El gobernador Erique Alfaro ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial desde la llamada “refundación” de Jalisco cuyo eco ha llegado hasta las esferas nacional y recibido el respaldo del presidente de la República. Aún cuando a nivel local haya tocado las fibras sensibles de la oposición y algunos aliados políticos.
“Tenemos que limpiar el Poder Judicial, tenemos que limpiar a las instituciones públicas, tenemos que hacer limpieza profunda, insisto, no limpieza cosmética, limpieza profunda. Esa es la idea de la refundación”
Por años este poder ha sido objeto de tensiones políticas importantes para los partidos en el gobierno y la oposición abriendo paso a cuotas parlamentarias desde que en 1997 se cambiara la ley para que fuera el Congreso local quien designara a los representantes del Poder Judicial.
“Vamos a ir al fondo, y el caso de Jalisco va a ser emblemático. Ustedes conocen que este poder ha tenido dueños y manipulación permanente. Esa historia llegó a su fin (…) con la reforma que se va a presentar la próxima semana para que nunca más el nombramiento de magistrados y jueces esté sujeto al manoseo de partidos y de grupos de interés (…)
“Se ha formado una mafia de corrupción que tiene a Jalisco en una condición complicada que hace difícil la búsqueda de la paz. Vamos a revisar todo, no sólo el trabajo del Poder Judicial, sino de la Fiscalía, la actuación de los policías”, declaró Alfaro Ramírez ante su designación como líder de una mesa que combatirá la corrupción judicial ante la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Y es que cada designación de magistrados se convirtió en moneda de cambio para las fracciones parlamentarias, al menos locales, donde cada periodo se turnaban los nombramientos según el partido al que le correspondiera imponer a su candidato, entrando en el juego partidos como el PRI y el PAN
También entraban figuras fuera del contexto partidista, como el Grupo de la Universidad de Guadalajara, a través de su control del PRD y por diputados locales de otras siglas incluidos en este grupo político comandado por el exrector Raúl Padilla López. Además de que la UdeG ha sido el alma mater de un grueso de los integrantes del Poder Judicial a lo largo de la historia de la entidad.
En ese sentido ha llamado la atención la agenda local planteada por Enrique Alfaro en los últimos meses, de una clara confrontación a las cuotas y grupos que se han ido formando al interior del Poder Judicial, que tuvo respuesta de una de las figuras centrales del Grupo UdeG, el diputado local Enrique Velázquez González.
“¿De verdad estaría el gobernador dispuesto a pelearse con sus aliados de PAN, PRD, PRI para obligarlos a sacar las manos del Poder Judicial? ¿Estaría dispuesto a enfrentarse al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y a su padre el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, quienes dejaron sembrado de obstáculos el Poder Judicial de Jalisco?”, escribió el analista Pedro Mellado.
La lucha contra el Poder Judicial desde el planteamiento de la corrupción fue uno de sus discursos centrales en las pasadas elecciones que lo llevaron a la gubernatura de Jalisco, donde se comprometió a llevar a cabo una ‘limpieza completa’ del Poder Judicial, uno de los más opacos según la opinión de analistas y la percepción ciudadana
Entonces el compromiso era por cambiar al grueso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, modificar la normativa para nombrarlos y transparentar los procesos de dicho poder público.
Corrupción en la mira
Análisis nacionales y locales dan muestra de la percepción de corrupción que empaña la labor judicial en Jalisco.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en esta entidad el 74.6 por ciento de la población cree que los jueces y magistrados cometen con mucha frecuencia actos de corrupción
Además de que jueces y magistrados aparecen como los actores más bajos en cuanto a percepción de confianza por parte de la sociedad, según la misma encuesta nacional, donde en Jalisco la población que dijo tener mucha o algo de confianza. En éstos fue de apenas 35.6 por ciento.
Mientras que en lo local se ha evidenciado, según la más reciente encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que ocho de cada 10 ciudadanos desconfían del Poder Judicial por sus altos niveles de corrupción.
Esta percepción también tiene su fundamento en los pocos casos donde hay una clara impartición de la justicia. La plataforma LAB Justica publicó que Jalisco está en el último lugar nacional en esta materia, donde solo el 0.67 por ciento de los casos en manos de un juez o magistrado tiene posibilidades de ser resuelto.
Termómetro contra ‘delincuentes’
Enrique Alfaro ha lanzado un duro discurso contra el Poder Judicial e incluso ha declarado que publicará los nombres de jueces que dejen fuera a delincuentes, casos que han servido como termómetro de corrupción para el mandatario estatal.
“No se vale que los jueces que están dejando en libertad a los delincuentes permanezcan en el anonimato, los vamos a hacer públicos, los voy a hacer público”, advirtió en una entrevista local.
A pesar de los problemas que esto le pueda atraer con algunos aliados como el PAN, el PRD y el Grupo UdeG que le llevaron a tener una alianza mayoritaria en el Congreso, Enrique Alfaro se ha respaldado en la federación y el espaldarazo del presidente López Obrador, quien lo designó como cabeza de esta lucha de combate a la corrupción
Incluso el gobernador ha dicho que contará con la colaboración de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo esta tarea, al menos en lo concerniente al plano local, donde ya tuvo conversaciones con el fiscal Alejandro Gertz.
“La respuesta que me dio es que vamos a diseñar la estrategia para que quien esté torciendo la ley para generar impunidad o para hacer negocios paguen las consecuencias de sus actos. Espero que haya un posicionamiento de apoyo del Poder Judicial, no es contra el Poder Judicial, no es generalizar, pero aquellos que no han entendido el mensaje necesitamos ponerles un alto contundente”, refirió Alfaro Ramírez sobre el apoyo de la FGR.
