Hoy más que nunca, el acceso a la información y la transparencia es fundamental para la sociedad mexicana.
En el contexto de la pandemia del Covid-19, conocer las estadísticas que la Secretaría de Salud federal (Ssa) o las autoridades locales publican, las medidas de protección para contener el número de contagios en el país o los datos que surgen de contrataciones gubernamentales con privados para la compra de insumos, se convirtió en parte del quehacer diario de la población.
La Federación y 16 entidades no han hecho públicos sus planes para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas
Sin embargo, aunque los gobiernos federal y estatales divulgan una gran cantidad de información, todavía existen vacíos que no permiten conocer el panorama real de la problemática y todas las acciones que la autoridad realiza.
El acceso a la información es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana en su artículo sexto y en las leyes de transparencia. Gracias a estas normas, cualquier ciudadano puede cuestionar a todos los niveles de gobierno y fiscalizar el ejercicio de sus funciones.
Este principio también obliga al Estado a transparentar el uso de los recursos públicos y las actividades que realiza, y a hacerlo de manera asequible para facilitar su consulta.
Debate abierto
Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, asegura que el tema de rendición de cuentas y acceso a la información es todavía un debate abierto no solo en México sino a nivel internacional.
El especialista explica que en la actual coyuntura de la pandemia, los países se inclinan hacia dos polos: el de la apertura informativa –como lo hace Corea del Sur– y el de la cerrazón –por ejemplo China –.
“Considero que México está, de arranque, más inclinado hacia la apertura pero eso lo puede perder muy rápidamente. En la Secretaría de Salud federal, sobre todo la subsecretaría que encabeza Hugo López-Gatell, se ve que hay esta atención. Empezaron sin compartir las metodologías, los factores de expansión; había cierta reticencia al principio, pero por fortuna se ha ido moviendo hacia los datos abiertos”, expone.
En contraste, Bohórquez enfatiza que en materia de convenios para la obtención de insumos la práctica es contraria, pues falta que el Gobierno federal ofrezca la información completa y a tiempo.
No hay la misma apertura en la parte de contrataciones. Se mencionan, se anuncian, pero has visto que estamos insistiendo mucho que en un solo micrositio se deberían de tener los dos planos. Ahí se ve que México está más inclinado hacia el esquema de la cerrazón
Con respecto al desempeño de las 32 entidades de la República en materia de transparencia, la organización Tojil en conjunto con Transparencia Mexicana realizaron un análisis sobre las plataformas en las que los gobiernos estatales difunden información relacionada con el Covid-19 y su avance.
Entre las conclusiones a las que llegaron se indica que los gobiernos de Campeche, Tabasco, Chihuahua y Nayarit no publican medidas de cuidados preventivos para la población que presente síntomas de coronavirus en sus sitios oficiales. En el caso de Tlaxcala, destacan que carece de una línea de atención para la ciudadanía.
Ambas organizaciones de la sociedad civil también denuncian que a pesar de que la cuarentena inició desde hace más de un mes, el Gobierno federal y 16 entidades no han hecho públicos sus planes para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas.
“La información oficial oportuna y confiable es central para enfrentar la pandemia y la desinformación asociada”, sostuvieron Transparencia Mexicana y Tojil, como parte de su mecanismo para exigir la rendición de cuentas gubernamental llamado #SusanaVigilancia.
Transparencia, Herramienta ciudadana
En el foro “Derecho a la información en México frente al Covid-19”, organizado por el Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados, especialistas en el tema de transparencia dieron su punto de vista sobre el panorama actual del país.
En este encuentro virtual participaron María Amaparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex; Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, entre otros ponentes.
Las conclusiones finales de este foro fueron que se requiere mayor control sobre la información que ofrece el Gobierno federal y la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar la discrecionalidad en las compras directas, entre otras.
En entrevista, Marcela Torres Peimbert, diputada del PAN, afirma que si algo caracteriza a la Cuarta Transformación es el retroceso en cuestiones de rendición de cuentas y resalta que el acceso a la información será crucial para enfrentar la pandemia.
Hay que recalcar que el derecho a la información es un derecho humano. A partir de que inició este gobierno empezó a violarse o no respetarse de manera gradual, a través de cierres como la clasificación de mucha información como reservada o confidencial; ahora en esta crisis, producida por el coronavirus, es más notable la desinformación y la mala información
Al interior del foro realizado ayer de manera remota, usuarios activos dentro de la videoconferencia gritaron groserías hacia los ponentes y mostraron imágenes obscenas. Este acto fue interpretado por los legisladores del PAN como un boicot dirigido desde el Gobierno federal.
En otras mesas organizadas por diputados durante la cuarentena por el Covid-19 también se suscitaron actos similares, es el caso del encuentro “Economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria”, realizado el miércoles 8 de abril y encabezado por la diputada Martha Tagle, en el cual usuarios mostraron imágenes pornográficas mientras se llevaba a cabo el debate.
