeja a otros en los que las instituciones de justicia no pueden demostrar la culpabilidad de supuestos delincuentes, los cuales terminan en libertad, algunos de ellos absueltos.
En el caso de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Magistrado Miguel Ángel Aguilar consideró que las pruebas ofrecidas por la PGR no acreditaban su responsabilidad en los delitos referidos.
Uno de los últimos casos, que antecedió al de la maestra, fue el de José Manuel Mireles quien fue arrestado en junio de 2014 y tras tres años de estar encarcelado fue liberado… un año después un juez consideró que no había elementos para continuar con el juicio.
La principal acusación que pesaba contra el ex líder de las autodefensas era portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
El delito por el que se le acusaba a Mireles es considerado como no grave desde el 2008 y su defensa siempre argumentó que las armas que tenía en su poder, junto con las que portaban 86 comuneros junto con los que fue detenido, les fueron proporcionadas por la propia autoridad judicial cuando decidieron conformar un grupo de autodefensas.
La acusación interpuesta por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán al final careció de sustento y un tribunal decidió dejar en libertad al doctor Mireles.
Tiempo atrás, el 9 de agosto de 2013, la noticia de la sorpresiva liberación de Rafael Caro Quintero retumbó en todo el país y, más aún, el motivo de la misma: un error en el proceso con el que fue juzgado, que a decir del Tribunal Colegiado de Guadalajara se debió realizar en el fuero común y no en el federal.
El acusado de asesinar a Enrique Camarena Salazar, ex agente de la DEA, obtuvo así su libertad tras estar encarcelado 28 años.
La Procuraduría General de la República (PGR), en ese entonces comandada por Jesús Murillo Karam, expresó su respeto a la decisión (mismo caso que con Gordillo) pero no la compartió y hasta expresó su preocupación.
Dos años después, el Segundo Tribunal Unitario en Guadalajara ordenó su recaptura para que cumpliera con el resto de su condena, la cual era de 40 años, pero hasta la fecha nada se sabe del capo.
En el mismo año de la liberación de Quintero, otro polémico caso captó la atención de la prensa nacional e internacional… La francesa Florence Cassez, quien había sido capturada en diciembre de 2005, con transmisión televisiva incluida, fue liberada gracias a un amparo el cual fue concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
El argumento para brindarle la libertad a la presunta integrante de la banda de Los Zodiaco, que se dedicaba al secuestro, fue la detección de graves violaciones al debido proceso y derechos humanos de la misma de parte de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que estaba comandada por Genaro García Luna.
Un caso más: el de Ayotzinapa, en la cual la PGR ha sido constantemente acusada de inconsistencias en la investigación y en donde cuatro de los presuntos implicados en el asesinato de 43 estudiantes normalistas fueron liberados, pues un juez federal concluyó que no existían elementos probatorios en su contra para sostener un juicio.
Actualmente la SCJN analiza el pedido de un tribunal federal de crear una “Comisión de la Verdad” en torno al caso, lo que implicaría una nueva investigación.
