Parece que es un hecho que las tarifas de transporte público subirán en Nuevo León. Aunque el gobernador Jaime Rodríguez ha esperado el momento para hacer el anuncio de manera oficial, ya planea algunas alternativas para mitigar el incremento.
Sobre la mesa están varias propuestas: otorgar subsidios federales y estatales para aminorar costos de operación, apoyos sobre los montos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que tiene el diésel, usar el Fondo de Hidrocarburos y hasta hacer reducciones del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).
“He hablado con el presidente para ver el tema del IEPS. Se está tratando de sacar una plática con el secretario de Hacienda para que yo pueda buscar ese acuerdo con el Gobierno federal y que en el tema del transporte público, exclusivamente en el transporte público, tengamos alguna consideración en el IEPS. Vamos a ver el término de los costos, creo que podemos, para no agredir al usuario, utilizar también parte del Fondo de Hidrocarburos”, dijo “El Bronco” el miércoles 16 de enero en rueda de prensa.
En septiembre, Rodríguez Calderón ya había dicho que el aumento en las tarifas de transporte urbano respondía al aumento del IEPS en el diésel.
“El Bronco” busca una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para tener consideraciones en el IEPS
Un subsidio como una alternativa al alza en la tarifa del transporte provendría, de todos modos, de los ciudadanos, ya que ese dinero saldría del pago de impuestos. De manera que los propios transportistas tendrán que presentar otras alternativas en los próximos días.
La líder del colectivo Únete Pueblo, Rocío Montalvo, dijo que está a favor de otorgar subsidios federales y estatales a los empresarios del transporte, con la condición de que se comprometan a mejorar las unidades.
Pese a que el gobierno de Jaime Rodríguez ha hablado de otorgar subsidios no ha mencionado los acuerdos o compromisos que tendrían que asumir los transportistas, por ejemplo: invertir en más unidades, actualizar las ya existentes, mejorar la seguridad de los usuarios y fijar montos, plazos y fechas requeridos.
El sistema de transporte público ha prestado, por años, un servicio deficiente en cuanto a seguridad y la infraestructura, pues no cumple con la frecuencia de paso de los camiones y mantiene unidades con más de 10 años de antigüedad.
Cifras de la organización de la sociedad civil Únete Pueblo señalan que se han renovado mil 500 unidades cuando se debieron cambiar 2 mil 253. Además hay un déficit de 723 autobuses urbanos.
“Ha ido aumentado esta deficiencia en los tiempos de frecuencia de paso, y los transportistas nos dijeron que si no hay un aumento en la tarifa, esto podrá mantenerse”, dijo Rocío Montalvo, dirigente de esta organización, en entrevista con Reporte Índigo.
La activista resalta la importancia de renovar camiones pero menciona que su preocupación es que los transportistas debieron manifestar sus necesidades antes de la asignación del presupuesto 2019 para que en ese tema también participara el Congreso local.
“Hoy en día están circulando camiones modelos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y nos dicen que les falta dinero. Hay un acta de sesión del 2013, se hacen compromisos para modernizar y el problema siempre ha estado igual”, afirma la líder
La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable se ha convertido en letra muerta en Nuevo León, pues los concesionarios no han cumplido con la obligación de modernizar los camiones.
“El servicio de transporte únicamente podrá prestarse en autobuses y vehículos que cumplan con las especificaciones y modelos de fabricación que se determinen en el reglamento, sin exceder las siguientes antigüedades para cada uno de los servicios: urbano por 10 años, suburbano 15 años, regional 15 años; especializado 15 años; y de alquiler ocho años”, dice el artículo 29.
El artículo 58 de la Ley Estatal del Transporte de Nuevo León, por otra parte, insta a los concesionarios a prestar un servicio en las mejores condiciones en beneficio de los usuarios.
“Respetar las tarifas, itinerarios, paradas, horarios, frecuencias de paso y demás elementos y condiciones establecidos por la concesión, permiso o por la Agencia, mantener en buen estado mecánico, eléctrico, de seguridad, higiene y limpieza sus vehículos en operación”, advierte.
ASE exhibe irregularidades
El subsidio del “Bono Preferente” entregado a los ciudadanos más necesitados, a través de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público, presenta irregularidades.
Un total de 45 millones 362 mil 665 pesos no fueron solventados durante el ejercicio 2017 por este ente, más otros 13 millones en el periodo 2016, revela la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el análisis de estas cuentas públicas.
El dinero fue entregado con recargas de la tarjeta preferente a personas que no reunían los requisitos para este apoyo.
Este programa fue creado sólo para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas, quienes reciben 300 pesos en la tarjeta preferente.
“En los archivos electrónicos de dispersión de los meses de enero a diciembre de 2017, se indica que se realizaron recargas a favor de personas que no reúnen los requisitos para ser sujetos del apoyo”, dice el órgano fiscalizador
Además, la Auditoría detectó que se entregó este beneficio a estudiantes que no cursan el nivel medio superior, en contra a lo establecido en la cláusula Quinta, inciso A, fracción III de las Reglas de Operación del “Bono Preferente”
El informe detectó a estudiantes que no se encuentran inscritos en alguna de las instituciones públicas de educación media superior que recibirán este apoyo.
Los alumnos beneficiados fueron de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) con 344 recargas por un total de 103 mil 200 pesos y de la Universidad de Monterrey (UDEM) con mil 342 recargas por un total de 402 mil 600 pesos.
El subsidio es la manera más fácil de salir de la controversia generada por el incremento de la tarifa del transporte urbano, que se ha arrastrado desde el mes de septiembre, pero no se resuelve el problema del buen servicio de fondo.
Además, este apoyo puede prestarse a malos manejos en la Agencia Estatal del Transporte, que encabeza Jorge Longoria.
