Luego de 15 años en prisión sin recibir sentencia, este martes 25 de junio, Brenda Quevedo, acusada de participar en el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005, fue trasladada a su casa.
Aunque la mujer no fue exonerada de los cargos en su contra, un juez determinó que podía seguir el proceso desde su hogar, considerando excesivo el tiempo que había pasado presa sin ser sentenciada.
Brenda, de 41 años de edad, fue trasladada desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 en Morelos hasta su domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria.
De esta manera, la acusada deberá permanecer en casa con un brazalete que monitoree en tiempo real su ubicación. Además, tiene prohibido salir de la Ciudad de México y del país sin autorización judicial.
Es relevante mencionar que, hasta el momento, Brenda ha sido la única de las seis personas acusadas en el caso que ha obtenido la prisión domiciliaria, lo que podría sentar un precedente en este caso que ha generado tanta polémica durante los últimos 19 años, pues nunca fueron hallados los restos de Hugo Alberto.
La detención de Brenda Quevedo y las acusaciones de tortura
Quevedo fue detenida en noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, por su presunta implicación en el caso y está acusada de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en modalidad de secuestro.
Fue hasta septiembre de 2009 que la acusada fue extraditada a México, donde ha estado presa en tres penales: Santiaguito en el Estado de México, el penal de las Islas Marías y el Cefereso 16 en Morelos.
Brenda ha denunciado haber declarado bajo tortura física y sexual, la cual habría sido consentida por las autoridades de aquel momento, cuando el país era gobernado por Felipe Calderón, quien era cercano a Isabel Miranda de Wallace, la activista y madre de Hugo Alberto.
En septiembre de 2020, la ONU emitió una opinión a favor de la libertad de Brenda Quevedo debido a su prolongada prisión preventiva y a las presuntas violaciones de sus derechos humanos.
Las contradicciones del Caso Wallace
La versión oficial relata que el 11 de julio de 2005, Hugo Alberto fue al cine en Plaza Universidad en la Ciudad de México acompañado por Juana Hilda González, quien luego lo llevó a su casa.
En ese lugar, Hugo Alberto habría sido recibido por otras cinco personas que intentaron secuestrarlo, lo que supuestamente le causó un paro cardiaco. A pesar de ello, le habrían tomado fotografías para exigir rescate a su familia y su cuerpo habría sido desmembrado con una sierra eléctrica.
Sin embargo, periodistas como Guadalupe Lizárraga y Ricardo Raphael han publicado investigaciones que ponen en duda toda la construcción del caso, así como el papel de Isabel Miranda de Wallace y las autoridades del gobierno panista de la época.
Ricardo Raphael ha destacado varias contradicciones en el caso y ha presentado registros de supuestas llamadas realizadas por Hugo Alberto dos años después de su desaparición para comunicarse con Claudia Muñoz, madre de su segunda hija.
El periodista sugiere la posibilidad de que todo haya sido una construcción respaldada por las autoridades panistas de ese momento. La única evidencia que respalda la versión de la desmembración de Hugo Alberto es una pequeña cantidad de sangre encontrada seis meses después del presunto acto, junto con una licencia de conducir vencida a nombre de Hugo Alberto.
Los análisis genéticos mostraron que la sangre coincidía con los perfiles genéticos de Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien, según Ricardo Raphael, no es el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Esta situación indica que Hugo Alberto no sería Wallace Miranda, sino León Miranda, lo que añade más confusión al caso y lo mantiene vigente 19 años después de los hechos.
El papel de Isabel Miranda de Wallace
Isabel Miranda de Wallace se convirtió en la principal activista contra la inseguridad durante el sexenio de Calderón, liderando la organización Alto al Secuestro y encabezando personalmente las investigaciones sobre el caso de su hijo. En diciembre de 2010, fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos por parte de Felipe Calderón.
Ella sostiene que su hijo fue secuestrado y asesinado, y ha acusado a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Ricardo Raphael de perseguirla políticamente para desacreditar su trabajo.
Miranda de Wallace también ha señalado al ministro en retiro Arturo Zaldívar de influir para perjudicarla en el caso y facilitar que Brenda Quevedo obtenga la prisión domiciliaria.
De las seis personas detenidas por el caso, cuatro ya cuentan con sentencia. Sin embargo, varios de los acusados han denunciado haber declarado bajo tortura y amenazas.
